Hace unos días atrás se conoció la llegada de un remolcador de ultramar “ALP Striker” con bandera de Países Bajos al Puerto de Rosales, Bahía Blanca. Ante ello, el secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Mariano Moreno denunció que “se trata de una violación a la Ley de Cabotaje”.
Para el dirigente, “existe un negocio de Millones de dólares con la petrolera Oiltanking”. Al tiempo que resaltó “es un engaño millonario que deja afuera a empresas y trabajadores argentinos”.
En ese marco, el Capitán Moreno sostuvo que “nadie solicita un remolcador del otro lado del Océano si no tiene las garantías de que va a trabajar”. “Sin dudas es un puntapié para reemplazar el trabajo local”, agregó.
El barco que tiene banderas de Países Bajos zarpó el pasado 16 de febrero desde el Puerto de Las Palmas (España) a pedido de la firma Oiltanking Ebytem. Fue solicitado para recuperar la operatividad de la monoboya Punta Ancla que abastece, por una cañería submarina de 2.000 metros de longitud, a la planta de 18 tanques desde la cual se bombea el crudo hacia las refinerías instaladas en La Plata, donde se lo industrializa.
Incumplimiento de la Ley
El trabajo se enmarca dentro de la Ley 19.492 (Ley de Cabotaje), que claramente establece en su Artículo 1° que “la navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional serán practicados únicamente por barcos argentinos”.
La empresa presentó un pedido de exención de cabotaje (waiver) con especificaciones técnicas que dejan afuera a una grúa argentina que ya realizó estos trabajos. Aunque, según afirmó Moreno, el Supply zarpó cinco antes de la presentación de excepción de cabotaje por lo que es inminente su llegada.
Sin embargo, cabe recordar que las primeras alarmas de los gremios se encendieron cuando la empresa hizo el pedido antes de obtener el permiso.
En ese sentido, el dirigente del Centro de Patrones apuntó a los funcionarios responsables de liberar el permiso y adelantó que “un waiver de bandera extranjera se paga en dólares y el dinero se va afuera. Acá no queda nada. Al gobierno no le interesa, es extranjerizante y no le interesa la soberanía”.
“Por un lado van a ser cómplices en el incumplimiento de una Ley que se convierte en un delito”, sostuvo Moreno sobre las decisiones que vayan adoptar desde el Estado, y “socios por otro lado, porque hay un negocio de mucha plata y alguien debe estar detrás de esto”, cuestionó.
Moreno afirmó además que “es una mentira de patas cortas, porque cuando se realice la operación veremos si el pedido tuvo intención de dejar afuera a los trabajadores argentinos o los armadores locales no están a la altura de los requerimientos”.
“Yo quiero ver si la cuestión técnica es real en la operación y que la grúa argentina Magnus IX no pueda hacer el trabajo por una falta de capacidad de elemento y no por una estafa y engaño de la Ley de Cabotaje”, advirtió.
Por último, el gremialista sostuvo que se está destruyendo el sistema administrativo federal en aras de una libertad que “nos está vendiendo de a pedazos” y que “a diario vemos que la administración del Estado está acéfala en áreas claves, y los pocos funcionarios que están no tienen la potestad resolutiva que necesita el país para producir”.