La situación del IOMA, la obra social de los estatales dela provincia de Buenos Aires, sigue enfrentando al gobierno de Axel Kicillof con la oposición, y deja a los trabajadores en el medio, como rehenes. Las críticas sobre la atención de la entidad que hacen intendentes y legisladores apuntan a los problemas con prestadores, por ejemplo, y les reclaman a las autoridades respuestas inmediatas. En este contexto, se presentó un proyecto para reformar la estructura del organismo, y hacerlo “autárquico y autónomo”. Para eso, se busca modificar la actual ley que establece que las inversiones de las reservas técnicas del IOMA se realicen a través del Banco Provincia y cuenten con supervisión del Ministerio de Economía.
De esta forma, se busca fomentar cierta libertad de la entidad, que incluiría la posibilidad de que los empleados –municipales y de la administración pública provincial –elijan otra cobertura. Este camino ya se inició en varios distritos gobernador por el PRO, que en campaña usaron la libre afiliación como una bandera. Pero hasta ahora apenas un par de comunas lograron instrumentarlo, sin mayor relevancia, e incluso un fallo de la Corte Suprema bonaerense revirtió uno de ellos. Para los gremios, la disputa “es política” e insisten con defender la obra social.
El nuevo proyecto para atender la realidad del IOMA busca generar una reforma de su estructura, para darle autonomía del gobierno de turno. Así lo explican desde el grupo de diputados de los bloques de la UCR y el GEN, que buscan “garantizar la autonomía de la entidad y que los ingresos por los aportes de los afiliados queden en el IOMA para cubrir los gastos de las prestaciones, evitando que sean utilizados por los gobiernos para otros fines”.
El mencionado proyecto lleva las firmas de Claudio Frangul, Matías Civale, Viviana Dirolli, Natalia Dziakowski, Nazarena Mesías y Julio Pasqualin, que piden además declarar el “estado de emergencia” de la entidad, que tiene serios problemas para cumplir con la atención en varias zonas de la provincia de Buenos Aires, como pasa en Mar del Plata, que está en crisis desde hace meses, en especial por la decisión de las tres clínicas privadas que limitan la atención, por los retrasos en los pagos y la disputa por el valor de las prestaciones.
No es el primer proyecto de ley que este grupo de legisladores quiere imponer cambios en el IOMA. Además de la reforma interna, se busca crear una “auditoria externa”, que una vez por año describa la situación financiera y sanitaria de la entidad. La propuesta, a la que tuvo acceso Data Gremial, busca “revisar todos los actos administrativos realizados” entre los años 2020 y 2023. La misma medirá “los contratos con empresas proveedoras de insumos y materiales, convenios con profesionales y clínicas, gastos incurridos en los convenios suscriptos con la Asociación Civil de Establecimientos Ambulatorios y Policonsultorios Privados IOMA, y montos ingresados al instituto por la utilización de la marca identitaria”. Además, se busca saber si los fondos que deberían girarse por los aportes de los trabajadores se hicieron “en tiempo y forma”. “La situación actual de la obra social es de una crisis sin precedentes”, dijeron los legisladores en los fundamentos del proyecto, que apunta a las autoridades nombradas por la gestión provincial, a quienes acusan de estar “absolutamente ideologizadas”.
Alarma gremial
La nueva propuesta opositora para el IOMA es una nueva forma de cambiar el actual sistema solidario que defiende el gobierno, y que los sindicatos estatales respaldan. En este sentido, desde el Consejo Consultivo Gremial de la entidad, que forma los representantes de municipales, docentes, judiciales y fuerzas de seguridad entre otros, insisten en rechazar estos cambios, considerados “ataques”. Ya lo habían hecho cuando comenzaron los pedidos de los distritos de permitir la libre elección de afiliación, que se mantiene cerrada más allá de la desregulación de la seguridad social de los 90, que se mantiene en estos días. Incluso el DNU 70, que se firmó en diciembre del 2023 y que libera muchas restricciones, tocó el tema. “Cada distrito que quiere dejar el IOMA, cada medida que intenta cambiar su estructura, es un intento de debilitar la atención de los trabajadores, los únicos dueños de la obra social”, destacó una fuente de este consejo, ante la consulta de Data Gremial.
En este tiempo, el Consejo Consultivo Gremial trabajó para mitigar los efectos de la crisis financiera, que se profundiza por los recortes en los fondos que Nación deben girar a la provincia de Buenos Aires, y que fueron víctima del “plan motosierra” que lanzó el presidente Javier Milei para achicar el gasto público. En este punto, ya hubo encuentros con las farmacias bonaerenses, para tratar el tema del descuento a los medicamentos, que por el momento se mantienen pero que “están al límite”, ya que los precios de los tratamientos se dispararon en estos meses, y el organismo cubre un porcentaje fijo de ese valor. “El IOMA gasta más plata pero alcanza para menos”, admitieron luego de la reunión, que creó un canal de diálogo con el Colegio de Farmacéuticos provincial.
Además, el consejo intervino en la crisis con los médicos enrolados en la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA), y sugirió que IOMA y la entidad “conformen mesas mixtas de negociación, donde las organizaciones gremiales tengan participación y se logren avances concretos, sin poner en riesgo la atención y cuidando el bolsillo de las y los trabajadores, principales perjudicados por esta situación”. En abril pasado, la entidad médica reclamó una millonaria deuda que mantiene el gobierno provincial con el sector.
“El titular del instituto no ignora que mantener deudas de hace casi dos años y deber 4.656 millones, pone en riesgo la atención que reciben sus afiliados y que, si al día de hoy no se han cortado los servicios, es pura y exclusivamente por la buena voluntad de la federación médica, que prioriza la salud de los beneficiarios por encima de las mezquindades de las autoridades de la obra social”, disparó la entidad en un comunicado. Allí, recalcó que “no entendemos qué fines persigue Homero Giles con tanto destrato hacia quienes cuidan la salud de los vapuleados afiliados del IOMA, ni porque es tan insensible hacia las necesidades de quienes debe proteger”.
Más municipios rebeldes
En este contexto, y pese al rechazo judicial, más municipios quieren dejar de hacer obligatoria la cobertura del IOMA, algo que rechaza el gobierno y los gremios estatales. El último de esta lista es Pergamino, donde el gobierno que conduce el intendente Javier Martínez presentó en el Concejo Deliberante un proyecto que solicita que se autorice al Ejecutivo municipal a “desadherir a la prestación del IOMA como única y obligatoria para el personal y funcionarios del municipio”, tal como se establece en la Ley Provincial 6982. De este modo, se aclara que se mantendrá “la adhesión y continuidad de la cobertura en IOMA para el personal y funcionarios que así lo requieran”. La iniciativa “no es en contra de IOMA sino en favor de la libertad de elección”, expresó el proyecto.
Además, hace dos semanas, el concejal del PRO de La Plata, Nicolás Morzone, propuso también la desvinculación entre todos los trabajadores y funcionarios políticos de la Municipalidad de La Plata y el IOMA, basándose en las denuncias por “el mal funcionamiento de la obra social provincial”. San Nicolás es el caso más resonante, ya que Manuel Passaglia fue junto a Javier Iguasel de Capitán Sarmiento el primer intendente bonaerense que tomó medidas para terminar con la obligatoriedad del IOMA, ya son varios los municipios que avanzaron en iniciativas de esta índole, tales como Zárate, Azul, Avellaneda, Bahía Blanca, Capitán Sarmiento, Tres de Febrero, La Matanza, Tigre y La Plata.
Por último, en esta pelea la Suprema Corte provincial anulara el decreto de la Municipalidad de Zárate que promovía la “libre opción” de los empleados municipales, tras una presentación del Fiscal del Estado de la Provincia, Hernán Rodolfo Gómez. En su presentación, Gómez sostiene que la ordenanza 5.069/24, “se excedió en sus facultades autonómicas e invadió competencias institucionales de la Provincia en materia de salud, al enervar el funcionamiento del régimen médico asistencial del IOMA y pretender valerse del sistema de salud a su arbitrio”.