En el paro docente del inicio de semana, uno de los temas que más polémica generó, más allá de las denuncias de los gremios, fue la supuesta esencialidad de la actividad educativa. La reforma laboral aprobada en febrero pasado incluye al sector entre quienes no pueden realizar huelgas totales, y deben dejar una suerte de “guardias” en las escuelas. La definición, que claramente choca contra el derecho constitucional a la protesta, enfrentó a los gremios con el gobierno, que amenazó con sanciones si no su cumple esta normativa.
Más allá de la discusión si la esencialidad está o no vigente –hay una serie de amparos judiciales que se superponen –el tema dejó al descubierto que la Ley de Modernización Laboral está generando cambios en el mercado argentino, aunque contrarios a los que auguraron los promotores de la transformación. Así lo establece un informe del Instituto de Estudios y Formación (IEF), a seis meses de la aprobación de la normativa.
Uno de los puntos salientes del análisis es que durante estos meses de vigencia, la ley no generó más empleo, sino todo lo contrario, según los datos aportados. Además, se hizo un relevamiento de la estrategia judicial de la CGT y los gremios respecto de la legalidad de los cambios, y se destacó como algunos sindicatos usaron la discusión de los nuevos convenios colectivo para evitar los aspectos más negativos de la normativa.
El 27 de febrero de este año, en sesiones extraordinarias, el Congreso aprobó la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Pese al rechazo gremial la norma logró consenso, y marcó un quiebre histórico en materia de legislación del trabajo. A casi seis meses, los efectos si bien todavía no son tan visibles, ya se notan. Así lo analiza el último informe del IEF, entidad de la CTA Autónoma, que calificó como “modificación regresiva” la mayoría de sus artículos. Si bien el trabajo aclaró que “todavía es muy prematuro para hacer un análisis” del impacto de la ley, su evaluación “sí puede hacerse con relación a su antecesor directo, el capítulo laboral de la Ley Bases”.
En este sentido, uno de los puntos centrales es que desde su aprobación “se produjo una fuerte caída del empleo asalariado registrado y un crecimiento de la ocupación informal y por cuenta propia”. Asimismo, el salario “se mantuvo en niveles históricamente muy deprimidos”, y nada indica que con “la nueva reforma laboral vaya a obtenerse un resultado distinto”.
Así, explicó el trabajo al que tuvo acceso Data Gremial, “durante los dos años posteriores a la sanción de la Ley Bases perdieron su puesto de trabajo 102.673 personas en el sector privado registrado”, mientras que en el caso de la ley de reforma laboral, tan solo en los dos primeros meses de su aplicación “perdieron su puesto de trabajo 19.827 personas en el sector privado registrado”.
Como era de esperar, la peor variación la tiene el sector industrial, con más de 60 mil puestos de trabajo perdidos en la comparación, incluso superando sectores muy castigados como casas particulares y gastronomía. “Al generarse una ola de despidos en el sector industrial, que en toda la era de Javier Milei puede estar llegando a los 380 mil puestos de trabajo, se cae el consumo, y con ello la actividad, y eso no lo corrige una ley”, le dijo a Data Gremial el titular de la Federación de Trabajadores de la Energía, la Industria, los Servicios y Afines (FeTIA), Pedro Wasiejko. A esto le sumó “la apertura indiscriminada de importaciones, de todo rubro y de todo tipo, que obviamente atenta con la generación de nuevo empleo, es muy marginal el incentivo por estas actividades”.
Además, la ley tampoco generó condiciones para un aumento de los salarios. En la actualidad el salario real en el sector formal “se encuentra relativamente en los mismos niveles del mes previo a la sanción de la Ley Bases, por debajo de los valores que recibió la actual gestión a fines de 2023”. En síntesis, durante la vigencia de la Ley Bases “se redujo el empleo registrado, crecieron el empleo no registrado y la ocupación no asalariada y el salario se mantuvo estable en valores históricamente muy deprimidos. Nada indica que durante la vigencia de la ley de reforma laboral sancionada a comienzos de este año vayan a obtenerse resultados distintos”.
Convenios colectivos
En tanto, el IEF analizó los intentos de judicializar la reforma laboral, incluyendo la estrategia desplegada por la CGT, que recibió críticas por los pocos resultados, pese a una inicial victoria a través de uno de sus amparos. Lo cierto es que en el plano judicial los cuestionamientos generales a la ley “tuvieron una resolución favorable en primera instancia de la justicia laboral, pero luego fue revertida en las instancias de apelación”.
En la actualidad estas causas tramitan en el fuero contencioso administrativo. A nivel de los reclamos individuales, aclaró la entidad, algunos artículos de la ley fueron declarados inconstitucionales por jueces de distintas jurisdicciones. En particular, los referidos a la posibilidad de pagar las sentencias judiciales en hasta 12 cuotas y aquellos que imponen límites a la tasa de interés aplicable a los créditos laborales. En paralelo, agregó el IEF, “algunas organizaciones presentaron reclamos sectoriales más acotados, que suspendieron ciertos efectos de la ley en su ámbito de actuación, principalmente vinculados a la negociación colectiva y a los límites al financiamiento de los sindicatos”.
La resistencia contra la reforma laboral también se plasmó en la negociación colectiva. Cabe recordar que luego de la puesta en marcha de la reforma laboral, la secretaria de Trabajo convocó a rediscutir más de 800 acuerdos, en un plazo de seis meses. Esto puso en duda que se mantenga la ultraactividad, entre otras cuestiones. En muchos casos, “los sindicatos y las cámaras patronales decidieron ratificar la vigencia de los convenios colectivos que la ley pretendía dejar sin efecto”. Asimismo, volvieron a incluir cláusulas para sostener el financiamiento de la actividad sindical. Dos casos destacados por el reporte son los del sector alimentación y los trabajadores de la Sanidad.
En el primero, la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA), sostuvo las cuotas solidarias y, en dos de ellos, renovó su vigencia. En tanto, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) negoció en el marco de sus paritarias “la extensión de la vigencia de prácticamente todos sus convenios, así como las cuotas solidarias”.
Largo plazo
En definitiva, el análisis del IEF da pistas para entender los efectos de la reforma laboral, aunque insiste que estas consecuencias “sólo podrán ser analizadas en el mediano y largo plazo”. Asimismo, sus objetivos no se reducen a una única dimensión, por Para la entidad, se trata de un proceso que “afecta las relaciones individuales entre empleadores y trabajadores y trabajadoras, que busca debilitar la acción colectiva de las organizaciones sindicales y que transfiere recursos multimillonarios del trabajo al capital por vía del desfinanciamiento del sistema de seguridad social”. Todas estas dimensiones son, en cierto sentido, “una noticia en continuo desarrollo”.
El gobierno nacional ha comenzado el proceso de reglamentación de la ley de reforma laboral, cuya finalización todavía está lejos de consumarse. En paralelo, las organizaciones sindicales han impulsado distintas acciones de resistencia, “ya sea a través de medidas de fuerza, de presentaciones judiciales y de la negociación colectiva”. “Las modalidades fueron variadas”, recordó la entidad de estudios. Finalmente, es posible comenzar a monitorear “si los objetivos declamados al momento de aprobar estas reformas se han plasmado en la práctica”.