Con apoyo nacional, los nodocentes tucumanos se presentaron ante la justicia para que se garantice el financiamiento de la educación superior, puesta en duda por un decreto del gobierno nacional. La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Tucumán (APUNT) apuntó contra el gobierno nacional, con el objetivo de frenar el decreto 759/2025, al que considera contrario a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso.
Según se informó, el decreto en cuestión “intenta suspender la aplicación de la norma que garantiza el financiamiento de las universidades nacionales y la recomposición salarial del personal nodocente”. Ante esta situación, APUNT recurrió a la Justicia para que la medida sea declarada inconstitucional y nula, al entender que vulnera una ley vigente aprobada por el Poder Legislativo.
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) manifestó su “respaldo y acompañamiento” a la acción judicial presentada por los trabajadores tucumanos. La entidad que lidera Walter Merkis es integrante del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que junto a los rectores nacionales y las organizaciones estudiantes impulsaron esta medida y lograron su aprobación y ratificación, al rechazar el veto presidencial.
Apoyo nacional
Desde FATUN señalaron que esta presentación judicial “se suma a otras acciones impulsadas por distintos actores del sistema universitario, con el propósito de evitar que una ley conquistada quede sin aplicación efectiva”. En ese marco, remarcaron que “ningún decreto puede situarse por encima de una ley ni poner en riesgo el normal funcionamiento de las universidades”.
Asimismo, la federación advirtió que la eventual suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario afectaría directamente los salarios de las trabajadoras y los trabajadores, así como el derecho de la sociedad a acceder a la educación superior pública. “Defender esta ley es defender la universidad pública, el trabajo digno y el futuro del país”, sostuvieron.
La vía judicial
En medio de su larga pelea por conseguir más recursos para el sector, la justicia ya ordenó al gobierno de Javier Milei poner en “plena vigencia” la Ley de Financiamiento Universitario, la herramienta que la comunidad educativa logró aprobar en el Congreso para frenar la motosierra libertaria. Pese al amplio apoyo, en el proyecto de Presupuesto 2026 se puso en una especie de limbo legal la normativa, argumentando que no se establecían de dónde saldrían los fondos necesarios para cumplir con sus requerimientos.
En medio de esta puja, se habilitó la puja judicial, como la que se inició en la provincia de Tucumán. Por eso, FATUN reafirmó “su compromiso con la defensa de la educación pública y de los derechos del sector nodocente, y aseguró que continuará en estado de lucha, apelando a la unidad, la solidaridad y la organización para sostener el sistema universitario nacional”.