La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) protagonizó un nuevo paro de actividades este martes en el marco de un conflicto que se extiende por segundo mes consecutivo en reclamo de mejores salarios y en defensa del 82% móvil.
El secretario general de AJER, José María Chichi Segura, señaló que “continuamos con el paro” y reveló que hicieron “el relevamiento sobre su impacto". “Venimos realizando esta medida una vez por semana con un altísimo acatamiento, de cerca del 90%”, afirmó.
Segura afirmó que “el conflicto sigue siendo principalmente el salarial, necesitamos que se nos recomponga el salario”.
Críticas al Ejecutivo provincial
A su vez, agregó que el gobierno provincial, encabezado por Rogelio Frigerio, quiere modificar la Caja de Jubilaciones de la provincia a través de un proyecto de Ley que busca aprobar. “Lo que quieren es transformar la Caja en el ANSES, es decir jubilaciones del 60%, atacando el sistema que tenemos hoy que mantiene el 82% Móvil”, expresó Segura.
Igualmente, recalcó que “los judiciales vamos a seguir firmes en la defensa de nuestro salario y de jubilaciones dignas, como lo venimos demostrando”, al tiempo que adelantó que “por eso el jueves 9 de abril continuaremos con la medida e iremos profundizando nuestro Plan de Lucha hasta ser escuchados”.
Muestra de solidaridad
En otro orden, la Federación Judicial Argentina (FJA) expresó su más enérgico repudio frente a los intentos de estigmatización lanzados por el diario sanjuanino Zonda contra el trabajador judicial Fernando Belert y rechazó “cualquier eventual sanción disciplinaria laboral a raíz de su participación en una actividad pública de carácter ambiental realizada en la Universidad Nacional de San Juan”.
En un comunicado, la FJA recalcó que “su participación en una actividad pública de carácter ambiental no puede ser motivo de persecución ni de sanción”. “La libertad de expresión, la participación ciudadana y el derecho a intervenir en debates públicos son garantías fundamentales”, explicó.
Opinó que resulta grave que se intente instalar que estas acciones pueden “condicionar” la voluntad de un magistrado. “Eso no solo es infundado, sino que pone en cuestión la independencia judicial”, comentó.
Finalmente, sentenció que “defender el ambiente, el agua y los bienes comunes no es una falta: es un derecho y un deber cívico”.