El Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), informó a sus afiliados y familiares de la ciudad de Santa Fe, la recuperación del edificio y los alrededores en el que funciona la Obra Social sindical.
“Hemos encontrado un edificio que ha sido vaciado casi en su totalidad, sin insumos, ni mobiliarios y se han llevado hasta las computadoras que se encontraban afectadas para el servicio a afiliado y grupo familiar”, explicaron.
Por otra parte, desde el gremio que conduce Roberto Fernández resaltaron que “ya empezamos a implementar la atención presencial en la Obra Social para todos nuestros afiliados”.
A su vez, el gremio calificó como “deleznable” el accionar de estos “personajes nefastos” que buscaron “obtener un beneficio político a costa de salud de los afiliados y nuestras familias, incrementando las demoras y la desatención de las familias de la UTA que necesitaban realizar trámites sobre prestaciones médicas y no podían hacerlo”.
Aclaración en relación a la sede de la obra social
La sede de la obra social en Santa Fe fue usurpada violentamente, vaciada y se cambiaron todos los sistemas de seguridad, aunque nunca fue intervenida aclararon desde la conducción nacional de la UTA.
Por ello, el Consejo Directivo Nacional realizó “todas las acciones penales pertinentes” ante semejante “acto de irresponsabilidad y desinterés por los afiliados, la salud y la vida de nuestras familias”.
El episodio se enmarca en un conflicto que lleva tiempo. En ese sentido y tal como informó a principios de este mes Data Gremial, la UTA había denunciado ante la Justicia que se habían producido hechos de violencia en la sede sindical de la seccional Santa Fe.
En ese contexto responsabilizaron por las acciones a personas pertenecientes al sector desplazado de la seccional, al mando de Osvaldo “Lele” Agrafogo. Además, consideraron que actuaron con el respaldo y en connivencia con la agrupación opositora de Fernández, llamada “Juan Manuel Palacios” y que lidera Miguel Bustinduy.
La conducción nacional de la UTA había intervenido la seccional el miércoles 17 de agosto debido a una “gran cantidad de hechos” que fueron “calificados como irregularidades en el cumplimiento de las funciones sindicales”, y designó como interventores a Jorge Kiener y a José Luis Arcando.
Además, fuentes del gremio destacaron que se descubrió la utilización de un sistema de bonos paralelos en la obra social de la entidad, que además de resultar una maniobra fraudulenta, provocó un pésimo funcionamiento de prestaciones con abandono de consultas, de moras y falta de respuesta a los afiliados.
Todas estas denuncias, al igual que las acusaciones por la usurpación que se perpetró a principios de septiembre, fueron presentadas ante la Justicia y son materia de investigación.