Distintos gremios de trabajadores de la salud de todo el país apuntaron contra la decisión del gobierno de achicar el Plan Remediar, que entrega medicamentos de forma gratuita a través de diversos botiquines. El vaciamiento mediante un fuerte achicamiento del programa termina con una política sanitaria de Estado que durante más de dos décadas garantizó el acceso gratuito a tratamientos esenciales a más de 15 millones de argentinos y argentinas. La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) denunció públicamente esta situación, y marcó que la medida “enmarcada en un ajuste brutal e inhumano, representa un ataque directo a la vida y a la dignidad de millones de compatriotas que dependen de la salud pública para sobrevivir”.
Según recordó el secretario General de FESINTRAS, Pablo Maciel, el programa nació en 2002, en plena crisis socioeconómica, con un objetivo preciso: garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a través de la Red de Atención Primaria de la Salud. A lo largo de más de dos décadas, permitió distribuir botiquines con más de 70 medicamentos esenciales en casi 8 mil Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de todo el país. Además, generó “un ahorro significativo para el Estado mediante la compra centralizada, optimizando recursos frente a la voracidad de los laboratorios. Los efectos del desfinanciamiento ya son concretos y dolorosos”.
“Miles de pacientes con enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes y asma, han dejado de tomar su medicación por no poder costearla, multiplicando las internaciones por cuadros perfectamente evitables", advirtió Maciel. Y fue más lejos: "La demanda se traslada a los hospitales de alta complejidad, colapsando un sistema que ya se encuentra al límite. El cierre definitivo reservará el derecho a la salud únicamente para quienes puedan pagarlo. No es ahorro: es crueldad institucionalizada".
Inversión
Frente a ese diagnóstico, el secretario General fue categórico: “El Remediar no es un gasto, es una inversión en la vida de millones de familias argentinas. Cada botiquín que deja de llegar a un CAPS es un paciente que abandona su tratamiento, una guardia que se colapsa, un derecho que se viola. Le decimos con toda claridad al Gobierno Nacional: con la salud del pueblo no se negocia”.
Maciel convocó además a la unidad de los distintos sectores: “Hacemos un llamado urgente a gobernadores, legisladores y organizaciones sociales a ponerse al frente de este reclamo. La salud de nuestros pueblos no puede ser moneda de cambio. Convocamos a una Campaña Nacional en Defensa del Plan Remediar: que en cada centro de salud y en cada plaza se escuche la voz de los que hoy se retiran con las manos vacías”. Desde FESINTRAS exigen la “inmediata restitución del Programa Remediar y su presupuesto en todos los CAPS del país, el cumplimiento de las leyes que protegen el derecho constitucional a la salud y políticas que fortalezcan -y no desmantelen- el sistema público de salud”.
Indefensión
Por su parte, la FESPROSA marcó que durante más de dos décadas el Plan Remediar “garantizó la provisión regular de medicamentos en los centros de atención primaria, sostuvo la estrategia de atención primaria de la salud y redujo inequidades territoriales y sociales”. “Si bien se instauró inicialmente como una política de focalización, relegando a la Producción Pública de Medicamentos (PPM), el programa fue cumpliendo, con el paso del tiempo, una función relevante en el sostenimiento de la accesibilidad a medicamentos esenciales en todo el país”, afirmó la entidad.
Parea FESPROSA, desmantelar el Plan Remediar “deja a provincias y municipios —muchos de ellos sin capacidad presupuestaria suficiente— ante la imposibilidad real de reemplazar esa cobertura y profundiza un escenario de exclusión sanitaria”. “Donde antes había garantía de derechos, se instala una lógica de abandono, mercantilización y desigualdad en el acceso a tratamientos básicos”, dijo la entidad. Las consecuencias no son hipotéticas: “son previsibles y evitables. Tratamientos interrumpidos, enfermedades que se agravan, internaciones que podrían haberse evitado y vidas puestas en riesgo por una decisión política”.
La interrupción de políticas que aseguraban medicamentos esenciales “no es un acto administrativo neutro: tiene efectos concretos sobre la vida y la salud de la población”. Por eso, desde FESPROSA denunciaron “este vaciamiento como un acto de profunda irresponsabilidad sanitaria y social, y se exige que quienes lo impulsan asuman la responsabilidad por el daño que esta decisión provocará, dejando sin cobertura a millones de habitantes aumentando la vulnerabilidad, la fragilidad y el desamparo”.