Al cumplirse en abril pasado un año de la primera marcha universitaria, que copó la Ciudad de Buenos Aires y marcó el descontento de la comunidad educativa sobre las políticas libertarias para el sector, se especuló con una tercera movilización –la segunda fue en octubre del 2024 –para volver a reclamar por los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de las casa de estudio, y además lograr aumentos salariales que permitan frenar la pérdida que sufren docentes y nodocentes. Pero las diferencias entre los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales frustraron esta posibilidad. Una de las razones es que algunos gremios del espacio consideraban que la mejor forma de forjar un cambio al ajuste que lleva adelante el gobierno nacional es lograr una nueva ley que garantice los recursos para la educación superior. Por eso, centralizaron sus esfuerzos en la elaboración de un proyecto, que a fines de mayo fue presentado en el Congreso, y establece las bases para evitar que la motosierra de Javier Milei afecte el normal dictado de clases, entre otras cosas. Esto no evitó que además se realicen nuevos paros, como los que hicieron dos integrantes del frente esta semana.
El proyecto denominado Ley de Financiamiento Universitario fue elaborado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA). El mismo establece dos ejes centrales respecto del funcionamiento del sector: la recomposición salarial y el financiamiento. Las dos cuestiones son de enorme preocupación para los autores de la iniciativa, ya que el ajuste de recursos no permite garantizarlos en el corto y mediano plazo. Sobre el tema de los salarios, el proyecto al que tuvo acceso Data Gremial establece que el gobierno deberá convocar a paritarias para recomponer los salarios docentes y nodocentes de las universidades nacionales, “garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la presente ley”. “Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente”, agrega la norma.
En cuanto a las paritarias, el Poder Ejecutivo Nacional deberá convocarlas a través de “las representaciones sindicales docente y nodocente del sector universitario con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendario, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC, salvo acuerdo más favorable para las y los trabajadoras y trabajadores”. “El proyecto está en el Congreso, para ser tratado en comisión”, le dijo a Data Gremial una fuente del Frente Sindical, que marcó que hubo reuniones con legisladores para intentar darle volumen al tratamiento. Según la misma fuente, los diputados que respaldan la propuestas están trabajando “para poder incluirlo en la próxima sesión”, aunque dependen de los tiempos políticos del Congreso. “Es necesario ponerle fecha para que no sea cajoneado”, agregaron. Para darle mayor volumen al pedido de tratamientos, las entidades lanzaron la campaña #Yo apoyo la Ley de Financiamiento Universitario, destinada a invitar a toda la comunidad a adherir de manera personal al proyecto. La idea es juntar firmas para llevar al recinto en caso que haya demoras en discutir la iniciativa.
Financiamiento
Para conseguir recomponer los salarios y garantizar las paritarias, dejando de lado el actual esquema que estableció el gobierno que consiste en cierres arbitrarios sin discusión con incrementos del 1-2 por ciento, se necesitan recursos, que deberán ser garantizados por el Estado Nacional. Al respecto, el proyecto dice que el financiamiento se realizará a partir de la transferencia mensual “de lo ingresado según el inciso a) del artículo 3 de la Ley 23.548 Coparticipación federal de recursos federales” y otros ítems, que formará la llamada “Proporción Universitaria”. La misma se calculará según el último presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación teniendo como numerador “el crédito para financiar los gastos de funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales y, como denominador, el monto proyectado de ingresos en la proporción que hace referencia en la mencionada ley”.
Además, se busca crear un Fondo para carreras estratégicas, con un fondo anual de 10 mil millones de pesos, “actualizable anualmente por la variación del IPC informado por el INDEC”. Este fondo tendrá como objetivo “generar y/o incrementar carreras con vacancia que se definan fundamentales para el desarrollo del país y aquellas áreas de conocimiento para la aplicación y gestión de la inteligencia artificial”. El fondo será administrado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, “con acuerdo expreso del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y se destinará a nuevas carreras, al desarrollo de investigaciones, a convenios con universidades de otros países y a becas para estudiantes de esas áreas”. Además, se buscará una “ampliación anual y progresiva” del monto y el número de estudiantes de universitarias públicas beneficiados con distintas becas.
Semana de paros
A la par que se preparan medidas para intentar presionar al poder legislativo para que se trate y apruebe el proyecto –que tiene el peligro de veto presidencial como otras leyes que requieren más recursos –los gremios del espacio decidieron mantener el reclamo en la calle. Así, CONADU y CONADU Histórica hicieron medidas de fuerza esta semana, incluyendo paros de 48 horas con acciones en universidades en todo el país. Según le dijo a Data gremial el dirigente Luis Tiscornia, la jornada de protesta “fue muy buena, con alto acatamiento y participación”. La CONADU Histórica realizó la protesta el 11 y 12 de junio, en rechazo a la “brutal pérdida del poder adquisitivo de los salarios de la docencia de las universidades nacionales y la clausura unilateral de la paritaria salarial por parte del gobierno nacional”. Como contó Tiscornia, “estamos en estado de alerta y movilización, vamos a pedirle al Congreso que apruebe la ley y que garantice los recursos para el sector”.
En tanto, CONADU –gremio mayoritario del sector –resolvió avanzar con un paro nacional de 48 horas para esos mismos días, en rechazo al ajuste del Gobierno. Durante un plenario de secretarios generales realizado este jueves, CONADU analizó la “crítica situación salarial y presupuestaria de las universidades públicas” y resolvió profundizar el plan de lucha frente “al deterioro del salario y la falta de respuestas del gobierno nacional, que mantiene cerrada la paritaria del sector”. En esa línea, CONADU demandó además “la convocatoria a paritarias y la ampliación progresiva del financiamiento necesario para el sostenimiento y desarrollo del sistema universitario”, según lo planteado en el proyecto presentado por la representación sindical docente y no docente, el movimiento estudiantil y el Consejo Interuniversitario Nacional.