Según las estimaciones del movimiento obrero, el Estado nacional le adeuda a las obras sociales unos 688 mil millones de pesos, que son retenidos de forma irregular por el Ministerio de Economía. Por esta situación, unos 50 gremios capitaneados por Luis Barrionuevo y con el aval de Armando Cavalieri, a cargo de la entidad más numerosa del rubro, irán a la Justicia y acusarán penalmente a Luis “Toto” Caputo por “incumplimiento de deberes de funcionario público”. Es que la realidad de las entidades de salud sindicales es cada vez más compleja, por una serie de factores que comenzaron a limitar la capacidad financiera del sector. En primer lugar, los despidos y la precarización laboral redujeron drásticamente la cantidad de aportantes a la seguridad social. Además, está la atención de los monotributistas, un viejo problema que no solo no tuvo una solución, sino que se agrava con el tiempo. A esto se suma la deuda estatal, conformando una “tormenta perfecta” en materia asistencial.
En cuanto al primero de estos temas, vinculado con la destrucción del mercado laboral formal que lleva adelante la reforma libertaria, un informe mostró los números de esta dramática realidad: según los datos, la seguridad social perdió cerca de un millón de aportantes y se encuentra en los niveles más bajos de la última década.
Los datos sobre la salida de afiliados de obras sociales y prepagas muestran la gravedad de la situación de la seguridad social, un tema que entró en la agenda del movimiento obrero. En primer lugar, por los reclamos de la CGT, que activó reuniones reservadas para buscar una salida. Su interlocutor fue Mario Lugones, ministro de Salud. A esto se suma la denuncia de este grupo de gremios, que exige liberar recursos que, según sostienen, corresponden al financiamiento de la atención médica de los trabajadores y sus familias. Todo esto se produjo en medio de la crisis generada por la caída de los salarios y del empleo privado registrado.
Según un reciente informe, los asociados a obras sociales y prepagas “cayeron en casi 970 mil entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026”. “Se trata del menor nivel de asociados desde el inicio de la serie en 2016”, denunció el Instituto Argentina Grande (IAG), autor del reporte realizado sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En el período analizado, se perdieron más de 132.323 empleos privados registrados (-2,1 por ciento), además de otros 29.533 públicos (-0,9 por ciento). Si se toma el período transcurrido desde el inicio del gobierno de Javier Milei, se destruyeron 253.049 puestos de trabajo privados y otros 87.313 estatales. “De allí que no solo el trabajador quede fuera de la cobertura de la obra social, sino que la pérdida también alcance al grupo familiar”, destacó el informe, al que tuvo acceso Data Gremial.
“El 64,3 por ciento de la población tiene un prestador privado, mientras que el 35,5 por ciento depende exclusivamente del sistema público”, recalcó el trabajo. A medida que se destruye el empleo privado, agregaron, “la cantidad de asociados al sistema de prepagas y obras sociales cae”. Extrapolado al total de la población, esto implica que 969.340 asociados a obras sociales o prepagas quedaron fuera de cobertura, mientras que unas 1.048.770 personas pasaron a depender exclusivamente del sistema público de salud en el último año. Para tener un parámetro, 1.266.863 personas pasaron a “depender exclusivamente del sector público entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026”, según datos del IAG. Además, las obras sociales nacionales perdieron 1.159.205 beneficiarios desde 2023 hasta septiembre de 2026. Los datos surgen de la Superintendencia de Servicios de Salud y muestran que, en sectores clave como Comercio, la cantidad de beneficiarios cayó un 23,7 por ciento (OSECAC); en el sector estatal, un 26 por ciento (OSPCN); en Construcción, un 27,4 por ciento (OSPeCon); e incluso en Petróleo, un 6,2 por ciento (OSPe), pese a que este último es uno de los sectores ganadores de la economía.
Crisis estructural
La crisis de las obras sociales tiene varias aristas y sus consecuencias se traducen en millones de trabajadores que quedan excluidos de la atención de la seguridad social. Los despidos y la precarización apuntalan esta tendencia, que se potencia por la deuda que mantiene el Estado y que impulsa la denuncia de los 50 gremios. “Es el gran problema junto con la destrucción del empleo registrado”, le dijo a Data Gremial un dirigente sobre esta demanda. En la presentación, adelantó el mismo dirigente consultado, se busca que la Justicia acredite “la ilegalidad” de la retención de recursos. En este sentido, la mirada sindical está puesta en dos mecanismos. Por un lado, los recursos incluidos en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que están depositados en un plazo fijo del Banco Nación. Por otro, los fondos que el Gobierno mantiene colocados en fondos comunes de inversión, vinculados con obligaciones por aportes correspondientes a afiliados voluntarios. La denuncia buscará que esta situación se destrabe ante la falta de voluntad oficial para resolverla como corresponde.
Las consecuencias de estas dos cuestiones se ven cada día en la atención de los trabajadores y sus familias. “Los gremios hacemos un gran esfuerzo para sostener las prestaciones, con recursos propios ante la retención de fondos y la baja de los aportes”, dijo otro dirigente consultado. Un caso emblemático es OSECAC, la obra social de los trabajadores de comercio, que el año pasado recibió un salvataje de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) de 2 mil millones de pesos mensuales durante 12 meses. Otro de los temas que agrava el problema es el de los monotributistas. Las obras sociales están obligadas a brindarles atención, pero sus aportes son inferiores al costo del Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que genera un enorme bache financiero. Según la CGT, el costo promedio del PMO está en torno a los 80 mil pesos, mientras que los monotributistas aportan unos 20 mil a las entidades. “No sirve quejarse, ya están, hay que buscar una salida, porque esos trabajadores deben tener atención, pero no a costa de todo el sistema”, agregó otro dirigente. La propuesta de algunos sectores es crear una obra social propia para los monotributistas.
Prepagas
En cuanto a la salud privada, el DNU 70/23 marcó el inicio de la gestión libertaria con la desregulación de los precios de las prepagas, lo que hizo que los aranceles se dispararan. Las prestaciones “subieron cerca de un 499,7 por ciento, mientras que la inflación acumulada fue del 344 por ciento entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026”, según calculó el IAG. El resultado es también una reducción del universo de personas que cuenta con algún tipo de cobertura privada. Esta situación podría revertirse a partir de un fallo que cuestiona la constitucionalidad de la medida. La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto, normas que modificaron el marco regulatorio de las empresas de salud privada establecido originalmente por la Ley 26.682.
La decisión judicial lleva la firma de los magistrados Carlos Alberto Vallefín y Emilio Santiago Faggi y tiene fecha del 30 de octubre de 2026. El fallo, dictado en el marco de una acción meramente declarativa contra la firma Swiss Medical S.A., establece que la Superintendencia de Servicios de Salud “debe reasumir sus facultades de fiscalización y autorización de los incrementos en las mensualidades”. Para invalidar las reformas del Poder Ejecutivo, el tribunal analizó los requisitos del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. Los camaristas señalaron que el ejercicio de facultades legislativas presidenciales constituye “una atribución excepcional”, cuya validez requiere acreditar circunstancias que impidan recurrir al Congreso o una urgencia incompatible con los tiempos parlamentarios, según el fallo.
Bajo estas premisas, el fallo advirtió que el Gobierno “carecía de impedimentos para el funcionamiento del Poder Legislativo”. Los jueces recordaron que la propia Casa Rosada convocó a sesiones extraordinarias y remitió un proyecto de ley para ratificar expresamente el decreto cuestionado. Además, remarcaron que el DNU fundamentó la modificación en la necesidad de aumentar la competitividad mediante la liberación de precios, sin explicar por qué se requería una intervención legislativa inmediata. La resolución destaca que las referencias generales a la crisis económica resultan insuficientes para justificar la alteración permanente de un régimen legal. Los magistrados citaron jurisprudencia de la Corte Suprema y afirmaron que las empresas de medicina prepaga “cumplen una trascendental función social vinculada a la protección del derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos”.