Plan de lucha y amparos judiciales, las estrategias para frenar los despidos masivos en el Estado nacional

Los trabajadores enfrentan el desguace de muchas dependencias con estas dos formas de resistencia, que intentan evitar que muchos organismos queden paralizados. Críticas a la falta de apoyo de las centrales obreras, en especial la CGT.

Domingo, 26 de enero de 2025 10:00

Bajo el lema “Vaciar es cerrar”, la comunidad del Hospital Claudia Bonaparte se moviliza contra los despidos masivos, que dejaron al único centro nacional de salud mental al borde del colapso. En enero, el Ministerio de Salud anunció el fin de 1.400 contratos, que golpean la estructura del sistema sanitario, y hacen estragos en nosocomios, dependencias como el PAMI o la ANMAT e incluso en programas y direcciones sensibles como las que manejan las vacunas del Calendario Nacional. Además, hay cesantías en la mayoría de las dependencias públicas, en algunas con verdadera saña como sucede en los sitios de la memoria.

Para enfrentar esto, los gremios parecen disponer hasta ahora de dos estrategias: La lucha directa, con movilizaciones, paros y acciones comunitarias; y las presentaciones judiciales, que en estos días dieron algunos pasos importantes, como los fallos que ordenan garantizar el funcionamiento de algunos espacios. La clave para evitar el desguace estatal está en la fuerza de los reclamos, y el impacto que pueda tener en la sociedad.

Por eso aparecen diferencias por el nivel de compromiso de algunos sectores sindicales, en especial los vinculados a la CGT, que no mostró “compromiso con la lucha”, según se reclama. El gobierno en tanto busca instalar la ida de “curros” detrás del achicamiento, denunciando irregularidades y corrupción que los propios trabajadores salen a desmentir, como parte de la estrategia “anti motosierra”.

El desguace del Estado que comenzó cuando asumió el presidente Javier Milei se está acelerando en enero de este año. son varias las dependencias que quedaron virtualmente paralizadas por los despidos, luego de un año de ajuste brutal. En el caso del Ministerio de Salud, los 1.400 cesanteados son el punto más alto de esta política de achicamiento.

Se estima que muchos de los organismos que fueron afectados no podrán realizar sus tareas con normalidad, por la falta de personal y recursos. Ante esto, los gremios estatales comenzaron con las medidas de fuerza, para intentar frenar esta realidad. “Vamos a iniciar protestas, ocupaciones y paros sectoriales. No descartamos en las próximas horas estructurar una medida que nos permita unificar los reclamos de todos los hospitales”, adelantó la dirigencia de ATE, que apuesta a esta estrategia de acción directa para combatir el plan de ajuste.

En estas tareas busca articular todas las dependencias que están sufriendo los despidos, como sucede en los espacios de Derechos Humanos, donde se realizaron medidas junto a organismos del sector. La dirigencia ya realizó varios paros nacionales durante el primer año de gestión, y se espera que haya nuevas protestas en breve.

Pero la estrategia de lucha genera tensiones dentro del armado gremial. Desde ATE alertan que no hay unidad para enfrentar el desguace libertario, lo que hace que las medidas pierdan fuerza. “Los estatales estamos llamando a enfrentar esta política de frente, en la calle, para evitar el colapso de lo público”, le dijo a Data Gremial una fuente del sector. Incluso, en ATE hay quienes dicen que el gremio “debe ponerse al frente de la lucha contra las políticas del gobierno nacional, catalizando el descontento social que existe”.

Para esta tarea, aseguran las fuentes consultadas, deben contar con el apoyo de las centrales obreras. “Las dos CTA se están uniendo para enfrentar al gobierno, deben ser más enfáticas con la lucha contra los despidos”, se destacó. En esta disputa, la “indiferencia” de la CGT juega un rol importante, de forma negativa. “está en disputa quién dirige este proceso, con ATE y la CTA Autónoma estamos en esa línea de lucha, esperamos más apoyos, incluso de la CGT, que creemos se verá rebasada por sus bases y saldrá de su postura actual”, recalcaron las fuentes.  

Estrategia judicial

Junto con el plan de lucha directo a las dependencias donde se produce el ajuste, la estrategia judicial comienza a dar algunos frutos, y muchos dirigentes creen que es necesario apuntalar el “resguardo jurídico” ante un gobierno que avanza sin importar mucho las acciones directa. Por eso la importancia de los fallos a favor de los despedidos.

El más importante fue el del juez federal Ariel Lijo –candidato del oficialismo para la Corte Suprema de Justicia –que falló a favor de un pedido de la legisladora porteña Victoria Montenegro, quien le advirtió que la ola de despidos que viene ejecutando el gobierno nacional en la Secretaría de Derechos Humanos de la Naciónpone en serio peligro la sostenibilidad de los lugares que deben transmitir la memoria de lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado”.

En territorio porteño, son cinco los espacios de memoria que tienen relación directa con el gobierno nacional: son los lugares donde funcionaron los campos de concentración de la ESMA, el Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos. Este último, ubicado en el barrio de Monserrat, está en riesgo inminente de cierre porque, según denuncian desde el gremio, se quedó sin trabajadores.

En tanto, el juez Enrique Alonso Requeira, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1, ha ordenado al Estado Nacional frenar los despidos en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). La medida cautelar fue concedida a raíz de una presentación realizada por un conjunto de destacadas organizaciones civiles.

El juez Requeira argumentó su decisión basándose en la falta de garantías por parte del Estado Nacional para asegurar la prestación mínima obligatoria en materia de protección a las mujeres, tal como lo establece la Ley de Protección Integral de las Mujeres.

Además, el magistrado señaló que las autoridades no han proporcionado información detallada sobre la reorganización que se está llevando a cabo en estas áreas clave, ni han demostrado cómo esta reestructuración permitiría cumplir con el deber de garantizar los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad. De este tipo de medidas no son muchos, pero algunos muy importantes. En julio del 2024, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor de una medida cautelar por la reincorporación de trabajadores trans, amparados en la Ley de Cupos, que cumplen funciones en la Administración Pública Nacional.

Contra las denuncias

Las dos estrategias de resistencia a los despidos se completan con la decisión de salir a cruzar las denuncias de irregularidades y corrupción, que el gobierno motoriza como justificación del plan de ajuste y despidos.

El caso más notable sentido esta semana, cuando el Ministerio de Salud decidió intervenir el Hospital Bonaparte, luego de los más de 190 despidos. “La decisión de avanzar con la intervención del Hospital Bonaparte fue tomada luego de que la cartera sanitaria nacional avanzara en la readecuación del personal a partir de la sobredotación encontrada en diferentes servicios del hospital”, informó la cartera que lidera Mario Lugones.

Entre otras irregularidades denunciadas por el gobierno aparecen “326 empleados habían ingresado durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, y que para los servicios de guardia e internación, había 109 empleados para asistir 55 camas de internación con una ocupación promedio de sólo 19 pacientes por mes”. Así mismo se contabilizan “38 consultorios externos que atendían en promedio 5 consultas diarias”.

Pero los trabajadores y gremios salieron al cruce de estos dichos. “Los números mentirosos que difunden son utilizados para instalar en la opinión pública que la salud es un gasto y no un derecho”, destacaron desde el colectivo del hospital Bonaparte, mediante un comunicado. “El gobierno afirma que el hospital cuenta con muchos trabajadores. Pero ante ello, informamos que durante el 2024 sufrimos una disminución del 20 por ciento de los trabajadores, debido a los despidos del mes de agosto y a las renuncias por las malas condiciones y la precarización laboral (bajos salarios, contratos de tres meses)”, recalcaron.

Ahora, agregaron. “con los 200 despidos de la planta de trabajadores se reduce un 40 por ciento más. Es decir, que sólo hay un 40 por ciento de trabajadores en actividad, con respecto al 2024”. Hubo una reducción total aproximada del 60 por ciento: “en estas condiciones el hospital queda inoperativo”.

En este contexto, “la reorganización de los servicios es muy compleja porque se han vaciado los turnos enteros y los pacientes no pueden continuar con sus tratamientos por la ausencia completa de sus equipos tratantes”.

Reiteramos, con la mitad de los trabajadores afuera del hospital no puede ofrecer una atención adecuada a los pacientes ambulatorios adultos y niños y a los pacientes internados, ni dar respuesta a las nuevas demandas”, concluyeron.