La reforma laboral impulsada por el Ejecutivo tomó nuevo impulso tras el resultado electoral favorable al oficialismo. Entre los redactores del borrador figura Julián de Diego, abogado laboralista especializado en asesoramiento empresarial, que tiene entre sus clientes a Rappi, representada legalmente por el Estudio Cárrega.
La participación de De Diego no es menor: su mirada patronal se refleja en cada punto del texto que el Gobierno prepara para enviar al Congreso. El proyecto no incluye ningún beneficio para los trabajadores de plataformas digitales, que seguirán siendo considerados “autónomos”, sin derecho a organización sindical, sin aguinaldo ni vacaciones, y sin la posibilidad de reclamar ante despidos o sanciones arbitrarias.
“En el borrador en el que estamos trabajando con el secretario de Trabajo hay tres ejes: salario dinámico, flexibilización de la negociación colectiva —que sería por empresa y no por actividad— y la creación del banco de horas”, explicó el propio De Diego en una entrevista radial.
Sin mejoras ni regulación para las plataformas
A contramano de las recomendaciones internacionales, el Gobierno decidió no introducir regulaciones específicas para las plataformas digitales en el texto de la reforma. Según una fuente consultada por LPO, “no hay obligaciones para las empresas ni mejoras para los trabajadores”.
La cuestión no es nueva ni exclusiva de la Argentina. En todo el mundo existe debate sobre cuál es el tipo de vínculo entre las apps de reparto o transporte —como Uber y Rappi— y las personas que trabajan en ellas. En algunos países se buscan soluciones mixtas: por ejemplo, en el estado de Rajastán (India), Uber paga una tasa destinada a un fondo de seguridad social para sus choferes, lo que les garantiza ciertos derechos básicos.
Sin embargo, el Gobierno argentino prefiere mirar hacia otro lado. En el esquema local, los trabajadores de apps son “independientes”, lo que les permite no tener horarios fijos, pero también les impide sindicalizarse y negociar condiciones laborales colectivas.
En contradicción con la OIT
El vacío regulatorio podría derivar en conflictos internacionales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) trabaja desde hace varios años en un convenio global sobre trabajo en plataformas, que establece estándares mínimos de protección y que debería ser adoptado por todos los Estados miembro.
La primera parte del convenio ya fue aprobada, y la segunda se prevé para el año próximo. Desde la Casa Rosada le restan importancia, pero especialistas advierten que el texto de la reforma podría chocar con los principios del sistema internacional del trabajo.
Un viejo conocido del menemismo
El nombre de De Diego no es nuevo en el derecho laboral argentino. Fue autor de la ley de ART durante los años noventa, que terminó siendo declarada inconstitucional por la Corte Suprema al limitar las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Aquella norma, que buscaba favorecer a las aseguradoras y a las patronales, terminó perjudicando tanto a los trabajadores como a las propias empresas.
No fue su único paso en falso. También asesoró a las firmas de trabajo eventual Adecco y Manpower, impulsando mecanismos de tercerización laboral para que las empresas pudieran encubrir relaciones de dependencia. Ese modelo también fue derribado por la Justicia.
Con esos antecedentes, la designación de De Diego como consultor del Ejecutivo vuelve a encender las alarmas en el movimiento obrero. Desde los gremios sostienen que su participación en la redacción de la reforma, mientras mantiene vínculos profesionales con multinacionales, constituye un claro conflicto de intereses.
Interna en el Gobierno y resistencias gremiales
Dentro del propio oficialismo hay tensiones en torno al texto de la reforma, en especial entre Federico Sturzenegger y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quienes se disputan la orientación final del proyecto. La versión que llegará al Congreso antes de fin de año incluiría, además de la flexibilización, la ampliación de la jornada laboral de 8 a 12 horas, el pago parcial de salarios con tickets canasta, y la posibilidad de abonar indemnizaciones en cuotas.
La Ley Bases ya había preparado el terreno: eliminó sanciones por empleo no registrado, extendió el período de prueba, introdujo límites al derecho de huelga y habilitó la creación de un Fondo de Cese Laboral en reemplazo de las indemnizaciones por despido.
El modelo Rappi como horizonte
El doble rol de De Diego —asesor del Gobierno y de una empresa denunciada por precarizar a sus repartidores— sintetiza la orientación del proyecto oficial. El objetivo parece ser extender parte del modelo de las plataformas al conjunto del mercado laboral argentino, promoviendo una cultura de individualización, desprotección y enfrentamientos entre trabajadores.
El resultado, de avanzar esta reforma, sería un país con trabajadores sin derechos y empresarios con más poder para despedir, en un escenario de creciente desigualdad y sin instancias de negociación colectiva.