En la capital de Paraguay, los integrantes del MERCOSUR firmaron el acuerdo comercial con la Unión Europea, luego de un proceso histórico que lleva 20 años de discusiones, y que el fin de semana dio un paso fundamental para su puesta en marcha. Los presidentes de los países de la región, con sus posturas divergentes, ponderaron el avance, en una ceremonia que tuvo lugar en el Teatro San José de Flores del Banco Central de Paraguay, el mismo sitio donde en 1991 se fundó la alianza comercial local. El presidente argentino, Javier Milei, participó de la cumbre, y anunció que enviará el documento al Congreso de la Nación, para sea debatido en las sesiones extraordinarias. El presidente argentino celebró el convenio, y evitó aplaudir las menciones elogiosas de Santiago Peña hacia Lula da Silva, como destacó la prensa presente. Desde que se anunció el acercamiento final entre los bloques económicos, en el país surgieron voces críticas por el impacto que tendrá en varis rubros de la actividad argentina. Una de ellas es la industria, que en un contexto de enormes dificultades por el modelo libertario, ahora debe afrontar la llegada de productos manufacturados de los países europeos, lo que se adelanta será un problema. Así lo afirmaron varias entidades, tanto empresariales –en especial pymes –como gremiales, que piden “herramientas” para proteger el trabajo argentino. Del otro lado, patronales rurales y de grandes firmas aplaudieron convenio conseguido.
La reciente firma del acuerdo entre la Unión Europea y el MERCOSUR generó expectativa sobre el comercio internacional y la competitividad de la Argentina. Desde que se anunció el avance luego de 20 años de discusión, los gremios del país se opusieron a la implementación, como la CGT que aseguró que “pondría a la industria y a la producción agropecuaria argentina en un lugar de extrema vulnerabilidad”, y las dos fracciones de la CTA, que de forma conjunta pidieron “estudios de impacto que expresen los beneficios y perjuicios de un acuerdo de asociación de tal envergadura”. El temor apunta al sector industrial y productivo. “Desde un principio, nosotros vimos en el acuerdo del MERCOSUR con la Unión Europea la principal debilidad el tema industrial”, sostuvo al respecto del rechazo gremio el titular de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FeTIA), Pedro Wasiejko.
En diálogo con Data Gremial el dirigente remarcó que “necesitamos tener un mecanismo para proteger el aparato industrial argentino y del MERCOSUR con respecto al europeo, porque todos los análisis indican que el convenio va a tener en el sector industrial un impacto negativo”. Según la mirada de FeTIA, en el acuerdo que se discutirá “no hay herramienta para lograr esa protección del entramado productivo, por lo menos durante un tiempo”.
Incluso algunas entidades empresariales se oponen al acuerdo. Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtió que el acuerdo comercial “puede transformarse en un fuerte golpe para la producción nacional si el país no define antes una estrategia integral para fortalecer a las pequeñas y medianas industrias”. Según la entidad, sin un plan de competitividad que permita a las fábricas enfrentar la apertura de mercados, la profundización de la crisis actual será inevitable.
En estos días, IPA estimó que, en ese escenario, “podrían desaparecer dos de cada diez establecimientos fabriles, lo que agravaría la pérdida de empleo y el proceso de desindustrialización”.
Frente a ese panorama, el reclamó la “inmediata conformación” de una mesa de trabajo entre el Estado, las cámaras empresarias y el sector productivo para delinear políticas que permitan aprovechar las oportunidades del tratado en lugar de quedar expuestos a una competencia desigual.
La postura de la entidad fue dada a conocer a través de un informe del Observatorio IPA, donde se sostiene que los países europeos avanzan en planes para incentivar la exportación de manufacturas y asegurar la importación de materias primas. Ese esquema “amenaza de manera directa al empleo local y a la capacidad de producción del país”.
Postura empresarial
En tanto, las principales cámaras empresariales argentinas celebraron el acuerdo de los bloques económicos, pese a los reparos de los gremios. El pacto, considerado “un hito histórico”, fue calificado como “una oportunidad estratégica que brinda previsibilidad de largo plazo y fortalece la integración comercial y productiva entre ambos bloques”.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) lo definió como “un día clave para nuestra Argentina y la región”. En un comunicado destacó que el acuerdo “abre una oportunidad concreta de escala, diversificación y mayor valor agregado” para el sector agroindustrial. Detalló beneficios concretos: el 99 por ciento de las exportaciones agroindustriales del MERCOSUR accederá a ventajas comerciales; el 70 por ciento ingresará sin arancel desde el inicio; el 14 por ciento con desgravación gradual en tres, siete o diez años; y el 15 por ciento mediante cuotas con arancel reducido o cero. “Todo esto otorga previsibilidad fundamental para inversión, certificaciones y planificación productiva”, enfatizó la entidad ruralista.
En tanto, las Bolsas de Comercio y Cereales consideraron el tratado “un paso significativo en el proceso de integración y cooperación” entre bloques. Subrayaron su relevancia para el entramado logístico y portuario argentino, clave para acompañar una mayor inserción del país en los flujos del comercio internacional. Por su parte, la Unión Industrial Argentina (UIA) lo vio como “una oportunidad estratégica para fortalecer la relación de la Argentina con el mundo productivo”, generando un marco favorable para inversiones, incorporación de tecnología y expansión comercial en condiciones previsibles.
El Grupo de los 6 —integrado por la Asociación de Bancos de la Argentina (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la SRA y la UIA— afirmó que, en un marco justo y competitivo, el acuerdo “será beneficioso para el desarrollo de las naciones involucradas y sus habitantes”.
Otros aspectos
El documento que inicia el proceso final de aprobación fue rubricado por los cancilleres del bloque sudamericano y las máximas autoridades europeas. Entre otras cosas, el acuerdo eliminará aranceles para una vasta gama de productos industriales y agrícolas, facilitando el intercambio entre las dos regiones.
Los líderes europeos destacaron que el pacto busca apuntalar la seguridad económica mutua frente a la inestabilidad global. Además del tema de la producción, Wasiejko marcó que otras cuestiones que necesitan revisar el MERCOSUR “en la cuestión de la propiedad intelectual, que requiere al menos 15 años, y las compras gubernamentales, entre otras cuestiones”. Sobre el primer tema, entidades vienen alertando sobre el impacto que tendrá en el acceso a medicamentos y vacunas, por ejemplo.
En su momento, la Fundación GEP aseguró que “las modificaciones en materia de propiedad intelectual que exige la Unión Europea tendrán consecuencias devastadoras para la salud de los latinoamericanos. Durante las diferentes rondas de negociación, la UE intentó imponer un capítulo de propiedad intelectual que contiene medidas ADPIC plus, o sea más estrictas que las firmadas en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.
La principal objeción apunta a la extensión del plazo de patentes farmacéuticas más allá de los 20 años que dicta el Acuerdo ADPIC de la OMC, como así mismo la generación de otros derechos exclusivos a través de la adopción de la “protección de datos de prueba” sobre información de estudios pre-clínicos y clínicos utilizados para el registro sanitario de productos farmacéuticos son algunas de las medidas que integran la pretensión de la Unión Europea.
En 2016, Fundación GEP realizó un estudio de impacto que analiza las consecuencias directas e inmediatas que las medidas ADPIC Plus de este tratado tendrían para la salud de las personas que viven con VIH y hepatitis virales en Argentina. El estudio generó evidencias sobre “el aumento exponencial en el precio de la canasta de antirretrovirales lo que afectará gravemente el presupuesto de la Dirección Nacional de Sida, Hepatitis virales e ITS poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos”.