El secretario General de ATE Córdoba y de la CTA Autónoma de la provincia de Córdoba, Federico Giuliani, fue recibido este miércoles en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza, donde denunció la creciente criminalización de la protesta social y la persecución judicial contra dirigentes sindicales impulsada por el gobierno de Javier Milei, en articulación con las administraciones provinciales, en particular la encabezada por el gobernador cordobés Martín Llaryora.
El dirigente sindical mantuvo una reunión con el titular del Departamento de Relaciones Internacionales de la OIT, Jean-Philippe Sauvageau, ante quien expuso al detalle las siete causas judiciales que enfrenta por el desempeño de sus funciones al frente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA Autónoma en Córdoba. La presentación se realizó ante la Comisión de Libertad Sindical y Democracia del organismo internacional.
Denuncia por violación de convenios internacionales
En su exposición, Giuliani denunció la violación de los Convenios 87 y 98 de la OIT, que garantizan la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Según expresó, el accionar del Estado argentino constituye una política deliberada de persecución destinada a disciplinar a las organizaciones gremiales.
La denuncia señala que se criminaliza la protesta social “en un abierto y nada inocente intento de disciplinar a las distintas organizaciones sindicales que disconformes con la realidad bregan por un cambio de la misma siempre dentro de las prerrogativas que la legislación nacional y la normativa internacional les reconoce”.
La presentación ante la OIT cuenta con el respaldo de las máximas autoridades de la CTA Autónoma, el secretario General Hugo Godoy y la secretaria General Adjunta Mariana Mandakovic, y con el patrocinio letrado de Daniel Jorajuria, secretario Administrativo y director del Departamento Jurídico de la CTAA, junto al abogado Javier Izaguirre.
Una escalada de persecución judicial y represión
En el documento elevado al organismo internacional, Giuliani describe una extensa sucesión de hechos represivos y procesos judiciales iniciados en el marco del ejercicio del derecho a la protesta social. Las acciones se desarrollaron mientras el dirigente encabezaba multitudinarias movilizaciones en rechazo al aumento de la pobreza y en reclamo de alimentos para los sectores más vulnerables de la provincia de Córdoba.
Según la denuncia, el Poder Judicial cordobés actúa “como ariete del poder político” para amedrentar a dirigentes sociales y sindicales, en una lógica que se replica a nivel nacional bajo el actual gobierno libertario.
Los hechos relatados abarcan el período comprendido entre 2023 y la actualidad, y dan cuenta de allanamientos, detenciones arbitrarias, represión violenta y causas judiciales. En uno de los episodios, Giuliani resultó gravemente herido tras la represión policial, sufriendo la quebradura de un brazo.
Movilizaciones bajo la mira del poder político
Entre los hechos que motivan la denuncia, el dirigente sindical enumeró:
- La Marcha contra el Hambre, en abril de 2023.
- La visita de Javier Milei a Córdoba, en mayo de 2024.
- El escrache a la Fundación Mediterránea, en mayo de 2024.
- La protesta frente a la Municipalidad de Córdoba, en agosto de 2025.
En ese contexto, la denuncia remarca el hostigamiento permanente sobre las organizaciones sindicales: “En el gremio se hizo constante y permanente la presencia policial, tal es así que momentos en que se realizó un Plenario de Delegados Nacionales se encontraban 4 móviles (2 autos y 2 motos) con todo su personal abajo, y en la puerta de nuestro gremio filmando el ingreso de las y los compañeros”.
El texto agrega que estas situaciones fueron denunciadas públicamente en medios alternativos y en los canales de comunicación de la CTA Autónoma y de ATE.
“Una situación insostenible”
Para Giuliani, la situación en Córdoba es la expresión territorial de una política nacional de criminalización de la protesta.
“Esta situación se ha vuelto insostenible en la provincia de Córdoba de la República Argentina. Es la manifestación de la política nacional de criminalización de la protesta llevada a cabo en territorio provincial”, sostiene el documento.
En particular, remarca que la ofensiva represiva se concentra sobre la CTA Autónoma y ATE por ser “la central de trabajadores y el gremio que más lucha ante las políticas de despido y ajuste nacional y provincial”.
Comparaciones con la etapa previa a la dictadura
La denuncia presentada ante la OIT advierte sobre prácticas policiales que remiten a los períodos más oscuros de la historia argentina.
“En estos momentos en la provincia de Córdoba se ha vuelto a los tiempos previos a la Dictadura cívico-militar de 1976”, afirma el texto, señalando la presencia de efectivos policiales sin identificación y procedimientos irregulares.
El documento incorpora además prueba documental y testimonios del propio Giuliani y de otros dirigentes sindicales alcanzados por las causas judiciales, como parte del intento del gobierno de imponer “el silencio social” frente al ajuste.
El reclamo ante la OIT
Finalmente, la presentación solicita a la OIT que:
- Se admita la queja y se constituya un caso ante el Comité de Libertad Sindical.
- Se considere la gravedad y urgencia de los hechos denunciados.
- Se ordene el cese inmediato de la persecución, la represión en las marchas y los hostigamientos a locales sindicales.
- Se recomiende al Estado argentino garantizar plenamente los derechos y libertades sindicales y abstenerse de reiterar estas prácticas.
De este modo, ATE Córdoba y la CTA Autónoma de la provincia de Córdoba llevaron la denuncia a los foros internacionales, exponiendo la judicialización y persecución contra dirigentes y organizaciones sindicales y sociales que resisten el hambre, el ajuste y la pérdida de derechos de las y los trabajadores en la Argentina.