A pocos días de que la comunidad educativa protagonice una nueva marcha universitaria, que s espera sea multitudinaria, la justicia comenzó a definir el camino legal del reclamo por la ley que el gobierno se niega a cumplir. Ayer jueves, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió conceder el recurso extraordinario presentado por la gestión de Javier Milei lo que habilita formalmente el traslado del expediente por la Ley de Financiamiento Universitario a la Corte Suprema de Justicia. La decisión fue suscripta por los jueces Sergio Gustavo Fernández y José Luis López Castiñeira, y se refiere específicamente a los artículos de la ley vinculados con los salarios de docentes y nodocentes universitarios y la actualización de becas estudiantiles. La cautelar vigente, que obliga al Estado a cumplir con esas disposiciones, permanece en pie mientras la Corte decida si acepta intervenir.
En el Frente de Sindicato de Universidades Nacionales, la resolución no es leída como “un retroceso” pero sí como el inicio de” una etapa más extensa y compleja”. Referentes de este espacio señalaron que el hecho de que la cámara haya rechazado los argumentos centrales del gobierno “da sustento jurídico a la posición de las universidades de cara a la instancia ante la Corte”. Al mismo tiempo, advirtieron que la demora que introduce este proceso mantiene en suspenso la ejecución inmediata de las transferencias previstas por la ley.
En ese marco, adquiere especial relevancia la Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo 12 de mayo, impulsada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales —integrado por FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FATUN, FAGDUT, CTERA y UDA— junto a la Federación Universitaria Argentina y distintos espacios interclaustros. Mientras la disputa se traslada a la Corte Suprema, el gobierno trabaja en paralelo en una estrategia de pagos graduales y escalonados durante 2026 para evitar desembolsos retroactivos, y explora la posibilidad de impulsar nueva legislación que modifique el esquema de financiamiento vigente.
Fundamentos
El tribunal fundamentó la concesión del recurso en que el expediente involucra la interpretación de normas federales sobre administración y ejecución presupuestaria. Sin embargo, rechazó los argumentos de mayor peso que había esgrimido el Ejecutivo: desestimó el planteo de arbitrariedad —sosteniendo que el Estado apenas expresó una discrepancia con lo resuelto sin demostrar que el fallo carezca de fundamentos— y también rechazó el argumento de “gravedad institucional”, al señalar que el reclamo no apunta a proteger un interés general sino un interés patrimonial del propio Estado. El recurso quedó concedido exclusivamente por la cuestión federal.
En estos días, la Corte Suprema también se expidió en materia de reforma laboral, y no se dio lugar a un recurso para tratar la constitucionalidad de la norma. En este caso, el máximo tribunal decidió dar un paso al costado. Mientras continúa la disputa por el fuero que debe intervenir, la CGT celebró el fallo como un límite al intento oficial de consolidar rápidamente la vigencia de la ley. En la cuestión universitaria, sí deberá expedirse, pero no se sabe cuándo.
Larga lucha
La cronología larga del conflicto arranca en 2024 con el veto de Milei a la ley de Financiamiento Universitario aprobada ese año, pero luego no se reunieron los dos tercios necesarios para que el Parlamento insistiera en su defensa, lo que sí ocurrió con la ley votada en 2025, que Milei también intentó vetar, con el mismo argumento de que afectaba el objetivo oficial de “déficit cero” y de que no tenía una fuente clara de financiamiento (el veto se oficializó mediante el decreto 879/2024). La nueva ley, cuyo veto fue rechazado, implicaba aumentos inmediatos tanto en salarios como en partidas para becas y funcionamiento en general.
Luego, ante la demora del oficialismo en promulgar y poner en vigencia efectiva la ley, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo y el 23 de diciembre pasado el juez Martín Cormick hizo lugar a la cautelar solicitada. El Gobierno apeló, pero el 31 de marzo la propia Cámara confirmó esa medida. El Estado insistió entonces con el recurso extraordinario, argumentando que la implementación de la ley debe ajustarse a la disponibilidad presupuestaria para no comprometer el equilibrio fiscal.