La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Córdoba denunció una maniobra de criminalización de la protesta social luego de que la fiscalía a cargo de Ernesto De Aragón presentara el requerimiento de elevación a juicio en la causa abierta por los hechos ocurridos el 28 de agosto frente a la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba.
Desde el sindicato sostuvieron que la investigación judicial se encuentra “plagada de inconsistencias, contradicciones y omisiones deliberadas”, y que el expediente busca justificar un operativo policial que terminó con la detención de dirigentes sindicales, militantes y trabajadores que participaban de una jornada de reclamo social.
Detenciones durante la protesta
Tal como reflejó Data Gremial en su momento, durante la jornada de protesta se desplegó un operativo policial que calificaron desmedido y que derivó en el traslado de varios manifestantes al penal de Bouwer.
Entre las personas detenidas se encontraba Federico Giuliani, secretario general de ATE y de la CTA Autónoma (CTA-A) de Córdoba, quien —según denunció el gremio— permaneció durante 24 horas esposado a la cama de un hospital tras su detención.
También fue detenida Silvia Alcoba, secretaria adjunta de la CTA-A Córdoba, junto a otros militantes y trabajadores que participaban de la protesta frente al organismo municipal.
Desde la organización señalaron además que César Theaux, secretario de Derechos Humanos, se encontraba en el lugar cumpliendo tareas de asistencia legal y se identificó como abogado ante las autoridades. Del mismo modo, el trabajador de prensa sindical Fermín Denipoti se identificó como periodista mientras cubría los hechos.
A pesar de ello, todos terminaron detenidos y trasladados al penal de Bouwer, en lo que ATE Córdoba calificó como un accionar “indiscriminado y arbitrario” por parte de las fuerzas de seguridad.
Críticas a la investigación judicial
En su comunicado, el sindicato cuestionó con dureza el requerimiento de elevación a juicio presentado por la fiscalía al considerar que la acusación se sostiene sobre testimonios contradictorios y hechos que, según afirman, no fueron debidamente verificados.
Entre las irregularidades señaladas por la organización aparece el testimonio de empleados municipales que afirmaron haber observado desde el interior del edificio supuestas acciones realizadas por manifestantes en el exterior.
Según el gremio, esto resultaría materialmente imposible debido a que los vidrios del edificio de la Secretaría de Políticas Sociales se encuentran ploteados, lo que —afirman— impide la visión hacia el exterior.
Además, señalaron que incluso algunos de los propios testigos incorporados por la fiscalía habrían indicado que fueron efectivos policiales quienes colocaron escritorios y otros elementos dentro del edificio, lo que, según el sindicato, contradice el relato de la acusación.
Desde ATE Córdoba también remarcaron que ninguno de los hechos denunciados se encuentra debidamente individualizado en la causa, ya que no se identifica con precisión quién habría realizado cada acción que se intenta imputar.
Un policía que no figura en el expediente
Otro de los puntos que el sindicato señaló como irregular es la ausencia en el expediente de un subdirector de la Policía que, según denunciaron, estuvo presente durante el operativo del 28 de agosto.
De acuerdo con el comunicado, este funcionario apareció en la escena durante la jornada de protesta, pero no fue mencionado en las declaraciones de los efectivos policiales de menor rango ni figura en ninguna parte de la causa judicial.
La organización afirmó que su presencia fue incorporada en la denuncia presentada por el sindicato y cuestionó que la fiscalía no haya avanzado en la incorporación de ese elemento al expediente.
Denuncia de criminalización de la protesta
Para ATE Córdoba, el avance de la causa judicial debe interpretarse en un contexto más amplio vinculado con lo que consideran un intento de disciplinar a las organizaciones sociales, sindicales y populares que se movilizan frente al ajuste y el deterioro de las condiciones de vida.
Desde el gremio sostuvieron que la secuencia que incluyó represión policial, detenciones, traslado al penal de Bouwer y una investigación judicial cuestionada evidencia una estrategia destinada a criminalizar la protesta social.
En ese sentido, advirtieron que el caso podría convertirse en un antecedente para avanzar en la aplicación de políticas orientadas a restringir el derecho a la protesta.
“Defender el derecho a protestar es defender la democracia”, señalaron desde la organización sindical, al tiempo que reafirmaron que continuarán denunciando lo que consideran una persecución judicial contra quienes participan de las protestas sociales.