Esta semana, la Municipalidad de 9 de Julio, en el interior de la provincia de Buenos Aires, comenzó a cortar el pasto en los alrededores de la Ruta Nacional 5, para evitar accidentes. La gestión de la intendenta María José Gentile se cansó de la falta de respuestas de la Dirección de Vialidad Nacional, y asumió las tareas por su cuesta. Este es un claro ejemplo de como el congelamiento de recursos en este año de gestión libertaria afecta el mantenimiento de las rutas en el país, que buscará ser traspasado a manos privadas, según adelantó el gobierno de Javier Milei. La idea libertaria es concesionar 10 mil delos 40 mil kilómetros de arterias viales bajo jurisdicción nacional, un plan que comenzó la semana pasada con el decreto 28/25, que busca pasar a manos de empresas privadas el Corredor Vial 18. El modelo que se impulsa es rechazado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que vienen denunciando la situación de “abandono” de la dependencia, que prepara entregar el control de la mayoría de las rutas sin el pago de un canon al Estado. “Es una cuestión de extrema peligrosidad la política que va a aplicar este año”, alertó Fabián Catanzaro, secretario Gremial de la FEPEVINA.
Con la publicación del decreto en el Boletín Oficial la semana pasada, la gestión libertaria comenzó el proceso de privatización de las rutas argentinas. El proceso de pase a manos privados comenzó con ocho tramos que pertenecen al actual Corredor Vial 18, que desde los 90 maneja Caminos del Rio Uruguay SA. Por el plazo de 12 meses, la licitación buscará un nuevo contrato por 30 años, el primero de los pensados por el gobierno para que pasen a manos de empresas. “Este decreto abre la primera de las dos instancias de concesiones que está lanzando este gobierno, según se especificó en su plan”, explicó Catanzaro, en diálogo con Data Gremial.
Además de esta primera concesión, este año se pondrán en venta “todas las rutas que están en manos de Corredores Viales SA, que son más de 6 mil kilómetros”. “A eso se le sumará 3 mil kilómetros más a concesionar, es decir, que van a poner nuevas cabinas de peajes”, alertó el dirigente. Según estimaciones de FEPEVINA, los kilómetros a concesionar corresponden “al 80 por ciento del tránsito en rutas nacionales”.
Desde que asumió el gobierno de Milei, se paralizaron prácticamente las obras de mantenimiento, en el marco del ajuste del gasto público ejecutado. Además, por segundo año consecutivo se prorrogará el presupuesto 2023, lo que hace que las partidas se manejen de manera discrecionales. “Hay cuestiones en torno a este plan, uno por ejemplo que demuestra que Vialidad Nacional viene atrasado en su trabajo porque llama a licitación en el plazo de 12 meses, cuando el contrato (con Caminos del Rio Uruguay) se vence en abril de este año, lo que genera una incertidumbre”, alertó Catanzaro, respecto de la primera licitación lanzada la semana pasada.
Para el dirigente sindical, en este corredor “hay un gran conflicto, por un lado la empresa está siendo multada hace muchos años, porque no cumple ninguna tarea de mantenimiento, bajo la excusa del atraso tarifaria”.
Polémico artículo
Conocido el decreto, el gremio de los trabajadores viales apuntó contra las zonas de camino o “nuevas zonas de negocios”, como la posibilidad de explotar estaciones de servicios, paradores y otros negocios. Esto queda expresado en el artículo 1 de la medida, que va a hacer que “ganen muchísimo más dinero”, según Catanzaro. Además, desde Vialidad Nacional se está comunicando que las empresas “no van a pagar canon al Estado nacional, ni van a tener subsidios. Pero por más que se diga eso en el contrato, de acá a 30 años que dura la concesión los distintos gobiernos terminan poniendo recursos”. “En los contratos va a figurar que las empresas no se van a hacer cargo de grandes obras, como rotondas o ampliación de carriles por lo que queda que las concesiones son un gran negocio para cortar el pasto y bachear, que podría hacer el Estado a menor costo”, recalcó el dirigente sindical.
Otro tema que preocupa a FEPEVINA es que para participar de esta y futuras licitaciones no hay casi requisitos. “Las empresas que se puedan presentar a la licitación lo único que necesitan es el aval bancario”, recordó Catanzaro. Eso quiere decir, insistió, que “cualquiera se puede juntar con un’ amigo del poder’ y quedarse con la concesión de un corredor, porque solo tienen que tener esos avales, sin necesidad de mostrar capacidad técnica para desarrollar una tarea como la concesión de una ruta, donde necesitás maquinaria, conocimiento y personal”.
Panorama complejo
El ajuste brutal al que se sometió al Estado nacional en general y Vialidad en particular durante el año pasado, dejó sin mantenimiento buena parte de las rutas del país. las provincias son las más afectadas, que en algunos casos trataron de hacerse cargo de algunas tareas, aunque no termina de ser un “parche”. Cuando se insinuó la posibilidad que las vías nacionales pasen a manos provinciales, los trabajadores viales rechazaron la propuesta.
Lo cierto es que el escenario es de “abandono”, por la falta de recursos. Según estimaciones, la dirección necesita para atender cuestiones urgentes unos 730 mil millones de pesos, pero el presupuesto asignado se mantuvo en 475 mil millones de pesos.
Así, obras estratégicas como la circunvalación de Villa María, en Córdoba, las autopistas Río Cuarto-Holmberg y San Francisco-Córdoba, y la transformación de la Ruta 3 en autopista, han quedado paralizadas. Además, la falta de presupuesto ha afectado el control de peso de camiones y el mantenimiento de más de 4 mil puentes en todo el país, según distintos reportes.
A esto se le suman despidos y un plan de jubilaciones anticipadas para el personal. “Por estas cosas se viene un escenario de extrema conflictividad, van a entregar los sectores rentables de las rutas a las empresas para hacer un negocio”, recalcó Catanzaro. “El presupuesto de Vialidad Nacional no alcanza para nada, un presupuesto miserable que además tuvo que soportar ‘la pata’ del Ministerio de Economía que no le bajaba la plata, por lo tanto es una cuestión de extrema peligrosidad la política que van a aplicar este año en las rutas, a la falta de mantenimiento hay que sumarle el negocio de los amigotes del poder”, concluyó el dirigente de FEPEVINA.