La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que trabajadores nucleados en ATE denunciaran un posible plan oficial para transferir funciones clave a la Gendarmería Nacional y avanzar en una reestructuración que implicaría un severo recorte de las capacidades de control del organismo.
Desde la Junta Interna de Delegados de ATE en la CNRT alertaron que la medida podría significar, en los hechos, un vaciamiento de uno de los entes más sensibles para la seguridad del sistema de transporte argentino.
“El Gobierno pone en riesgo controles esenciales. De llevarse a cabo esta medida, estamos ante una tragedia anunciada”, aseguró Sergio Ros, secretario general de ATE en la CNRT.
Qué controla hoy la CNRT
La CNRT tiene a su cargo la fiscalización del transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional. Entre sus tareas centrales figuran controles técnicos de unidades, verificación de condiciones de seguridad, alcoholemia, descanso obligatorio de choferes y cumplimiento normativo en servicios de pasajeros y cargas.
Su intervención también alcanza situaciones sensibles vinculadas a viajes estudiantiles, transporte turístico, traslados de personas con discapacidad y pacientes que requieren asistencia especial, como niños con cáncer o derivaciones médicas urgentes al Hospital Garrahan.
En la práctica, se trata de controles preventivos destinados a evitar accidentes, irregularidades y riesgos antes de que ocurran.
La denuncia de ATE: transferencia a Gendarmería y vaciamiento
Según denunciaron desde el sindicato estatal, el Ejecutivo analiza derivar parte de las tareas de fiscalización a la Gendarmería Nacional Argentina.
Para los trabajadores, no se trata de un simple cambio administrativo sino de una modificación estructural que dejaría a la CNRT sin funciones estratégicas, especialmente en la fiscalización integral del transporte y en los controles sobre aptitud de conductores de servicios interjurisdiccionales.
Desde ATE sostienen que el traslado de competencias implicaría una pérdida de especialización técnica y un debilitamiento del control estatal.
Los riesgos que advierten los trabajadores
Entre las principales consecuencias señaladas por la representación gremial aparecen:
- Pérdida de controles en rutas provinciales y terminales de todo el país.
- Eliminación de tareas preventivas en viajes estudiantiles y turísticos.
- Reducción de controles psicofísicos y detección de consumo de sustancias en conductores.
- Debilitamiento de la atención a usuarios y resolución de reclamos.
- Impacto en traslados gratuitos garantizados por ley.
- Menor supervisión en el traslado de menores.
- Afectación de herramientas vinculadas a la búsqueda de personas prófugas, víctimas de trata y menores desaparecidos, como la Alerta Sofía.
Además, denunciaron que la reestructuración podría incluir cierre de delegaciones y menor presencia territorial del organismo en distintas provincias.
Dos modelos enfrentados
El conflicto también expone una discusión de fondo sobre el rol del Estado.
Mientras la CNRT es un organismo técnico especializado en regulación, prevención e inspección del transporte, la Gendarmería Nacional cumple funciones ligadas a la seguridad pública y prevención del delito.
Para los trabajadores, ambas estructuras responden a lógicas distintas y no son intercambiables.
“La prevención en transporte requiere personal capacitado, conocimiento técnico específico y presencia constante en puntos estratégicos”, remarcaron desde el sector gremial.
Un sistema bajo presión
La disputa se da en un contexto más amplio de revisión de organismos públicos vinculados al transporte y la infraestructura, en medio de recortes, rediseños institucionales y discusiones sobre subsidios, costos operativos y calidad del servicio.
En ese escenario, cualquier debilitamiento del sistema de control genera alarma entre trabajadores y usuarios.
La pregunta de fondo: prevenir o reaccionar
Desde ATE sostienen que lo que está en juego excede a la CNRT y abre una discusión más profunda: qué tipo de control quiere ejercer el Estado sobre el transporte.
La CNRT representa una lógica preventiva basada en inspecciones técnicas previas, monitoreo constante y capacidad sancionatoria. Su eventual debilitamiento, advierten, podría derivar en un esquema reactivo donde la intervención llegue después del accidente, la irregularidad o la tragedia.
En un país donde millones de personas utilizan diariamente el transporte público y de larga distancia, la advertencia sindical resuena con fuerza.
Por ahora no hay una definición oficial, pero el debate ya está abierto. Y la pregunta que deja planteada ATE es directa: ¿Qué costo tiene dejar de prevenir?