La semana pasada, el gobierno nacional reglamentó la Ley de Financiamiento Universitario. La norma, que busca mejorar el financiamiento para la educación superior y garantizar salarios dignos para los docentes y nodocentes, fue aprobada por una amplia mayoría en el Congreso, que además dio de baja el veto presidencial, lo que obligo a su formalización. Pero en una maniobra muy criticada, se decidió postergar su plena vigencia, a días de las elecciones. La respuesta a esta decisión generó fu el llamado a una serie de paros por parte de los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que insisten en reclamar por la normativa, que saque del estado de crisis al sector. En este sentido, un nuevo informe de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y el Centro Interamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), que revela “datos alarmantes sobre el retroceso presupuestario y salarial que afecta a las universidades y al sistema científico-tecnológico argentino”.
Además, se critica el proyecto de presupuesto 2026 del oficialismo, que mantiene tendencia a la baja, y “profundiza el desfinanciamiento”. Si se mantiene este rumbo, alertaron se FEDUN, seguirán las protesta, las cuales “cuentan con apoyo de la sociedad”, según explicaron.
El nuevo informe de FEDUN y el CIICTI es el cuarto que se elabora en conjunto, y lleva adelante un seguimiento de los efectos del ajuste libertario en el sector educativo. En este caso, se midió la baja salarial que sufren trabajadores docentes y nodocentes, que está cerca del 30 por ciento desde que asumió Javier Milei.
Según el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial, los sueldos en universidades nacionales “cayeron un 29,7 por ciento real desde noviembre de 2023”, mientras en lo que va del año pierden 7,9 por ciento. “El nivel salarial del sector se encuentra por debajo de los valores de 2002, habiendo declinado 39,6 puntos desde el pico de 2011”, recalcó el reporte.
“En dos años los trabajadores universitarios docentes y no docentes han perdido 2,64 billones de pesos (constantes), cuando se compara la masa salarial del 2023 con la de los años 2024 y 2025”, explicaron las entidades. Esto es un deterioro de 1,16 billones durante 2024 y se proyecta una caída de 1,48billones de pesos durante el año en curso. Estos datos surgen de la siguiente comparación: En 22 meses de gobierno el IPC acumula un alza del 233,2 por ciento, mientras en el mismo período los salarios en universidades nacionales se incrementaron un 134,2 por ciento, un deterioro de 99 puntos base.
En tanto, el informe midió la inversión en universidades nacionales, que en 2024 “cayó 21,8 por ciento y se proyecta un retroceso adicional del 9,5 por ciento en 2025 en términos reales”. En el acumulado a septiembre “cae un 29,1 por ciento contra igual período de 2023”. La ejecución acumulada del ex Ministerio de Educación se deteriora un 49,9 por ciento en dos años.
En tanto, las entidades subrayaron que la ejecución acumulada del presupuesto de la Administración Pública Nacional para el sector científico y tecnológico “también cae brutalmente, deteriorándose un 46,1por ciento a septiembre del 2025 en términos reales respecto de 2023, proyectado 0,149 por ciento del PBI en 2026”.
La caída “es transversal y afecta a casi todos los organismos”, según se marcó, y se puso como ejemplo el CONICET, que pierde un 32,3 por ciento real en dos años. Otros organismos como la Agencia I+D+i pierden hasta un 86 por ciento de su presupuesto en términos reales. Los salarios del sector también caen “de manera muy aguda, con descensos que alcanzan los 36,3 puntos (CIC-CPA y Becas CONICET). Los salarios en empleo público pierden otros 27,4 puntos desde noviembre de 2023”. La masa salarial del sistema científico cae un 31,8 por ciento real en dos años. También descienden la inversión en becas (-21,1 por ciento), insumos (-50 por ciento) y bienes de capital (-63,3 por ciento). Las transferencias declinaron un 82 por ciento en términos reales.
A la espera de la ley
El trabajo demuestra, casi de forma taxativa, la necesidad de poner en pleno funcionamiento la Ley de Financiamiento Universitario, cuya reglamentación “a medias” fue criticada por los gremios del sector, que aseguran que esto “desconoce el apoyo popular” a la norma. Así se lo dijo a Data Gremial el titular de FEDUN Daniel Ricci, que recordó que en “tres marchas federales quedó demostrado el respaldo a esta ley de la sociedad”. Por eso, el gremio junto a los nodocentres de FATUN realizaron un paro nacional para repudiar la maniobra del gobierno nacional. En su presentación ante el Congreso, durante una reunión de la Comisión de Educación, Ricci denunció que en la actualidad “no hay una política para la ciencia y las universidades. Esta no es una política de ajuste, sino de destrucción, y va a tardar años recuperarlo”.
En otra reunión en el Congreso, el gobierno ratificó que mantendrá su postura de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. El subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, aseguró que no se puede aplicar la norma porque no está previsto el “sistema” de asignación de recursos. Al exponer ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el funcionario justificó la decisión de no aplicar la ley de aumento de los recursos universitarios ante la falta de detalles respecto del financiamiento, como establece el artículo 5 de la ley de Administración Financiera.
Los diputados presenten en el lugar criticaron la postura del gobierno, que desoye el mandato de la legislatura, y como afirma Ricci el respaldo popular que se vio en las reiteradas marchas y manifestaciones cuando se debatió el proyecto.
Presupuesto 2026
Por otro lado, el cuarto informe sobre la realidad presupuestaria salarial y presupuestaria de la educación superior analiza los datos del proyecto de presupuesto 2026, que según el propio presidente trae una mejora en las partidas, pero que si se analizan los números la realidad es otra.
“El proyecto enviado por el gobierno nacional profundiza el ajuste en el sector universitario, generando una caída del 3 por ciento real en el financiamiento, un 30,7 por ciento desde 2023 y 39,9 por ciento desde 2015”. En este sentido, se confirmó que el presupuesto de la educación superior representará el 0,462 por ciento del PBI en 2026 (0,718 por ciento en 2023). En su presentación, Ricci, ratificó que la iniciativa “profundiza el desfinanciamiento de la educación en general y en particular el de las universidades nacionales”.
“En vez de discutir una reforma laboral para precarizar más a los trabajadores, lo que hay que discutir es cómo generar más valor agregado para todos, y en eso es clave la ciencia y las universidades”, aseguró Ricci. Durante esta discusión en el Congreso, convocada por el senador Eduardo “Wado” de Pedro, referentes del sector universitario ratificaron que el proyecto del gobierno “elimina fondos claves para el área de educación, ciencia y tecnología”.