Una jornada de protesta en la empresa Rey Distribución de San Pedro , ocurrida a comienzos del 2021, que llevó adelante el sindicato de Camioneros, se convirtió en una causa penal y un pedido de detención de los líderes gremiales del sindicato acusados ​​de "turbación de la posesión" y "extorsión" (presunto pedido de coimas).

Se trata de Maximiliano Cabaleyro , delegado regional de Camioneros y de la CGT y concejal del Frente de Todos en San Nicolás, y Fernando Espíndola , también representante del gremio de choferes. La denuncia penal fue radicada en la Comisaría y recayó en la Fiscalía Nº 7 que conduce María del Valle Viviani.

En tanto, la detención no se hizo efectivo ya que se realizó un pedido de eximición de prisión por parte de los acusados. Se trata de un recurso legal que deja la detención en suspenso hasta que se conoce el fallo de la Cámara respecto a la solicitud planteada por la defensa de los involucrados.

Denuncia de criminalización de la protesta

En este marco, desde el sindicato aseguraron que se trata de un disparate y la medida "no tiene razón de ser". "Jamás se puede detener a un sindicalista en el ejercicio de funciones. Es como detener a un periodista porque ejerza su profesión" apuntaron.

Por lo que acusaron al "lafware" político- judicial, encabezado por el "Procurador Julio Conte Grand" contra los movimientos sindicales y la criminalización de la protesta. En tanto, este jueves, la conducción de Camioneros, liderada por Pablo Moyano, se hará presente en San Nicolás para respaldar a los sindicalistas. 

La denuncia contra la empresa “Rey Distribución”

A principios de 2021, Camioneros realizó una protesta en la puerta de la empresa de alimentos “Rey Distribución” por irregularidades en las condiciones de trabajo de los empleados. Sin embargo, la empresa denunció a los gremialistas amparados por el Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB), quien denunció que los manifestantes impedían el ingreso y egreso de los camiones. El hecho es un grave ataque al derecho a la protesta.

Se trata de un ataque al derecho a la protesta, que cuenta con el apoyo de la jueza Maiztegui y el autodenominado "Movimiento Empresarial Antibloqueos". Con esta medida buscan sostener la impunidad de las patronales y criminalizar las luchas obreras.

En tanto, la investigación fue llevada a cabo por la fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, a quien el Juez de Garantías le avaló el pedido de detención.