La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata aspectos centrales de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. De esta manera, la Justicia volvió a respaldar el reclamo de las universidades y ratificó la vigencia de la norma sancionada por el Congreso.
El fallo sostiene que no fueron desvirtuados los argumentos que justificaron la decisión de primera instancia, que en diciembre de 2025 había ordenado cumplir con los artículos vinculados a la actualización salarial docente y las becas estudiantiles.
Una ley vigente que no puede ser suspendida
El conflicto se originó luego de que el Congreso aprobara la ley —y la ratificara con dos tercios tras el veto presidencial— y el Poder Ejecutivo promulgara la norma mediante el decreto 759/25, condicionando su aplicación a la asignación de financiamiento específico.
Frente a esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y varias universidades presentaron un amparo para que se declare la inconstitucionalidad de esa limitación.
Al analizar el caso, la Cámara fue contundente: el proceso legislativo se encontraba plenamente concluido y no podía ser alterado. “No se admite suspender una ley vigente”, remarcaron los jueces, al tiempo que señalaron que la insistencia del Congreso bajo el artículo 83 de la Constitución Nacional no habilita variantes que frenen su aplicación.
Incluso, los magistrados plantearon que el Poder Ejecutivo no puede sostener la suspensión de una ley del Congreso apoyándose en otra norma de igual jerarquía, en línea con la doctrina de la Corte Suprema.
Consejo Interuniversitario Nacional CAF 39.475 25 Medida Cautelar by Matías Tagliani
Salarios, becas y riesgo de daño irreparable
El tribunal también avaló el criterio del juez de primera instancia respecto del “peligro en la demora”, al considerar que la falta de aplicación de la ley podría generar perjuicios irreparables.
En ese sentido, subrayaron que tanto la ley como el decreto cuestionado evidencian el deterioro de los ingresos y la pérdida del poder adquisitivo del sector universitario.
Por tratarse de derechos de carácter alimentario —como los salarios docentes y las becas estudiantiles—, la Cámara entendió que la urgencia está debidamente acreditada y que corresponde garantizar su cumplimiento inmediato.
El interés público y el derecho a la educación
Ante los planteos del Estado sobre el impacto fiscal, el fallo sostuvo que ese aspecto ya había sido evaluado y que no se advierte una afectación al interés público.
Por el contrario, los jueces remarcaron que está en juego un derecho fundamental: “el derecho a enseñar y aprender”. Además, recordaron que el costo estimado de la medida representa apenas el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
Rechazo a los argumentos del Gobierno
La Cámara también desestimó otros planteos del Estado nacional, como la supuesta falta de imparcialidad de los jueces y la idea de que la cautelar implicaba una sentencia definitiva encubierta.
En ese sentido, aclaró que la medida se limita a ordenar el cumplimiento de aspectos puntuales de la ley —salarios y becas— y no resuelve la cuestión de fondo, que es la validez del decreto presidencial.
Con estos fundamentos, el tribunal resolvió confirmar la cautelar y mantener la obligación del Gobierno de avanzar con la actualización salarial del sector universitario y la recomposición de becas, mientras continúa el proceso judicial principal.
Sindicatos celebraron el fallo y ratificaron el paro
La decisión judicial fue celebrada por los gremios docentes universitarios, que remarcaron que la resolución vuelve a dejar en claro la vigencia de la ley y la obligación del Gobierno de cumplirla. Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) señalaron: “La Justicia volvió a ser clara: la ley está vigente y debe cumplirse”.
En ese marco, destacaron que la Cámara confirmó la cautelar que ordena la actualización de salarios y la recomposición de becas, y denunciaron que el Ejecutivo continúa sin acatar el fallo tras más de 160 días de incumplimiento y “dos años y medio de ajuste a la universidad pública”.
“El Gobierno tiene que cumplir. Y sin embargo, sigue sin hacerlo. Nada de esto es casual: es una decisión política”, afirmaron.
La definición se da en el marco del paro nacional de 24 horas que los docentes y nodocentes universitarios llevan adelante en todas las casas de altos estudios, con reclamos de reapertura de paritarias y cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. “Paritarias ya. Cumplimiento de la ley ya. Hoy paramos”, concluyeron.
“No hay universidad pública posible sin salarios dignos”
Desde la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), que nuclea al personal nodocente, también celebraron el fallo y remarcaron que la Justicia volvió a ordenar al Gobierno cumplir con la ley vigente aprobada por el Congreso.
La entidad subrayó que la resolución exige garantizar la actualización de salarios, el financiamiento del sistema universitario y el sostenimiento de las becas, en un contexto marcado por el deterioro salarial y el desfinanciamiento.
Asimismo, advirtieron que el pronunciamiento deja en evidencia la ilegalidad de intentar suspender la aplicación de la norma mediante decretos, al señalar una “inobservancia clara” de las obligaciones del Estado.
Para FATUN, la decisión judicial refuerza el reclamo del sistema universitario y establece un límite a las maniobras dilatorias del Ejecutivo. “No hay universidad pública posible sin salarios dignos, financiamiento adecuado y respeto por la ley. La defensa de los derechos de las y los trabajadores nodocentes es una lucha colectiva que no se negocia”, concluyeron.