El secretario general de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky ratificó que la entidad se movilizará a la Plaza de Mayo para rechazar la reforma laboral libertaria, y cruzó los argumentos que sostiene desde el gobierno respecto de sus posibles beneficios. Según el dirigente, estas ideas “son falsas”, y las rebate con antecedentes históricos, datos del mercado de trabajo y propuestas legislativas alternativas. La central obrera, junto a su par Autónoma y la CGT realizarán la primera gran protesta contra el proyecto que se comenzará a debatir en el Congreso.
En primer lugar, Yasky sostiene que “es incorrecto” afirmar que la legislación laboral argentina no se actualizó desde mediados de los años 70. Si bien 1975 fue un año clave por la gran cantidad de convenios colectivos firmados —proceso interrumpido luego por la dictadura cívico-militar de 1976—, recuerda que desde la recuperación democrática “se celebraron numerosos convenios, en particular entre 2003 y 2015”.
Además, remarca que durante los años 90 y comienzos de los 2000 ya se aplicaron reformas laborales de fuerte flexibilización, como la Ley de Empleo de 1991, los decretos de 1996 del menemismo y la denominada Ley Banelco de 2000. En todos los casos, señala, se prometió la creación de empleo registrado, pero el resultado fue un aumento del desempleo, que llegó a niveles cercanos al 25 por ciento. El dirigente sindical también cuestiona que el debate “se limite a la antigüedad de las normas y pone como ejemplo la ley de jornada laboral de 48 horas semanales, vigente desde 1929”, cuya actualización —afirma— no forma parte de la agenda oficial.
Trabajo en negro
En su hilo, Yasky advierte que el argumento de que la reforma laboral servirá para formalizar trabajadores es “peligroso y errado”. Señala que en la Argentina hay más de 10 millones de empleados asalariados registrados, cuyas condiciones laborales y salariales “se verían directamente afectadas por la reforma”.
Según plantea, la pérdida de derechos y de poder de negociación del empleo formal impacta sobre el conjunto de la economía, incluida la no registrada. En ese marco, sostiene que el objetivo central de la reforma “no es sólo reducir costos laborales, sino disciplinar a los trabajadores, debilitando la organización sindical y la negociación colectiva”. El diputado también critica la orientación del modelo económico que, según recuerda, el ministro de Economía Luis Caputo comparó con el de Perú, caracterizado por altos niveles de informalidad laboral y baja protección social.
Propuestas alternativas
Por último, el también diputado nacional rechazó además la idea de que no existan iniciativas para modernizar la legislación laboral. Afirma que en la Comisión de Legislación Laboral de la cámara de Diputados se presentaron “numerosos proyectos orientados a adaptar el empleo a los cambios tecnológicos y sociales”.
Entre las propuestas mencionó “la regulación del trabajo en plataformas digitales, nuevas licencias por cuidados con equidad de género, la participación de los trabajadores en las ganancias, la reducción de la jornada laboral, el derecho a la desconexión digital, la creación de comités mixtos de salud laboral y medidas contra el acoso en el ámbito de trabajo”. Finalmente, el dirigente de la CTA de los Trabajadores sostiene que estos debates forman parte de una tendencia internacional. Según indica, en distintos países se discuten reformas orientadas a ampliar derechos y mejorar las condiciones de trabajo, en contraste con el rumbo que —afirma— propone el gobierno nacional.