La embestida judicial contra Maximiliano Cabaleyro sufrió un revés contundente. El Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás absolvió este miércoles al titular del Sindicato de Camioneros local de los cargos de extorsión y turbación de la posesión por los que era juzgado a raíz de una protesta realizada en febrero de 2021 frente a la distribuidora Rey, en San Pedro. El juez Alejandro López consideró que impedir el acceso a la empresa durante cinco días fue parte de una protesta sindical legítima y no un bloqueo.
La resolución también alcanzó a otros seis imputados que llegaron a juicio. Además, el magistrado ordenó la inmediata liberación de Cabaleyro, quien permanecía bajo arresto domiciliario desde su detención en abril de 2022. La decisión representa un duro golpe para la ofensiva del autodenominado Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB), espacio vinculado a la dirigente política exmacrista y actual senadora provincial libertaria Florencia Arietto, que convirtió el conflicto laboral en una causa penal contra representantes sindicales.
El fallo desestimó el pedido de la fiscalía, que había solicitado diez años de prisión efectiva para Cabaleyro, la inhabilitación por el mismo período para ejercer cargos públicos y la revocación del arresto domiciliario. Los abogados de la familia Rey habían reclamado una pena todavía mayor: quince años de cárcel.
Aunque el texto completo de la sentencia todavía no se había difundido, la conclusión del tribunal fue categórica en un punto central: la protesta que dio origen al expediente fue considerada legítima. La decisión judicial deja así en evidencia la gravedad de una causa que mantuvo durante años a un dirigente sindical bajo la amenaza de una condena de extrema severidad por un conflicto vinculado con la representación de los trabajadores.
Una causa impulsada por el MEAB y la ofensiva de Arietto
El expediente se originó en una disputa por el encuadramiento sindical de los trabajadores de Distribuidora Rey. Camioneros reclamaba que los empleados de la firma dejaran de estar encuadrados en Comercio y pasaran a su ámbito de representación. La empresa denunció un bloqueo y la causa avanzó hasta llevar a Cabaleyro y a otros representantes gremiales al banquillo de los acusados.
La intervención del MEAB, referenciado políticamente en Arietto y convertido en uno de los principales impulsores de las denuncias contra las protestas sindicales, ubicó el caso en el centro de una disputa más amplia: la pretensión de criminalizar las medidas de fuerza y presentar la acción gremial como un delito. El desenlace judicial constituye un revés para esa estrategia, que busca restringir las herramientas de presión de los trabajadores frente a los conflictos con las patronales.
La absolución no borra los años de proceso ni el tiempo que Cabaleyro pasó privado de su libertad ambulatoria. Tampoco puede separarse de un contexto en el que las denuncias por supuestos bloqueos se utilizan para llevar las disputas laborales al terreno penal, con la posibilidad de que una protesta termine en pedidos de prisión de dos cifras.
El respaldo de Hugo y Pablo Moyano
Desde el comienzo de la causa, la conducción nacional de Camioneros denunció una persecución contra la organización sindical y salió a respaldar a los dirigentes de San Nicolás. En abril de 2022, cuando la Justicia ordenó la detención de Cabaleyro y Fernando Espíndola, Hugo Moyano viajó a la zona y calificó las detenciones como “un disparate” y “una aberración”.
En aquella oportunidad, el histórico dirigente camionero cuestionó el desprecio hacia los trabajadores y apuntó contra sectores de la Justicia por su actuación en el expediente. El gremio también desplegó medidas de fuerza, una caravana y protestas frente a la sede judicial para exigir respuestas por la detención de sus representantes.
Hugo Moyano fue categórico al rechazar la acusación: “Desmentimos categóricamente que haya habido un bloqueo”, sostuvo durante una conferencia de prensa. También advirtió que el sindicato estaba dispuesto a defender a sus trabajadores frente a lo que consideraba una ofensiva política y judicial.
Pablo Moyano, por su parte, había viajado a San Pedro para expresar su respaldo a Cabaleyro y denunció que se intentaba disciplinar a la organización por defender derechos laborales. “Nadie va a doblegar a nuestra organización sindical”, afirmó entonces. También sostuvo que al dirigente local se lo acusaba por “luchar y defender a los trabajadores”.
Las declaraciones y las protestas de aquellos días expresaron la preocupación del sindicato por el precedente que podía sentar el expediente: que una disputa por la representación de los trabajadores terminara con dirigentes detenidos y expuestos a condenas de hasta quince años de prisión.
Una absolución que golpea el discurso antibloqueos
El juicio quedó concentrado en Cabaleyro, ya que Fernando Espíndola no participó de esta instancia tras acordar un procedimiento abreviado a comienzos de septiembre. Ese entendimiento entre el imputado, la fiscalía y su defensa todavía aguardaba la homologación judicial y podría derivar en una pena máxima de seis años de prisión.
La absolución de Cabaleyro y de los otros seis acusados marca un desenlace decisivo en una causa que se extendió durante años y que tuvo como consecuencia la detención de dirigentes gremiales por un conflicto laboral. El tribunal entendió que la conducta juzgada se inscribió en una protesta sindical legítima, una definición que contradice el encuadre de bloqueo del que partió la acusación.
Para Arietto y el MEAB, que impulsan una agenda de endurecimiento contra las medidas de fuerza, el fallo representa un golpe político y judicial. Para Camioneros, en cambio, la absolución constituye una victoria frente a una causa que el sindicato denunció desde el primer momento como un intento de amedrentar a la organización y desalentar la defensa colectiva de los derechos laborales.