Cuando el 22 de mayo de este año la justicia decidió la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el nombre de Alberto Biglieri era apenas conocido en el movimiento obrero. Conocido en el ámbito judicial por ser cercano a Daniel Angelici, llegó al principal sindicato industrial del país sin mayores antecedentes. Pero en poco tiempo comenzó a moverse y hacerse notar.
Así fue que casi enseguida activó las paritarias de las dos ramas principales de los metalúrgicos –metalmecánica y siderúrgica –y acordó aumentos hasta el 2027, con la intervención de un grupo de seis dirigentes. Además, aprobó el primer banco de horas del rubro, algo que se habilitó en la reciente reforma laboral. También se rodeó de asesores vinculados al macrismo, que comenzaron a verse seguido en la sede central de la UOM. Es que el edificio de la calle Alsina se volvió “un bunker” según afirman la dirigencia, desde donde Biglieri no sólo toma decisiones respecto del gremio, sino además que hace campaña para su objetivo personal inmediato: ser elegido en el Consejo de la Magistratura.
En medio de esto, no hay certezas de cuándo se normalizará la conducción, tanto en la regional Campana como a nivel nacional. “Le tienen miedo a Furlán”, aseguran sobre esta demora.
La intervención de la UOM fue criticada por todo el arco sindical, que recordó que una medida similar solo se tomó dos veces en la historia, ambas en dictadura militar. Biglieri fue designado interventor por los jueces de la Sala VIII de la Cámara laboral Víctor Pesino y Dora Martínez, los mismos que destrabaron la reforma laboral de Javier Milei, que además “pagó” el favor extendiendo el mandato del primero, luego que cumpliera 75 años.
A partir de esto comenzaron los movimientos en torno del gremio y de la candidatura del interventor a ser consejero del Consejo de la Magistratura, el órgano de control de jueces. Biglieri integra la Lista 3-Unidad en defensa de la abogacía, y además de ser cercano a Angelici es apadrinado por Ricardo Gil Lavedra, a quien acompañó como prosecretario en el Colegio de Abogados porteño.
Según versiones periodísticas, para apalancar su candidatura –las elecciones son el 20 de octubre –incorporó como asesores a Daniel Mario Burke, referente de la profesión en el colegio de San Isidro, y Omar Yasín, el primer secretario de Empleo de Javier Milei y ex funcionario del sector en el gobierno de Mauricio Macri. Ambos suelen estar en la UOM, junto con el interventor.
“Están utilizando la UOM como un bunker para el lanzamiento político del interventor”, le confirmó a Data Gremial un importante dirigente metalúrgico, que agregó que el nombramiento de asesores “no se limita a estos dos más conocidos”. Otro dirigente consultado por este medio agregó que las versiones sobre el uso particular de la estructura de la UOM puede verse a diario, lo que genera alarma. “Estamos viendo como realizan maniobras ‘anti institucionales’, que no corresponden para un gremio”, recalcó este otro dirigente.
En la UOM se sabe que ya hay un pedido de extender seis meses más la intervención, ya que en este tiempo no se avanzó en la normalización, y por lo que se sabe no se está cerca. Mientras tanto, crece la influencia de operadores y asesores vinculados al Grupo Olmos, que supo ser parte de la administración sindical en tiempos de Antonio Caló. Ahora, la dirigencia aseguró que volvieron a ser parte del gremio, a través del manejo de la obra social.
Elecciones
El argumento para intervenir la UOM fue la denuncia por irregularidades en la elección de Abel Furlán en la seccional Campana. Allí la justicia hizo lugar a los planteos de la opositora Lista Naranja, que había denunciado irregularidades en el proceso electoral realizado entre el 2 y el 4 de marzo de 2026. Esto hizo que se invalidara la reelección de Furlán, y por lo tanto se dejó sin efecto su elección nacional. En la UOM, el secretariado nacional se compone por acuerdo de los dirigentes que encabezan las seccionales, y no por voto de los afiliados.
Al anularse el mandato local, no puede ser elegido para conducir el gremio, por eso la doble intervención. Vencido el plano, la dirigencia metalúrgica ve con preocupación que no hay señales de avances en la normalización. “Están muy lejos de llamar a elecciones, eso está claro”, le dijo a Data Gremial otro de los referentes consultados. Por eso el pedido realizado para extender otros seis meses el mandato de Biglieri.
En este contexto, se ve con mucha preocupación que no haya avances concretos, y que se busquen algunas maniobras para alejar a Furlán y su gente de la conducción de la UOM. “La intervención quiere normalizar antes el secretariado nacional y luego Campana, para evitar que Abel pueda ser parte de la conducción a nivel nacional”, explicó el mismo dirigente consultado, que marcó que esto va en contra del estatuto actual.
La medida estaría siendo analizada y podría ser un nuevo foco de conflicto entre la intervención y la dirigencia. “Le tienen un miedo terrible a Furlán”, sintetizaron desde el gremio. A la par de denunciar la maniobra judicial, la dirigencia realizó varias presentaciones judiciales, entre ellas una a la Corte Suprema de Justicia que hizo ruido: junto con el Secretariado Nacional electo y otros representantes, interpuso recursos de queja y apelaciones para reclamar la suspensión de los efectos de la resolución que anuló las elecciones y desplazó a la conducción.
Decisiones
Lejos de esto, Biglieri sigue haciendo campaña para ingresar al Consejo de la Magistratura. En una reciente entrevista, sostuvo que “llevamos una propuesta muy fuerte, plural, federal, en la que estamos convencidos que si los abogados nos ponemos en órbita y entendemos nuestra responsabilidad, vamos a elegir a los mejores jueces”.
Por otra, sigue avanzando en el manejo del gremio. Además de las paritarias, en su gestión se firmó el primer banco de horas para el sector metalúrgico, de la mano de la Ley de Modernización Laboral. En una comunicación interna, la intervención de la UOM dio cuenta de un “acuerdo colectivo con FTN Motors”, la razón social con la que opera en la Argentina la automotriz Foton, en proceso de montar una fábrica en Campana en sociedad con el local Grupo Corven.
El entendimiento incluye la inauguración de “un banco de horas por treinta y seis meses, con un máximo de 200 horas, compensación dentro de doce meses, jornada efectiva no superior a las diez horas diarias ni cuarenta y ocho semanales, descanso mínimo de doce horas entre jornadas y treinta y cinco horas semanales, registro digital individual, control de una comisión mixta, preservación íntegra del salario y exclusión de licencias, vacaciones, enfermedad, accidentes y actividad gremial”.
Mientras tanto, la conducción desplazada continúa denunciando una supuesta intromisión política en la vida interna del gremio y anticipa que seguirá impulsando acciones judiciales y políticas para revertir una medida que consideran un precedente de gravedad para la autonomía sindical.