El proyecto de ley sobre “falsas denuncias”, que ya cuenta con dictamen favorable en comisión en el Senado, avanza en medio de fuertes cuestionamientos de organismos de derechos humanos, espacios feministas y sectores del ámbito judicial. La iniciativa de Carolina Losada suma rechazos, en este caso de la Federación Judicial Argentina (FJA), que denunció que pretende “silenciar las voces de las víctimas de violencia, disciplinar a las y los profesionales que sostienen y avalan la prueba en los procesos judiciales y perpetuar el ejercicio de las violencias de género”.
La entidad que lidera Matías Fachal cargó contra la propuesta de Losada, que cuenta con apoyo de Juntos por el Cambio, y propone endurecer las penas previstas en el Código Penal, llevándolas hasta los seis años de prisión en casos vinculados a violencia de género, abuso sexual o situaciones que involucren a menores. “El proyecto de ‘falsas denuncias’ busca disciplinar y silenciar a quienes denuncian, en particular a mujeres, diversidades y niñeces que atraviesan situaciones de violencia”, sostuvo la FJA. En el mismo sentido, señalaron que la iniciativa forma parte de “una nueva ola de backlash judicial” que intenta revertir conquistas en materia de derechos humanos y acceso a la Justicia.
El backlash judicial, o efecto rebote, es una reacción adversa o contragolpe organizado contra avances en derechos, manifestándose como resistencia estructural en contextos de género e infancia. Se caracteriza por estrategias que buscan deslegitimar denuncias de violencia y proteger a los agresores, incluyendo el uso de teorías desautorizadas como el síndrome de alienación parental
Bajos porcentajes
Según datos de ONU Mujeres que fueron reflejados por la FJA, las denuncias falsas representan menos del 1 por ciento de las denuncias realizadas. Sin embargo, este proyecto de ley pretende “instalar la idea que se trata de una práctica generalizada invisibilizando que todos los días se tramitan miles de causas reales de violencia de género y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes que no se dan a conocer públicamente”.
“Este discurso se viene instalando desde hace tiempo en los medios de comunicación haciendo base para que este proyecto de ley encuentre un falso sustento”, dijo la entidad, que cargó contra “la obsesión por instalar la idea de las ‘falsas denuncias’ funciona a la vez como estrategia de descrédito, desplaza el foco de la necesidad de protección sobre las víctimas hacia la sospecha hacia ellas y convierte a las y los profesionales en blanco de persecución”.
Consecuencias
En esa línea, la FJA alertó sobre las consecuencias concretas que podría tener la eventual aprobación de la ley: “El efecto será claramente disuasorio: muchas personas dejarán de denunciar por miedo a ser perseguidas penalmente si no logran probar los hechos”. Y concluyeron que la iniciativa “atenta contra el derecho de acceso a la Justicia y consolida un escenario de retroceso en materia de políticas de género y derechos humanos”.
“Todos los días hay mujeres, niños, niñas y adolescentes violentados, abusados y asesinados cuyas historias de vida no salen a diario en los medios masivos de comunicación. Todos los días llegan personas que piden atención, acompañamiento y acceso a la justicia notándose un incremento exponencial en los últimos años”, aseguró el comunicado de la entidad judicial. Ante ello, la respuesta del Estado Nacional “es negacionista de esta realidad y por consecuencia sus políticas son tendientes a desfinanciar la protección, vaciar los programas estatales de atención, disminuir las plantas profesionales, sin mejoras en salarios, alejando a las y los profesionales más capacitados y sin garantizar el cuidado necesario para quienes sostienen prácticas éticas en condiciones de precarización y desgaste”.