El secretario general del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP) de la Ciudad de Buenos Aires y Zonas Adyacentes, Facundo Aveiro, publicó una columna de opinión en el portal La Política Online en la que cuestionó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y advirtió que, lejos de resolver los problemas del empleo, podría derivar en un aumento de la litigiosidad judicial.
Bajo el título “Cuando el ajuste se llama modernización”, el dirigente sindical planteó que la iniciativa oficial, presentada como una herramienta para generar empleo y modernizar las relaciones laborales, genera fuertes interrogantes sobre sus consecuencias para trabajadores, empresas y la economía en general.
Dudas constitucionales
En su análisis, Aveiro señaló que distintos constitucionalistas ya advirtieron posibles incompatibilidades entre algunos puntos de la reforma y la Constitución Nacional Argentina. En particular, mencionó cuestionamientos vinculados con el artículo 14 bis, que garantiza derechos como la protección contra el despido arbitrario, la negociación colectiva y el derecho de huelga.
Además, indicó que también existen dudas respecto de la compatibilidad de algunos aspectos de la ley con tratados internacionales que protegen derechos laborales y sociales.
Riesgo de más conflictos judiciales
Para el dirigente, uno de los efectos paradójicos de la reforma podría ser justamente el contrario al que plantea el Gobierno.
“Una ley presentada como solución para la economía podría generar más conflictos judiciales”, advirtió, al considerar que los cambios introducidos en el régimen laboral podrían incrementar la litigiosidad y afectar tanto a trabajadores como a empresas.
Entre los puntos más discutidos mencionó el llamado “banco de horas”, las modificaciones en el cálculo de las indemnizaciones, la ampliación del período de prueba y los cambios en distintas licencias.
Según explicó, el banco de horas permitiría compensar horas trabajadas en distintos períodos en lugar de pagarlas como extras, lo que en la práctica podría implicar una reducción indirecta de los ingresos salariales.
Negociación colectiva y derechos laborales
Aveiro también puso el foco en la prioridad que la reforma otorga a los acuerdos por empresa por sobre los convenios colectivos de actividad.
A su entender, ese cambio podría fragmentar la negociación colectiva y debilitar la posición de los trabajadores frente a los empleadores. Aunque formalmente el convenio de actividad seguiría siendo el marco general, los acuerdos por empresa podrían modificar aspectos clave como adicionales, premios, categorías o jornadas.
Otro de los aspectos que señaló es el posible impacto sobre el principio de ultraactividad de los convenios colectivos, que históricamente permitió que las condiciones laborales sigan vigentes hasta que se firme un nuevo acuerdo.
Nuevas formas de precarización
El dirigente también cuestionó la ampliación de las figuras de trabajo independiente incluidas en la reforma, que permiten que un trabajador autónomo tenga hasta tres colaboradores sin que exista una relación laboral formal.
Para Aveiro, ese mecanismo podría abrir la puerta a nuevas formas de fragmentación del trabajo y fomentar procesos de “monotributización” del empleo.
“El problema es que cuando un trabajador deja de ser considerado empleado también pierde la protección de la Ley de Contrato de Trabajo y de los convenios colectivos”, advirtió.
Debate sobre el modelo económico
En su columna, el dirigente sindical también cuestionó el argumento oficial que sostiene que la flexibilización laboral generará más empleo registrado.
En ese sentido, citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que muestran que cerca del 40% de los trabajadores se desempeña en la informalidad.
Para Aveiro, combatir el trabajo no registrado requiere fortalecer los mecanismos de control estatal y recuperar herramientas históricas de fiscalización laboral, como el sistema de inspecciones que durante décadas supervisó el cumplimiento de la normativa laboral.
El desafío del movimiento obrero
Finalmente, el dirigente planteó que el debate sobre la reforma laboral también obliga al movimiento obrero a repensar su rol.
En ese sentido, sostuvo que los sindicatos deben reforzar su tarea de informar, formar y organizar a los trabajadores frente a cambios legislativos que pueden afectar sus derechos.
“La historia demuestra que ningún derecho laboral fue un regalo. Todos fueron producto de organización y lucha”, concluyó.
Para Aveiro, la discusión de fondo no debería centrarse en cómo recortar derechos para generar empleo, sino en cómo construir un modelo económico que combine desarrollo productivo, trabajo digno y salarios capaces de sostener el consumo interno.