Lejos de cumplir la orden judicial de poner en pleno funcionamiento una ley nacional, el gobierno decidió tensar más la relación con los docentes y nodocentes universitarios, al enviar una intimación respecto de las medidas de fuerza que se llevan adelante en todo el país. Según expresaron en un pronunciamiento público, la cartera que conduce Sandra Pettovello envió una nota a las casas de estudio que, a su entender, implica un intento de “perseguir a trabajadores y trabajadoras” por ejercer el derecho constitucional a huelga. En ese sentido, remarcaron que “parar es un derecho, incumplir la ley es un delito”.
El reclamo se inscribe en la controversia por la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo cumplimiento —afirman— acumula meses de demora. Desde el sector sindical sostienen que esta situación se combina con un “desfinanciamiento” del sistema público de educación superior. En el documento, también se reivindica la autonomía universitaria vigente desde la Reforma de 1918 y el carácter democrático y de cogobierno de las instituciones. “En las universidades estamos de paro justamente en defensa del derecho a la educación superior”, señalaron los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales.
Asimismo, los gremios consideraron que la medida de fuerza continúa siendo una “herramienta efectiva de presión frente al Gobierno nacional, al que acusan de afectar el funcionamiento del sistema universitario público”. En ese contexto, convocaron a una nueva movilización para el próximo 12 de mayo, bajo la consigna de una Marcha Federal Universitaria. La convocatoria prevé concentraciones en plazas de todo el país con el objetivo de visibilizar el reclamo en defensa de la educación pública, la ciencia y la democracia.
Marcha universitaria
El Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el frente gremial ya convocaron a una nueva marcha federal para el 12 de mayo con eje en el cumplimiento de la ley y en la situación salarial. En Balcarce 50 admiten que una nueva movilización masiva puede volver a colocar el tema en el centro de la agenda pública.
Del lado universitario, fuentes cercanas a la conducción aseguran que la cámara ya le dio intervención al Consejo Interuniversitario Nacional sobre la apelación y que tiene diez días hábiles para responder. Recién después de esa etapa el tribunal definirá si concede o no el recurso para que intervenga la Corte. En ese esquema, cerca de los rectores remarcan que el oficialismo todavía no está obligado a cumplir la sentencia porque el juzgado suspendió “por el momento” la ejecución de la cautelar mientras se resuelve el planteo extraordinario.
El secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci, afirmó: “Estamos ante una situación límite. Sin salarios dignos y sin financiamiento adecuado, se pone en riesgo el futuro de la universidad pública. Por eso convocamos a una gran marcha federal que exprese en las calles el reclamo de toda la comunidad universitaria”. Y agregó: “En un sistema democrático, el cumplimiento de la ley no es opcional. El Gobierno tiene la obligación de garantizar el financiamiento de las universidades y convocar de manera urgente a paritarias para recomponer el salario docente”.
Paro en la UBA
En tanto, la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), que agrupan a trabajadores del ámbito universitario, anunciaron un paro en esa universidad luego de que el Ministerio de Capital Humano difundiera el comunicado en el que atribuyó a los docentes la responsabilidad de “no garantizar el derecho a la educación frente a las reiteradas huelgas”.
En un documento conjunto, las organizaciones sindicales expresaron: “Desde el primer día de su mandato, el Gobierno inició el desarrollo de una política de pauperización de los salarios y de asfixia del funcionamiento de las universidades públicas. En esa línea y con su acostumbrada dosis de cinismo solicita ‘un plan de contingencia para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios’”.
Además, remarcaron: “Al mismo tiempo, profundiza la crisis de la educación superior, con la definición unilateral de salarios que pierden mes a mes con la inflación y con el incumplimiento absoluto de la Ley de financiamiento Universitario, ordenada ya en dos oportunidades por el poder judicial”. El conflicto vuelve a exponer la tensión por el financiamiento universitario y la pérdida salarial, en un escenario donde las medidas de fuerza se repiten y el diálogo entre las partes sigue sin avances concretos.