La Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación desarrolló este martes una reunión centrada en siete pliegos correspondientes al fuero laboral, entre ellos el del juez que avaló la reforma laboral e intervino la Unión obrera Metalúrgica (UOM). Se trata de Víctor Arturo Pesino, quien cumple 75 años y el gobierno pretende sostenerlo en su cargo cinco años más. El magistrado quedó en el foco de la polémica por manifestarse a favor de reponer la Ley de Modernización Laboral, además de avalar la maniobra sobre el gremio metalúrgico. Por esto, tuvo la oposición de la CGT y otros gremios, además de los cuestionamientos de parte de la oposición.
El gobierno pide un nuevo nombramiento por cinco años para Pesino, para que se mantengan como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII, dado que debía jubilarse al cumplir en junio 75 años. Una de las impugnaciones corresponde a la central obrera ya que Pesino junto a la camarista María Dora González dejaron en suspenso el fallo del juez Horacio Ojeda que dictó una cautelar a favor de la CGT para suspender 81 artículos la reforma laboral. Por ese motivo, la CGT presentó una impugnación y lo mismo hizo el sindicalista Abel Furlán ya que su gremio fue intervenido al considerar que hubo irregularidades en esa elección, en especial en la seccional Campana, por el cual había sido electo el gremialista objetado por la justicia.
Los camaristas Pesino y María Dora González señalaron que no se garantizó "una elección confiable, segura ni transparente”. En esa ocasión, los jueces remarcaron que la extensión de la elección durante tres días y la ausencia de escrutinios provisorios diarios y públicos, como exige el estatuto de la UOM y el decreto reglamentario 467/88, imposibilitaron corroborar la autenticidad de los votos y la seguridad del sufragio. Otra de las impugnaciones es del abogado laboralista Pablo Gastón Llopart, quien objeto al camarista al señalar que " tiene un récord de 2.700 expedientes acumulados sin resolución y una demora estructural de aproximadamente dos años en el dictado de sentencias -cuatro veces el plazo legal de 60 días hábiles-".
Postura del peronismo
En tanto, los cuestionamientos del peronismo tuvieron relación al hecho de que al día siguiente de su fallo fue incluido su pliego por parte del Ejecutivo para extender su mandato judicial. También le reprocharon un fallo suyo que dispuso la intervención de una seccional de la Unión Obrera Metalúrgica. A la hora de las preguntas, el senador Mariano Recalde se centró en Pesino, y varias de sus preguntas giraron en torno a su pronunciamiento sobre la vigencia de la Ley de Modernización Laboral, que el magistrado justificó entre otras cosas en que tuvieron en cuenta que la Corte Suprema en 2015 sostuvo, en el fallo Thomas, sobre la Ley de Medios, que “ningún juez de la Nación podía impedir la entrada en vigencia de una ley en general. Y así como tiene la posibilidad de impedir la entrada en vigencia de una ley, tampoco puede dictar una ley suspendiendo sus efectos”.
“Además, no había un caso, sino un planteo genérico de la CGT contra el Estado nacional”, sostuvo, aclarando que de todos modos esa discusión estaba “zanjada” porque “la justicia Contencioso Administrativa Federal revocó esa cautelar y la CGT ha apelado, y tengo entendido que no llegó siquiera a la Cámara Federal”. Recalde le preguntó luego sobre la “industria del juicio” y si creía que hay una connivencia entre jueces y abogados. Tras aclarar que no correspondía que opinara sobre ese tema, dijo creer que “los juicios existen porque hay conflictos y los mismos se generan a partir de normas que habilitan o habilitaban la posibilidad de reclamar indemnización u otros tipos de rubros que podrían ser objeto de reclamos de los trabajadores”. Y finalmente negó que a su juicio exista una industria del juicio: “Existiría si estuviesen todos los juicios concentrados en dos o tres estudios, cosa que no existe. Es producto de que hay conflicto entre los trabajadores y los empleadores”.
Defensa
Luego fue el turno del propio Pesino, quien señaló que desde que fue designado juez de primera instancia, debe haber dictado mucho más de 5 mil sentencias y dijo haberse jactado siempre de plegarse a la Constitución, respetar los derechos humanos, resolver teniendo presente una perspectiva de género, y también cumplir con lo que juró en su momento: desempeñar el cargo de acuerdo con lo que establece la Constitución Nacional. El mes que viene cumplirá 75 años y dijo sentirse “apto” para seguir desempeñándose como magistrado.
Pesino ingresó a la Justicia del Trabajo a los 19 años, en 1971, y fue designado secretario en 1981. Reconoció como su maestro al doctor Jorge Guillermo Bermúdez, que le abrió caminos en el fuero y en lo que hace al Derecho del Trabajo. En 1989 juró como juez de Primera Instancia del Trabajo, designad por Raúl Alfonsín, y luego de 20 años concursó para llegar a la Cámara, cosa que logró en 2011, designado entonces por Cristina Kirchner.