El secretario general del Sindicato del Seguro y uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT, Jorge Sola, volvió a cargar contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno y aseguró que existen fundamentos sólidos para que la Corte Suprema la declare inconstitucional.
En declaraciones al programa Cuentas Claras, de El Cronista Stream, el dirigente sindical trazó un duro diagnóstico sobre la situación de los ingresos de los trabajadores y denunció una política oficial orientada a contener los salarios como herramienta antiinflacionaria.
“El salario está pisado, una de las anclas que usa este Gobierno para sostener la inflación moderada es el salario”, afirmó Sola, al tiempo que cuestionó que el propio Ejecutivo intervenga en las negociaciones colectivas, contradiciendo —según planteó— su discurso económico.
En esa línea, advirtió que las paritarias se encuentran condicionadas por un techo impuesto de hecho: “Las actividades hoy están con un techo porque el propio Estado no homologa acuerdos por encima del 2%, con lo cual siempre estamos por debajo de lo que se discute”.
Presión sindical y responsabilidades políticas
Sola también repasó el accionar de la central obrera frente al avance de la reforma laboral y destacó el nivel de movilización desplegado en los últimos meses.
“Hicimos 13 movilizaciones a este gobierno y cuatro paros generales, llenamos dos plazas con más de 400 mil trabajadores, hablamos con todos los legisladores para advertirles de lo que pasaba con la reforma inconstitucional”, enumeró.
No obstante, remarcó que la responsabilidad por la aprobación de la norma recae en el ámbito político: “No es nuestra, es de quienes levantaron la mano y le dieron el acuerdo a esta reforma, incluso de algunos con afinidades ideológicas con nosotros”.
La estrategia judicial y los puntos cuestionados
En relación al estado actual de la reforma, el dirigente explicó que una medida judicial presentada por los sindicatos logró frenar su aplicación en aspectos centrales.
“Hoy 83 artículos de derechos colectivos e individuales están frenados por decisión del juez hasta que se decida si pasan el filtro de la constitucionalidad o no”, precisó.
Según indicó, esto tiene consecuencias inmediatas en el mundo laboral, ya que los empleadores deben continuar liquidando indemnizaciones bajo el régimen anterior.
Sola sostuvo que existen dos razones centrales por las cuales la norma no superará el control de la Corte Suprema. Por un lado, el principio protectorio, que reconoce la desigualdad entre empleador y trabajador y establece la necesidad de resguardar a la parte más débil. “No se lo puede debilitar aún más”, sintetizó.
Por otro, el principio de progresividad, que impide retrocesos en materia de derechos sociales: “Los derechos que se adquieren no se pueden retroceder”.
Críticas al Fondo de Acumulación Laboral
Uno de los puntos más cuestionados por el dirigente fue el Fondo de Acumulación Laboral (FAL), al considerar que altera el esquema tradicional de indemnizaciones.
Según explicó, el mecanismo implica financiar las indemnizaciones con recursos que forman parte del salario indirecto destinado a la seguridad social. “Termina pagando la indemnización el propio empleado”, advirtió.
Aportes sindicales y debate previsional
Sola también se refirió a la discusión sobre los aportes sindicales y marcó diferencias entre los distintos tipos de contribuciones.
“El aporte sindical es voluntario, es un derecho que tiene la Constitución. Puede estar o no afiliado. Las contribuciones forzosas son otra cosa: implican que quienes no están afiliados hagan un aporte porque el gremio intervino por ellos, por ejemplo en una paritaria”, explicó.
En paralelo, reconoció la necesidad de discutir una reforma laboral, aunque cuestionó el contenido del proyecto oficial. “No hay una sola palabra sobre nuevas tecnologías o inteligencia artificial; incluso se deroga la ley de teletrabajo, que era de las pocas que se adaptaban a la nueva forma de trabajar”, señaló.
Por último, se refirió al debate previsional y a la propuesta de elevar la edad jubilatoria. Si bien evitó definiciones categóricas, admitió que se trata de una discusión necesaria: “El sistema está muy golpeado y efectivamente hay que corregirlo. Es difícil determinar hasta dónde hay que elevar la edad, pero es un debate que probablemente haya que dar”.