En medio del avance del Gobierno nacional sobre los derechos laborales y del anuncio de una reforma que flexibiliza las relaciones de trabajo, el diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó un proyecto para modificar la Ley de Empleo Público (N° 25.164) y establecer por ley la indemnización ante despidos injustificados, además de garantizar la estabilidad para quienes llevan más de una década trabajando de manera ininterrumpida en el Estado sin haber sido concursados.
“La situación es insostenible: el Estado exige al sector privado pagar indemnizaciones luego del período de prueba, pero él mismo despide trabajadores con 5, 10 o hasta 28 años de antigüedad sin reconocer ningún derecho”, advirtió Valdés al fundamentar la iniciativa.
El legislador señala que desde diciembre de 2023 ocurrió una ola de despidos sin causa en diversas áreas del sector público, muchos de ellos de trabajadores con extensas trayectorias laborales que continuaban contratados bajo regímenes transitorios, precarios o excepcionales.
Una respuesta legislativa a los fallos de la Corte
El proyecto se sustenta en los principios constitucionales de igualdad ante la ley y protección contra el despido arbitrario (arts. 14 bis y 16), pero sobre todo en una línea reiterada de fallos de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el uso abusivo de contratos temporales para eludir derechos laborales.
En concreto, la propuesta establece que:
- Tras cuatro años de servicio continuo, cualquier trabajador contratado en modalidad temporaria tendrá derecho a la misma indemnización que el personal de planta permanente si es despedido sin causa.
- Tras diez años de trabajo ininterrumpido, y si el Estado no realizó los concursos correspondientes para su pase a planta, el trabajador adquirirá automáticamente la estabilidad, sin necesidad de acto administrativo alguno.
“Este proyecto es una respuesta a lo que la Corte Suprema ya dijo: el Estado no puede despedir como si fueran eventuales a trabajadores que hace años cumplen funciones permanentes. Es tiempo de reparar esa injusticia”, sostuvo Valdés.
Retroactividad para proteger a los despedidos desde diciembre de 2023
La propuesta incluye una cláusula transitoria que aplicaría la indemnización de manera retroactiva a los despidos ocurridos desde el 10 de diciembre de 2023. El objetivo es evitar una ola de litigiosidad que, según el propio diputado, “tarde o temprano terminarían con el Estado condenado” debido a la jurisprudencia vigente.
Valdés impulsa una ley para garantizar indemnización y estabilidad a trabajadores despedidos del Estado by Matías Tagliani
Contra la precarización estructural y la flexibilización laboral
Valdés enmarca su proyecto en la crisis laboral generada por las políticas económicas del gobierno de Javier Milei: “Los trabajadores del sector público y privado no son los culpables de la situación económica. Es la recesión y el ajuste lo que deteriora el empleo, las pymes y el mercado interno”, afirmó.
El diputado recordó el fracaso de la flexibilización laboral en el año 2000 y rechazó que el recorte de derechos sea una salida posible. Sobre el sentido del trabajo, citó al Papa Francisco: “El trabajo no debería ser sólo una fuente de ingresos, sino una forma de construir dignidad, comunidad y sentido”.
Amplio respaldo legislativo
La iniciativa cuenta hasta el momento con el acompañamiento de numerosos diputados: Hugo Yasky, Leandro Santoro, Lorena Pokoik, Santiago Cafiero, Carolina Gaillard, Mónica Macha, Hilda Aguirre, Varinia Marín, Nancy Sand, María Luisa Chomiak, Jorge Araujo, Eugenia Alianello, Jorge Romero, Natalia Zabala Chacur y Ana María Ianni.