La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores cuestionaron con dureza la posición adoptada por el gobierno nacional en la reciente votación de la Organización de las Naciones Unidas, donde Argentina se pronunció en contra de una resolución que reconoce a la esclavitud y la trata transatlántica de personas africanas como crímenes de lesa humanidad.
A través de un comunicado conjunto firmado por Hugo Yasky y Hugo Godoy, ambas centrales sindicales expresaron “su más enérgico repudio” y advirtieron que la decisión implica “un grave retroceso en materia de derechos humanos y una ruptura con la histórica tradición argentina en la defensa de estos principios”.
Desde las organizaciones señalaron que “el voto negativo constituye un paso más de sumisión a intereses geopolíticos ajenos”, en referencia a la alineación con potencias como Estados Unidos e Israel, y alertaron que esta postura “ubica al país en una posición de aislamiento internacional”.
Contexto
El documento también subraya la gravedad del contexto en el que se tomó la decisión. “Resulta especialmente grave que esta votación se haya dado en una jornada dedicada a la memoria de las víctimas de la esclavitud”, remarcaron, al tiempo que denunciaron que el Gobierno “desconoce consensos internacionales construidos durante décadas”.
En ese sentido, las centrales reivindicaron el rol histórico de Argentina en materia de memoria, verdad y justicia. “La defensa irrestricta de la memoria histórica y la dignidad de los pueblos son pilares fundamentales de una política exterior soberana”, sostuvieron, y agregaron que el país “no puede ni debe renunciar al lugar que supo construir como referencia mundial en derechos humanos”.
Cambio a futuro
La moción presentada por Ghana declara que “la trata y esclavización de africanos fue el crimen más grave contra la humanidad, que, por escala, duración, naturaleza sistemática, brutalidad y consecuencias duraderas, continúa afectando las estructuras sociales actuales en cuanto a racismo y desigualdad”. La resolución llama a los países a iniciar procesos de justicia reparatoria y considerar “medidas como disculpas formales, restitución de bienes culturales y compensaciones económicas”.
Por último, las dos centrales advirtieron que la decisión “deberá ser revisada en el futuro”, al considerar que se trata de “una regresión inadmisible” que impacta no solo en la política exterior, sino también en los valores democráticos que sostienen los derechos de los trabajadores y trabajadoras.