La resolución de la Justicia Federal que levantó la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) y restituyó su control a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) constituye un duro golpe político para el Gobierno nacional y un freno concreto a su avanzada sobre las organizaciones sindicales.
El fallo del juez Sebastián Casanello puso fin a una intervención que nunca logró sostenerse en hechos ni resultados y que tuvo como blanco a la segunda obra social más grande del país, con más de 600 mil afiliados. El control de OSPRERA no fue un detalle administrativo: fue una pieza central en la estrategia oficial de disciplinamiento y sometimiento del entramado sindical.
Una intervención política, no sanitaria
Desde el inicio, la intervención fue presentada como una medida excepcional para “ordenar” la obra social. Sin embargo, con el correr de los meses quedó expuesto que no hubo mejoras en la atención, ni transparencia, ni beneficios para los afiliados. Por el contrario, se multiplicaron las denuncias por deterioro del servicio y desorganización.
La Justicia terminó confirmando lo que el gremio venía denunciando: no existieron avances judiciales que justificaran una medida extrema como el desplazamiento del directorio elegido democráticamente por los trabajadores.
UATRE: “La obra social vuelve a manos de sus verdaderos dueños”
Tras conocerse el fallo, el gremio que conduce José Voytenco celebró la restitución y apuntó directamente contra el sentido político de la intervención. En un comunicado, el sindicato sostuvo que la resolución “restituye la obra social a sus verdaderos dueños: las trabajadoras y los trabajadores rurales”.
Además, fue contundente al afirmar que “no había motivos reales para intervenir OSPRERA” y que la medida respondió a una decisión política que nada tuvo que ver con la salud de los afiliados.
Denuncias de corrupción y negocios bajo tutela estatal
La intervención quedó además manchada por numerosas denuncias de corrupción, con contratos y vínculos empresariales que salpicaron a figuras cercanas al poder, entre ellas a un socio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Lejos de transparentar la gestión, la tutela estatal sobre OSPRERA abrió la puerta a negocios opacos y decisiones sin control de los afiliados.
Desde UATRE lo sintetizaron sin eufemismos: “Mientras acusaban sin pruebas al gremio, hacían negocios con la obra social y empeoraban el funcionamiento del sistema”.
Un límite a la avanzada antisindical
Más allá del caso puntual, el fallo tiene un peso político ineludible. La restitución de OSPRERA funciona como un límite institucional frente a un Gobierno que ha hecho del ataque a los sindicatos una política sistemática, avanzando sobre convenios, representación gremial y estructuras de protección social.
La intervención de una obra social de esta magnitud fue un mensaje disciplinador al conjunto del movimiento obrero. Su caída expone no solo la debilidad de los argumentos oficiales, sino también el fracaso de una estrategia de confrontación permanente con los trabajadores organizados.
“La lucha continúa”
UATRE advirtió que la recuperación de OSPRERA no borra los daños provocados. “Recibimos una obra social deteriorada, con problemas graves que no generamos nosotros”, señalaron desde el gremio.
El comunicado cerró con una definición que marca el rumbo de lo que viene: “Este fallo es una victoria de los trabajadores, pero la lucha continúa. Vamos a defender la autonomía sindical y el derecho de los trabajadores rurales a una salud digna”.
La Justicia habló. Y esta vez, el revés fue para el Gobierno.