A mediados de mes, el gobierno nacional publicó el decreto 467/2026, que deroga los artículos principales de otros dos decretos de 2003 (el 222 y el 588) que generó controversia en el ámbito judicial. En medio de las negociaciones por el nombramiento de jueces, la gestión de Javier Milei modificó la forma en que se presentan candidatos para la Corte Suprema de Justicia. Según la Federación Judicial Argentina (FJA), que representa a los trabajadores del sistema de todo el país, esto implica “menos transparencia y más discrecionalidad en la Justicia, el más conservador y clasista de los tres poderes del Estado”, según la mirada de la entidad.
“Este decreto afecta a los procesos de selección de los ministros de la Corte Suprema y del resto de los jueces, al eliminar las instancias de participación ciudadana; que establecían dónde intervenir, ya sea presentando impugnaciones, observaciones, comentarios, o presentando avales a los candidatos para el Poder Ejecutivo. Eso representaba una autolimitación, porque ya no se podían designar a dedo y juntar los votos en el Parlamento”, detalla Matías Fachal, titular de la FJA, en declaraciones periodísticas
El dirigente recalcó que el DNU “también deja sin efecto algo igual de importante, que es la representatividad federal: que se tenga en cuenta de qué regiones del país son los jueces, juezas, los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los que se pretenden designar. Y además también la paridad de género”.
Retroceso
Puesto a explicar el retroceso implícito en esta nueva norma, Fachal detalla que los decretos reformados datan del comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, pero responden a “un proceso de lucha popular que venía desde 2001” y que exigía participación del pueblo y la “remoción de la Corte de la mayoría menemista o la mayoría automática”.
La modificación se realizó entonces tomando como modelos los Consejos de la Magistratura de Entre Ríos, Chubut y Santa Cruz que tienen integración popular en sus estamentos. “No están solamente las corporaciones de la abogacía, la magistratura o las académicas, o los bloques políticos, también hay trabajadores y trabajadoras no solo judiciales, sino de las demás actividades, jubilados, organizaciones vecinales, etc. EstedDecreto 222/2003 no era la panacea, pero era un limitante bastante importante a los jueces de la servilleta”, asegura el dirigente judicial.
En este punto, considera que el nuevo decreto “atrasa 20 años” los procedimientos, retrotrae la Justicia a épocas aún más opacas, y va a acentuar la “endogamia absoluta del Poder Judicial”, plagada de familiares de las elites argentinas, al servicio de poderes extranjeros. “En los documentos de Santa Fe 1 y 3, a principios o mediados de los 80, Estados Unidos planifica lo que pretende hacer por los siguientes 50 años, para América Latina. Entiende que los golpes militares ya estaban muy mal vistos por todo lo que venían haciendo durante las décadas de los 60 y 70 y establece como objetivo a colonizar, para garantizar sus intereses como potencia extranjera, al Poder Judicial -detalla Fachal-. Así es como cada 4 de Julio en la embajada de Estados Unidos tenemos un desfile incesante de jueces, de fiscales, de secretarios, que van como a rendir pleitesía al tío Sam o que acuden a cursos del FBI o de la DEA”.
Mercado versus pueblo
En este contexto, para Fachal estos planes de reforma judicial “son al servicio del mercado y no del pueblo, al servicio de la impunidad de los grandes delitos del crimen organizado. Se intenta venderle, a través de los medios, a la sociedad que no se puede más con esta inseguridad, que hay que meter a todos los pibes chorros en cana, que no tienen que salir más el que se robó un celular, pero lo que a ellos les interesa en realidad es garantizarles la impunidad al narcotráfico, al lavado de activos producto de la trata de personas, el tráfico de armas y también al libre flujo de capitales de las empresas multinacionales y la corrupción que hay alrededor de eso”.
“El Poder Judicial es un brazo ejecutor de la política represiva del Estado, disciplinadora de la sociedad, que criminaliza la protesta, a la juventud. Necesitamos que la sociedad se involucre en esa pelea. Si no, va a ser muy difícil desmontar todo esto”, planteó. “Aquel nuevo gobierno que venga con todas las ínfulas a querer cambiar algo, se va a encontrar con un Poder Judicial que lo más probable es que lo termine metiendo en cana, que lo persiga. Con las fake news, con el law fear, con esa guerra jurídica con la cual persiguieron no solo a Cristina Fernández o a Milagro Sala acá, también a Lula (Da Silva), a Dilma (Rousseff), a (Fernando) Lugo y muchos ejemplos más a lo largo de América Latina. Para eso está sirviendo el Poder Judicial y es muy preocupante”, concluyó el titular de la FJA.