Dentro del decreto 340/2025, que declaró esencial varias actividades limitando el derecho a huelga, el gobierno nacional puso en marcha una importante reforma en el sector fluvial. Bajo el argumento de “modernizar la normativa que regula la navegación comercial en aguas argentinas”, se puso en marcha el llamado Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional una reforma de las condiciones laborales en el sector, que es rechazado por los gremios. Como se hizo en otros rubros, la desregulación que intenta la gestión libertaria atenta contra derechos adquiridos, y se volvió una amenaza no sólo a las condiciones de trabajo, sino que además deja al país indefenso ante intereses extranjeros, ya que entre otras cosas permite la navegación con tripulación de otros países.
En un contexto de lucha geopolítica por el dominio dela Antártida, el DNU les da una importante ventaja a los grandes intereses mundiales, según alertan desde los sindicatos. Luego de realizar una medida de fuerza la semana pasada, hay coincidencia en resistir al avance de esta normativa, perjudicial para los trabajadores y los intereses nacionales. “Destruye la marina mercante nacional”, dicen los dirigentes, que se suman a la CGT y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) a sus críticas a la “entrega libertaria”.
El flamante régimen de excepción para la actividad fluvial y pesquera generó una verdadera conmoción en el sector, que está en la mira del gobierno de Javier Milei y su política desreguladora. La nueva normativa apunta a “incentivar la inversión, reactivar el comercio exterior y fomentar la generación de empleo en la actividad marítima”, pero en el fondo es una reforma laboral encubierta. Es que este régimen permite a los armadores nacionales “suspender temporalmente la bandera argentina en sus buques sin perder la matrícula nacional, posibilitando la inscripción en registros extranjeros cuando sea necesario”. Esto otorga “mayor flexibilidad operativa y reduce costos administrativos”.
A la par de esto se eliminan trámites como la renovación anual del Registro de Armadores Nacionales y se amplían las opciones para contratar personal embarcado, incluso a través de asociaciones gremiales u otras entidades habilitadas. “Cuando no haya embarcaciones nacionales registradas o autorizadas para cabotaje por armadores nacionales, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) podrá otorgar permisos temporales de hasta 180 días a barcos extranjeros, con posibilidad de renovación”, destacó en sus argumentos el decreto en cuestión.
Para los gremios, este punto es un cambio total en las condiciones laborales. “Los efectos que tiene esta medida son claros: exime la reglamentación laboral argentina”, sostuvo Mariano Vilar, titular del Sindicato de Conductores Navales (SICONARA). En diálogo con Data Gremial, el dirigente explicó que el decreto “habla expresamente que no se puede usar la reglamentación argentina en los buques que estén bajo este régimen de excepción”. En concreto, dijo Vilar, los trabajadores “perderíamos vacaciones, aguinaldo, todos los beneficios que otorga la reglamentación laboral argentina. Así, cualquier personal por más que tenga 20 años de servicios lo pueden despedir e indemnizar con 10 días de salario básico”.
Además, agregó Vilar, “el sindicato pierde por completo poder de negociación, a partir que pueden embarcar a personal extranjero con un simple certificado de idoneidad, así lo dice el decreto”. Demostrando idoneidad, insistió, “con una simple declaración jurada donde dice que no hay personal disponible, pueden subir personal extranjero”. Así, si una empresa quiere pagar por debajo del Convenio Colectivo vigente, y el gremio se niega y no manda a ningún trabajador, la firma puede disponer de personal extranjero. “Perdemos toda representación, y se pierden los convenios colectivos vigentes”, recalcó Vilar.
Plan de lucha
La semana pasada, cuando se conoció el decreto, los gremios del sector comenzaron las medidas de fuerza. Coincidiendo con la reunión de la CATT, se paralizó la actividad en todo el país, medida a la que se sumaron el Sindicato de Obreros de Marítimos Unidos (SOMU), Sindicato de Marítimos de la Pesca (SIMAPE), Asociación de Patrones y Capitanes de Pesca, SICONARA, Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo y el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales por el sector gremial. en ese momento, denunciaron un “lock out” patronal, entendido como la decisión de las empresas de no zarpar mientras reclaman una disminución de salarios de los distintos trabajadores a bordo.
Luego de un encuentro con las cámaras empresariales en la subsecretaría de Relaciones de Trabajo de la Nación, ambas partes dejaron plasmadas sus posturas “sin margen de flexibilidad”.
“Hay que ver que resuelva la justicia, porque los gremios vamos a reclaman por nuestros derechos”, adelantó Vilar. En este sentido, el dirigente consideró “una buena noticia” que se haya fallado a favor del derecho a huelga, como sucedió esta semana con el amparo presentado por la CGT. En cuanto a las medidas de fuerza, la semana pasada los gremios realizaron un paro el día martes, coincidiendo con el plenario de la CATT. La medida paralizó la actividad fluvial y pesquera contra el DNU del gobierno
Contra la soberanía
Según el titular del SICONARA, el decreto que desregula la actividad laboral en la pesca “ya está en vigencia”, desde que se publicó en el Boletín Oficial, lo que no está es reglamentado. “Todavía la Agencia Nacional de Vías Navegables no sacó nada al respecto, por eso no se está aplicando, hasta ahora ningún barco manifestó su intención de aplicar el decreto. Hay muchas dudas”, dijo Vilar. Además de pelear contra la flexibilización laboral, los gremios quieren defender la actividad nacional, clave para el desarrollo del país.
“El DNU destruye la marina mercante nacional desde el primer momento que permite el ingreso de buques con bandera extranjera”, describió el dirigente. Según las versiones, esta situación les allana el camino a las corporaciones transportistas globales como la danesa Maersk, la italiana Mediterranean Shipping Company (MSC), el operador global danés de remolques Svitzer, otras de capitales chinos y también para las compañías radicadas hace mucho tiempo en Paraguay.
En este escenario resaltó Vilar, estas grandes empresas “comienzan a administrar nuestro desarrollo, porque hay materiales que son clave para cualquier proyecto nacional, como el transporte de combustible o petróleo”. “Lo que quiere hacer el gobierno claramente es dejar de navegar nuestros ríos y nuestros mares con buques de bandera nacional para favorecer intereses extranjeros”, subrayó Vilar.
Además, recordó que en estos momentos “hay una puja geopolítica muy fuerte por la Antártida, y están trabajando al respecto”. “La Argentina tiene 7 mil kilómetros de litoral marítimo, 11 mil más si le sumamos la Antártida. Creemos que el estado nacional lo que pretende es vaciar la marina mercante para entregar la soberanía argentina, dejar de navegar adrede”, afirmó Vilar. En el mundo, 130 países tienen navegación de cabotaje, 90 la restringen sólo para buques de su bandera, incluyendo a Estados Unidos.