Trabajadores de la Agencia de Recaudación y Control Fiscal (ARCA), ex AFIP, denunciaron que no les abonaron el aguinaldo en tiempo y forma y arremetieron contra el titular de la entidad, Juan Pazo, al que acusaron de “no tener palabra”. A través de un comunicado interno, el ente señaló que abonarán el Sueldo Anual Complementario junto a los haberes del mes de junio, el 1º de julio.
La decisión desató la furia de los tres gremios más importantes del organismo recaudaron: la Unión Personal Superior de la AFIP (Upsafip), la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip) y el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (Supara) ya manifestaron su rechazo ante el cambio.
Según autoridades de ARCA, la suspensión del pago del aguinaldo se debe a la reducción de la recaudación tributaria en mayo, en el que se evidenció una baja real del 18% con respecto al mismo mes del 2024.
Igualmente, un alto directivo del sindicalismo en ARCA consideró que también impactó el retraso en el blanqueo de los dólares no declarados al sostener: "Por ahora no hay perdón fiscal, nunca arrancó el Plan Colchón, y la recaudación se desplomó un 18%. Nos iban a pagar el aguinaldo el 24 de junio, este martes, y nos mandaron comunicación diciendo que lo van a pagar en julio. Es todo verso que crece la recaudación, los ingresos, el equilibrio fiscal. Los hechos tapan las palabras".
¿A quiénes perjudica?
En tanto, Upsafip, que preside Julio Estévez, informó en un comunicado que la postergación del pago del aguinaldo es una "clara violación al artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo, la número 20.744 que taxativamente indica que debe pagarse en el mes en curso".
El gremio, que nuclea a empleados calificados, abogados, contadores, ingenieros, economistas, entre otros, alertó que "3000 agentes menos que se fueron en jubilaciones y retiros, con una dirección general disuelta, la de Recursos de la Seguridad Social, con casi 600 jefaturas menos entre DGI y DGA y áreas centrales".
La organización gremial señaló que el ARCA es una repartición autárquica financiera y económicamente, "donde ingresa por ley el 1,9% de todo lo que se recauda y ese dinero sólo puede gastarse en ARCA y en ningún otro lado más".
Además, apuntó que "no se invirtió en absolutamente nada, estando en ruinas las oficinas y los rodados sin insumos básicos, trabajando con equipo informático obsoleto y sistemas de hace diez años".
En ese sentido, la Uspafip enfatizó que "la pregunta es inevitable: ¿Dónde está la plata en ARCA? ¿Qué excusa hay para violar la ley? ¿Qué están haciendo con los miles de millones que pagan los contribuyentes?".
“No hay absolutamente ninguna razón jurídica ni material para violar la ley”, remarcó el gremio, que agregó que esos interrogantes se trasladarán a la prensa y a los juzgados federales.
Asimismo, recalcó que los fondos del ARCA "son dineros públicos; su malversación o uso indebido tipifica uno o varios delitos del Código Penal".
El comunicado firmado por Estévez y decenas de dirigentes sindicales llamaron la atención a Pazo de que "no se trata de un día más o menos; los contribuyentes tampoco tienen la potestad de pagar cuando quieren sus impuestos, se trata de cumplir o no la ley".
Malestar en el personal
En tanto, Supera observó que "cada compañero y compañera organizó su vida en base a ese compromiso. Pero, sin previo aviso ni explicación, el 19 de junio esa información desapareció del sistema SARHA y ARCA anunció que se pagará recién el 1 de julio. Este tipo de decisiones improvisadas y unilaterales no son solo una falta de respeto: son un golpe directo al esfuerzo de miles de trabajadores que sostienen, con compromiso y profesionalismo, el funcionamiento diario de la Aduana Argentina".
Por su parte, Aefip profundizó más la crítica al hacer hincapié que ARCA "tiene un superávit operativo multimillonario que está inadvertido financieramente. Y hay plata, pero está acumulando intereses y no podemos dejar de pensar que han decidido bicicletear una semana más con nuestros ingresos". Y responsabilizó a su titular: "Pazo sigue mostrando que no tiene palabra".
La entidad, que dirige Mariano Dahlman, denunció "un nuevo atropello al bolsillo de los trabajadores" y dijo que "resulta inentendible la decisión, a la vez que roza la ilegalidad, ya que la fecha límite de pago según la ley de contrato de trabajo es el 30/6 de cada año".
A modo de cierre, sumó a este conflicto el fin de las paritarias, "a las bajas de alícuotas del Fondo de Jerarquización, al desguace permanente de organismos con cierres de distritos y o receptorías, reestructuras sin fin y retiros voluntarios".