Los jerárquicos de la industria del gas llegaron a un principio de acuerdo con la Empresa de Servicios Casildenses SAPEM, y luego de varios días de retención de tareas se levantó la retención de tareas. Según informaron desde la Asociación Personal Jerárquico del Gas (APJ-Gas), una asamblea realizada con los trabajadores de la firma de la localidad de Casilda aprobó “suspender la retención de tareas para discutir medidas concretas de seguridad e higiene”, con el objetivo de avanzar en “un diálogo integral para encontrar una alternativa de mejora salarial”, con la distribuidora del servicio del gas en esta localidad de cuarenta mil habitantes, del sur de la provincia de Santa Fe.
Así el sindicato que conduce Rubén Ruiz, abre otra etapa de la discusión luego que la empresa comunicara que “se encuentra dispuesta a atender todo tipo de reclamo formulado por los trabajadores siempre y cuando se levanten las medidas de fuerza”. Antes de este acuerdo, el gremio logró reunirse con el intendente local, una de las llaves para conseguir destrabar la situación de crisis.
Por eso mismo el gremio aclaró que “los trabajadores apuestan al diálogo como herramienta superadora a un conflicto que sigue abierto y que se puede resolver”, reafirmando según un comunicado oficial, “que esta suspensión es una oportunidad para resolver un conflicto que no finalizará hasta la resolución de los pedidos largamente fundamentados y cuyo resultado deberá conformar a todas las partes intervinientes”.
Pedidos pendientes
De hecho además de la discusión salarial, el reclamo incluye el cumplimiento “de las medidas de Seguridad e Higiene por parte de la empresa”, en lo que según APJ-Gas viene denunciando, aún “no hubo avances”. SAPEM, según especifica la propia empresa es una sociedad mixta donde “el Estado -en este caso, municipal-, posee más del 50 por ciento de las acciones, pero que en su funcionamiento se rige por las normas de una sociedad anónima tradicional”.
“Esto significa que aunque el Estado tiene un papel principal, la empresa opera con ciertas características de una entidad privada, como la posibilidad de generar ingresos y ser gestionada de manera más ágil”, según explican sus accionistas privados. Por lo que este conflicto, además de involucrar a la patronal con los trabajadores, también determina una decisiva participación de los gobiernos municipales y provinciales, ya que está en riesgo la provisión del servicio de gas a gran parte de la población casildense.
Varias negociaciones
El reclamo de los trabajadores de la firma busca mejores condiciones laborales y salariales. La semana pasada, los empleados llevaron adelante una protesta frente al edificio municipal. A través un documento dirigida a la comunidad, los empleados detallaron que se encuentran realizando una “retención de tareas” debido a la falta de respuestas de la empresa a distintos planteos que, según expresaron, vienen realizando desde hace más de seis meses. En este contexto, la dirigencia sindical se reunió con el intendente de Casilda Guillermo Franchella, para buscar una solución.
Según informaron desde APJ-Gas, la reunión con Franchella se “desmenuzó todos los pasos dados durante el conflicto y las causas que lo motivaron”. “Hubo coincidencia en que las partes deben encontrar puntos en común para superarlo”, agregaron. La APJ- Gas expuso que esa intención “se vio interferida permanentemente por la actitud empresaria que fue interponiendo escollos que contrarían la voluntad negociadora de los trabajadores”.