La Federación Judicial Argentina (FJA) manifestó su solidaridad con el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados y Empleadas Judiciales de Santa Cruz, Franco Mascheroni, ante “los intentos de estigmatización, persecución y disciplinamiento político y mediático”.
La muestra de acompañamiento hacia Mascheroni se da en el marco del debate sobre la ampliación de 5 a 9 miembros del Tribunal Superior de Justicia aprobada por la Legislatura provincial y la cual fue objetada por los actuales integrantes y por el citado gremio, pero que finalmente fue avalada por la Corte Suprema de la Nación.
En un extenso comunicado, desde la entidad que conduce Matías Fachal consideraron que la existencia de publicaciones periodísticas que apuntan contra Mascheroni se dan después “la legítima acción judicial impulsada por el gremio judicial santacruceño por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia mediante la Ley 3949, proceso en el cual se plantearon objeciones institucionales, presupuestarias y constitucionales vinculadas al funcionamiento del Poder Judicial provincial”.
Asimismo, contextualizaron la situación dentro de una situación de “salarios deteriorados, incumplimiento de acuerdos paritarios, recortes presupuestarios, crisis en la obra social, precarización de las condiciones laborales y avance sobre derechos conquistados”.
Además, entendieron que la acción promovida por la Asociación Gremial de Empleados y Empleadas Judiciales de Santa Cruz constituyó “una herramienta plenamente válida dentro del Estado de Derecho” y sostuvieron que “ninguna operación política, mediática o institucional puede pretender amedrentar a quienes ejercen la representación colectiva de las y los trabajadores judiciales”.
“Respondemos con organización”
Luego, extendieron la solidaridad “a cada trabajadora y trabajador judicial que sostiene esta lucha con dignidad, organización y compromiso”, al tiempo que reivindicaron “de manera irrestricta la libertad sindical, la autonomía de las organizaciones gremiales, el derecho a la acción judicial, el derecho a expresar posiciones públicas y el derecho a defender los intereses colectivos frente a cualquier forma de disciplinamiento”.
En tanto, declararon que “frente a los ataques, respondemos con unidad; frente a la persecución, respondemos con organización; frente al intento de silenciar a las y los trabajadores, respondemos con más democracia sindical, más compromiso y más lucha”.
Nuevamente, dejaron “expresamente sentado que se reserva todos los derechos de accionar sindical, administrativa y judicialmente frente a los actos intimidatorios, de hostigamiento, persecución o disciplinamiento que pudieran dirigirse contra la Asociación Gremial de Empleados y Empleadas Judiciales de Santa Cruz, sus dirigentes, delegadas, delegados y afiliados”
“Ningún intento de amedrentamiento quedará sin respuesta en los ámbitos que correspondan”, concluyeron.
Cese de actividades
Días atrás, el gremio judicial del distrito patagónico llevó a cabo 120 horas de paro entre el lunes 11 y el viernes 15 de mayo a fin de pedir una recomposición salarial acordada en paritarias.
“El Ejecutivo provincial formalizó con la resolución Ministerial, la Nro. 30/2026, que congela todas las recomposiciones salariales firmadas el año pasado y también congela todas las paritarias estatales, como salud y educación”, afirmó el secretario general en ese entonces.
Más tarde, recordó que “los judiciales firmamos dos actas del año pasado que cerraban el acuerdo salarial y que se venían pagando hasta diciembre”. “Esos pagos tenían que continuar hasta noviembre de este año, pero en enero se cortaron. Hoy hay trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial endeudados, sosteniendo familias, alquileres, medicamentos y cuentas con salarios congelados”, continuó.
A modo de cierre , repasó que “desde febrero venimos llevando adelante un plan de lucha que se va profundizando cada vez más. Hay un costo de vida bastante grande acá en Santa Cruz, por eso decretamos esta medida”.