La Secretaría de Trabajo de la Nación intervino este martes en el conflicto salarial del sector aceitero y dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, evitando así que se concrete la huelga nacional anunciada para el miércoles por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA).
La medida fue tomada a pedido de las cámaras patronales, luego de que fracasaran las negociaciones paritarias y ante la amenaza de un paro que iba a paralizar las principales plantas agroexportadoras del país, con un fuerte impacto en el ingreso de divisas en un contexto de reservas internacionales muy ajustadas.
Un reclamo salarial basado en la Constitución
Los gremios habían convocado a una Huelga Nacional Aceitera para exigir un salario mínimo vital y móvil que cubra las necesidades básicas establecidas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo.
Según sus cálculos, el salario mínimo necesario para septiembre de 2025 debería alcanzar los $2.344.728, monto que contemplaría gastos de alimentación, vivienda, educación, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social.
En un comunicado conjunto, la FTCIODyARA y el SOEA recordaron que el artículo 14 bis de la Constitución garantiza el derecho a un “salario mínimo vital y móvil, suficiente para asegurar a la familia una vivienda digna, alimentación adecuada, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”.
Los sindicatos señalaron que la falta de avances en la revisión paritaria, sumada a una “respuesta insuficiente y provocadora” de las cámaras empresarias, motivó la convocatoria a la medida de fuerza que iba a comenzar a las 6 de la mañana de este miércoles 8 de octubre.
Intervención del Gobierno
La Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dictó la conciliación obligatoria con vigencia por 15 días hábiles. La resolución, firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Ágata Mentoro, retrotrae el conflicto a su estado anterior y obliga a las partes a retomar el diálogo.
Durante este período, los gremios deberán suspender cualquier medida de fuerza, mientras que las empresas tienen prohibido aplicar represalias contra trabajadores y trabajadoras.
La medida abarca a todas las grandes compañías del sector aceitero, entre ellas Cargill, Bunge, LDC, Terminal 6, Molinos Agro, Renova y Cofco, que pretenden continuar operando con normalidad.
Además, se fijó una audiencia de conciliación para el próximo martes 14 de octubre a las 12 del mediodía, con el objetivo de acercar posiciones y avanzar en un acuerdo.
Los gremios ratifican el reclamo
Tanto la FTCIODyARA como el SOEA confirmaron que acatarán la conciliación obligatoria, aunque aclararon que mantendrán firme su reclamo por un salario mínimo que respete la definición constitucional y legal.
“Nuestras organizaciones gremiales continuarán defendiendo el derecho de todas las trabajadoras y trabajadores aceiteros al Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo”, expresaron en un comunicado conjunto.
También denunciaron la rapidez con la que el Gobierno respondió al pedido de las cámaras patronales, señalando que la resolución se dictó “de forma exprés”, sin dar lugar a una negociación más equilibrada.
Un sector clave para la economía
El sector aceitero es uno de los principales complejos exportadores de la Argentina y genera un flujo constante de divisas a través de la venta externa de granos, aceites y harinas. Por eso, un paro prolongado hubiera tenido un efecto inmediato sobre el ingreso de dólares, especialmente sensible en el contexto económico actual.
Las plantas ubicadas en la zona de San Lorenzo, en el cordón industrial del Gran Rosario, concentran buena parte de la producción y la exportación, lo que explica la desesperada reacción de la Secretaría de Trabajo para evitar la paralización.