Las versiones que circularon esta semana sobre la intención del gobierno nacional de implementar un “salario único garantizado”, encendió las alarmas sindicales. Es que este mecanismo, una especie de piso de ingresos por convenio que eliminaría las categorías y otros ítems de los acuerdos, en los hechos funciona como un nuevo techo salarial, en este caso una formalizado por los acuerdos. El actual, que ronda entre el 1-2 por ciento mensual, fue impuesto por el Ministerio de Economía –en clara confirmación de que el sueldo es el ancla inflacionaria en el modelo libertario –y ejecutado por la secretaría de trabajo, a través de la no homologación de cifras por encima del límite.
Las consecuencias de estos techos –e actual y el futuro –pueden verse a las clara, incluyendo el aumento del pluriempleo y el endeudamiento. En este sentido, un reciente informe aseguró que negociaciones las negociaciones paritarias “quedaron encorsetadas por los techos salariales”, y trajeron como consecuencias bajas en los ingresos, tanto en el sector privado como el público, pese a la baja de la inflación, lo que es un síntoma que el modelo “no funciona”. El mismo reporte alertó sobre el desplome de consumo de productos masivos y básicos. Qué pasó con la tasa de desocupación, que no se mueve bruscamente pero empieza a preocupar por el auge de la precarización.
El informe del Centro CIFRA de la CTA de los Trabajadores pone el foco en el impacto de las estrategias libertarias respecto a las negociaciones colectivas, y la forma que impacta en el poder de compra de los sueldos. Según el reporte, al que tuvo acceso Data Gremial, los resultados de la negociación colectiva “aunque muy heterogéneos resultan incluso más negativos”. Estas negociaciones quedaron encorsetadas por los techos salariales que busca imponer el gobierno, mientras las herramientas sindicales se vieron debilitadas por las reformas laborales implementadas”, analizó la entidad.
Por esto, los salarios reales de convenio vienen sufriendo “un proceso casi ininterrumpido de deterioro en su poder adquisitivo en el último año y medio, y en junio de este año se ubican 6,5 por ciento por debajo del nivel de noviembre de 2023”. Así, pese a una ligera suba reciente, los salarios registrados continúan lejos de recuperar la caída de poder de compra que sufrieron durante toda la gestión: “En junio de 2026 los salarios reales quedaron 8,2 por ciento por debajo del nivel de noviembre de 2023”.
Esta pérdida hace que los gremios presionen para romper con este techo que se impone desde el gobierno nacional, y que se viene arrastrando desde hace meses, lo que genera una acumulación que se busca recuperar. “La única manera de garantizar un salario que se acerque a la realidad cotidiana es un aumento de emergencia, condonar la deuda de 6 millones de compatriotas que se endeudaron para comer y distribuir de otra manera el presupuesto”, dijo Rubén Ruiz, titular de la Asociación del Personal Jerárquico del Gas (AJP-Gas). El gremio es parte del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que viene reclamando por un salario mínimo que cumplan su real función, que es llegar a una canasta de bienes y servicios para los trabajadores. “Hoy, ese salario pretendido se ubica en 3.065.000 de pesos, cálculo tomado de las estadísticas oficiales históricas”, le confirmó Ruiz a Data Gremial.
Además, el dirigente aseguró que “la inflación oficial está en torno del 30 por ciento de la real desde diciembre 2023, el endeudamiento es feroz tanto para los ciudadanos de a pie como las pymes y la economía está cada vez más parada”. En este contexto, rechazó la posibilidad de ponerle nuevos techos a los ingresos, como el salario garantizado: “Los rubros específicos tienen que ver con logros que se fueron consiguiendo con muchos años de lucha en cada actividad o con la experiencia laboral de los trabajadores”.
Consecuencias
Estas políticas de contención de las subas de los salarios, que tendrá una nueva etapa si se aplica el salario único garantizado, tienen graves consecuencias en la vida de los trabajadores y sus familias. Una forma de mediarlo es viendo lo que pasa con los consumos populares, donde hay indicio s de una “fuerte caída de varios indicadores”, como leche y carne vacuna. Además, el mayor endeudamiento de los hogares también puede asociarse con esta situación, así como su preocupante grado de morosidad.
En el primer caso, entre el primer semestre de 2026 y el mismo período de 2025 se observa “una caída del 10,5 por ciento en el consumo de carne bovina”. Con menores retracciones también hubo bajas en carne aviar y leche. “Si bien en la carne porcina se verificó un incremento del 11,3 por ciento, no alcanzó a compensar las bajas en las otras carnes, ya que el consumo total cárnico se contrajo 3,6 por ciento”, ejemplificó el trabajo de CIFRA.
En cuanto al endeudamiento, en los bancos la tasa de irregularidad de las familias “se quintuplicó en poco más de un año, llegando en junio de 2026 a su nivel más alto en dos décadas; mientras también se rompen récords de morosidad en el crédito no bancario”. En tanto, la morosidad del crédito a las familias “se deterioró aceleradamente desde fines de 2024, tanto en bancos como en entidades no bancarias (billeteras virtuales y otros prestamistas no bancarios)”.
La mayor morosidad no se explica sin el encarecimiento del crédito: las tasas de interés bancarias –desreguladas por este gobiernosuperan el 70 por ciento anual, y en billeteras virtuales y otros proveedores no bancarios "superan el 400 por ciento anual", según reconoció el propio Ministro de Economía, cifra que, lejos de ser un techo, resulta conservadora frente a los registros observados.
Otros indicadores
En tanto, CIFRA explicó que la situación salarial “es disímil para los salarios registrados privados y públicos: Mientras que el promedio de los primeros fue 3,6 por ciento menor al de aquel mes, en el caso de los públicos la brecha negativa fue de 16,5 por ciento”. Las disminuciones resultan “incluso mayores cuando se considera un IPC alternativo, reponderado, que refleja una canasta de consumo más reciente que la que toma el INDEC y que no ha sido actualizada”.
De esta forma, recalcó el centro de la CTA de los Trabajadores, el retroceso “se suma y consolida caídas previas de poder adquisitivo: En comparación con noviembre de 2015, el salario privado resulta 25,5 por ciento más bajo y el salario público, 39,5 por ciento menor que el de entonces”. En tanto, en esta evolución reciente del sector público, el salario del nivel nacional tuvo un comportamiento muy distinto de los salarios provinciales. “Mientras que las provincias buscaron evitar pérdidas salariales tan profundas como las acontecidas al inicio del gobierno de Milei, el gobierno nacional no hizo más que profundizar mes a mes esta caída, que acumula un 37 por ciento entre noviembre de 2023 y junio de 2026”, resaltó el reporte.
Por otra parte, si bien la actividad económica se muestra positiva en el conjunto del período del gobierno actual, los datos recientes reflejan “un claro estancamiento”, con una variación de apenas el 0,4 por ciento entre febrero de 2025 y junio de 2026. Además, la trayectoria productiva “es marcadamente desigual: mientras sectores como el agro, la minería, la intermediación financiera y la hotelería crecen a ritmo extraordinario, ramas altamente demandantes de mano de obra como la construcción, la industria y el comercio sufren contracciones severas”. Esta dinámica sectorial ha impactado de forma directa en el mercado laboral, donde “el aumento de la ocupación resultó insuficiente para absorber a las nuevas personas que se incorporaron a la población activa, derivando en un incremento del desempleo”.
Paralelamente, la calidad del empleo se ha deteriorado con fuerza: la tasa de informalidad trepó al 44,2 por ciento en el primer trimestre de 2026, alcanzando a casi 9,5 millones de trabajadores, mientras que entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se destruyeron más de 337 mil puestos de trabajo asalariados registrados, tanto en el sector privado como en el público.