La Federación Judicial Argentina (FJA) salió al cruce del Poder Ejecutivo de Santa Cruz por su intención de ampliar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), mediante el mecanismo de asignación de cuatro nuevas vocalías.
Mediante un comunicado, la entidad que encabeza Matías Fachal consideró que “lejos de fortalecer la independencia judicial, una reforma impulsada sin consulta ciudadana ni debate abierto profundiza la concentración de poder y erosiona la legitimidad democrática”.
Asimismo, manifestó que la iniciativa no tiende a solucionar los problemas de fondo del ámbito de la Justicia al considerar que “incorporar cargos por vías opacas y aceleradas no resuelve los verdaderos problemas del Poder Judicial: falta de presupuesto, sobrecarga laboral, vacantes sin cubrir y desigualdades en el acceso a justicia en toda la provincia”. “Mientras se disputan lugares en la cúpula, la ciudadanía sigue esperando respuestas en el territorio”, añadió.
“Santa Cruz necesita un Poder Judicial independiente”
En este sentido, exigió “la suspensión del trámite legislativo y la apertura de un proceso transparente y participativo, con audiencias públicas, concursos, publicidad de antecedentes y criterios claros de idoneidad, respeto a los derechos humanos, perspectiva de género y compromiso democrático”.
Además, pidió que “Santa Cruz necesita un Poder Judicial independiente, plural y con legitimidad social; sin una justicia autónoma, no hay derechos garantizados ni democracia plena”.
A modo de cierre, la Federación Judicial Argentina reafirmó que “acompañará todas las acciones democráticas que convoquen a debatir de cara a la sociedad cualquier cambio en la estructura del máximo tribunal provincial”.
El proyecto
La iniciativa, que fue presentada por los legisladores Adriana Nieto y Pedro Luxen (Por Santa Cruz), busca modificar el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 2404) con el objetivo de elevar de 5 a 9 la integración del Tribunal Superior, con paridad de género obligatoria en las designaciones.
La justificación del proyecto se basa, entre otras cosas, en el crecimiento demográfico (de 159.839 hab. en 1995 a 337.226 en 2022) y la mayor complejidad de los conflictos judiciales. Mantiene la posibilidad de organizarse en salas y prevé que, de aprobarse, el Poder Ejecutivo proponga ternas para cubrir cuatro nuevas vacantes.
Sin embargo, el diputado Eloy Echazú (Unión por la Patria) cuestionó el origen y la oportunidad de la reforma: “No veo que el Ejecutivo haya acompañado este proyecto; si lo hubiese solicitado, lo habría elevado él”.
Al igual que la FJA, planteó que la celeridad judicial no se resuelve con más vocales, sino fortaleciendo la base. “Si usted quiere más rapidez, donde más se necesita es en la base de la justicia: más abogados, más juzgados”, le dijo a la oficialista Adriana Nieto, una de las autoras del proyecto.
Echazú también comparó la integración de tribunales superiores en otras provincias patagónicas. “Chubut cuenta con 6 jueces y, según el Censo 2022, tiene 592.621 habitantes. La Pampa cuenta con 5 jueces para una población de aproximadamente 361.000 personas. Neuquén tiene 5 jueces, Río Negro también 5, y Tierra del Fuego 5. Ahí es donde no me cierra en su fundamento que no haya considerado este contexto para justificar que la población de Santa Cruz requiera aumentar la cantidad de integrantes del Tribunal Superior de Justicia".