Pese a la resistencia de sus trabajadores las medidas que se pusieron por delante, el gobierno nacional sigue con para desmantelar el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que varias veces intentó fusionar con su par de tecnología agropecuaria INTA, hasta ahora sin suerte. Esta semana, la idea de la gestión libertaria sufrió otro revés: la justicia obligó a las autoridades a mantener las funciones del Programa de Metrología Legal, área encargada de controlar y regular herramientas o elementos con reglamentos nacionales como, por ejemplo, los surtidores de combustible, las balanzas comerciales y los instrumentos médicos.
Lam intimación judicial fue solicitado por la dirigencia nacional de ATE, quienes accionaron contra la gestión de Javier Milei y el objetivo que persigue desde su asunción sobre “desestatizar toda dependencia posible de privatización”. Al respecto, el titular del gremio Rodolfo Aguiar indicó que esta medida “no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo”, sino que “atenta contra la seguridad” de toda la población.
“El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto. Esta resolución encubre un claro intento de privatización. Es llamativo que sean atacadas casualmente todas las funciones de control y fiscalización”, señaló.
Graves consecuencias
En referencia a las consecuencias que implica esta decisión del Gobierno, sostuvo que “es evidente” que habrá consecuencias “graves y concretas” en el funcionamiento cotidiano de diversas empresas y que, además, serán “millones los ciudadanos que pueden verse afectados”.
El Programa de Metrología Legal incide directamente en la cotidianidad de la población ya que, entre otras tareas, realiza los controles para la correcta medición de los alcoholímetros, los cinemómetros utilizados para detectar fotomultas, las balanzas comerciales y los surtidores de combustibles, entre otros.
Decisión polémica
A fines de diciembre, el gobierno nacional dispuso el cese progresivo de los servicios metrológicos legales y de certificaciones vinculadas a instrumentos de medición reglamentados, una de las funciones históricas y más relevantes del instituto. La medida implica que el INTI deja de intervenir en controles obligatorios para actividades comerciales, industriales, de servicios públicos y de fiscalización, y que esas tareas pasarán a manos de laboratorios y organismos de certificación privados acreditados ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA). En los hechos, el instituto abandona el corazón de su actividad regulada y pierde casi todo lo que generaba ingresos propios.
Desde ATE advirtieron que, a partir de esta disposición del gobierno nacional, este sector del INTI “cesa en sus actividades de aprobación de modelos y también la certificación del correcto funcionamiento y medición” de los instrumentos actualmente utilizados. “Parece increíble. Nunca nos imaginamos que se llegaría al momento en el que un kilo ya no sea un kilo o que, en los surtidores de nafta, un litro no sea realmente un litro”, concluyó Aguiar.