Casi al mismo tiempo que los gremios de docentes y nodocentes de las universidades comienzan una nueva jornada de paro de actividades, se vence el plazo judicial para que el gobierno nacional cumpla la ley de financiamiento del sector. La negativa de la gestión libertaria a girar los fondos necesarios para realizar un incremento salarial y garantizar el funcionamiento de la educación superior parece a esta altura más un capricho que una política estatal. Dos veces la justicia ratificó la plena vigencia de la norma, que además el año pasado logró un amplísimo consenso político en el Congreso. Pero la Casa Rosada mantiene su postura, pese a exponerse a sanciones penales. Por esto, el conflicto universitario es el más largo y extendido de la presidencia de Javier Milei, y promete intensificarse a partir de la decisión de la comunidad educativa de sostener el plan de lucha. No es para menos: según el último dato de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y el Centro Interamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), los trabajadores universitarios llevan 17 meses seguidos de caída salarial, lo que equivale a un 33,7 por ciento de pérdida real. Además, las partidas enviadas por Nación se redujeron a la mitad. Por esto, crece la idea de una cuarta marcha federal en mayo.
Con actividades de visibilización, protestas, paro y una carpa docente, el plan de lucha del Frente Sindical de Universidades Nacionales cumple este viernes con otra jornada. El malestar creciente por el silencio del gobierno para cumplir la Ley de Financiamiento Universitario hace pensar en madias cada vez más frecuentes, en medio del temor al colapso de las casa de estudio, jaqueadas por el ajuste. En la previa de la jornada, se conoció un reporte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) donde se denuncia la “crítica situación” que atraviesan las universidades públicas y el sistema científico argentino.
Bajo el título “Sin ley de financiamiento la universidad pública y la ciencia nacional agonizan”, el informe alerta sobre “el deterioro presupuestario, la pérdida salarial y la falta de respuestas del gobierno nacional”. Uno de los datos más preocupantes que expone el documento es la caída del 45,6 por ciento en las transferencias a las universidades desde 2023. “En todos los aspectos estamos funcionando a la mitad”, rescató el reporte, al que tuvo acceso Data Gremial. Además, remarcaron que la situación “impacta directamente en la calidad educativa, la investigación y las condiciones laborales”.
El informe subraya además que existe un fallo judicial que ordena la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), los cuales contemplan mejoras salariales y recursos para el sistema. Sin embargo, denunciaron que el Gobierno “mira hacia otro lado” y no cumple con lo establecido, pese a tratarse de una norma sancionada por el Congreso. Frente a este escenario, los rectores junto a los gremios y las agrupaciones estudiantiles informaron que ya notificaron formalmente a la Justicia sobre el incumplimiento y enviaron una nota a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para exigir la convocatoria urgente a la paritaria nacional.
Asimismo, advirtieron que, de no haber respuestas en el corto plazo, avanzarán con nuevas medidas de protesta. En particular, anticiparon una convocatoria a movilizaciones en todo el país durante la primera quincena de mayo, en defensa de la educación pública, la universidad y la ciencia. El texto concluye con una fuerte apelación al valor histórico y social del sistema universitario argentino, al que define como una “herramienta de movilidad social ascendente extraordinaria” y un pilar del desarrollo nacional. “La nación argentina es su universidad pública”, afirmaron, y llamaron a toda la sociedad a comprometerse con su defensa.
Carpa y marcha
Para este viernes, los distintos gremios del sector preparan acciones para presionar el cumplimiento de la ley. Nodocentes llevarán adelante e un nuevo paro nacional de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, según comunicaron. La medida de fuerza dispuesta por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) es “en defensa de nuestros derechos y de la universidad pública”.
Por su parte, la CONADU organiza las llamadas “carpas por la universidad y la soberanía” que se fueron levantando esta semana a lo largo del país, donde le reclaman a Milei, el cumplí la Ley de Financiamiento Universitario. En tanto, CONADU Histórica anunció también un paro nacional de actividades que “frenará cualquier actividad” en las casas de estudio. La huelga de carácter nacional se inició desde el lunes 13 hasta el sábado 18 de abril.
En este contexto, crece la posibilidad de una nueva marcha federal universitaria. Hasta ahora, los distintos integrantes del frente Sindical no lograron articular una estrategia común, lo que fue postergando esta posibilidad. Es que la CONADU, por ejemplo, había votado en uno de sus plenarios proponer al resto de las organizaciones una jornada masiva de lucha en la segunda quincena de abril, pero la idea no prosperó. Fuentes consultadas por Data Gremial admitieron “la dificultad” de articular esta propuesta, pero confiaron que en el actual panorama en mayo “será inevitable volver masivamente a la calle”. “Hay algunas diferencias que debemos resolver, pero la idea es llamar a una marcha donde no sólo podemos expresarnos en unidad los gremios, sino toda la comunidad educativa y la sociedad”, agregaron las fuentes consultadas. Si el gobierno desconoce el nuevo fallo judicial, todos los caminos parecen llevar a otra movilización el mes que viene.
Efecto en la ciencia
En tanto, junto con el reclamo universitario se dio espacio estos días de protesta a denunciar la destrucción del sistema científico-tecnológico del país, íntimamente relacionado con las universidades, ya que gran parte de los investigadores argentinos allí realizan sus tareas. En este sentido, el Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC), del CIICTI registró una nueva caída salarial de quienes trabajan en el sistema, en particular de quienes hacen investigación en el CONICET, al punto que ya roza el 40 por ciento.
El informe, al que tuvo acceso Data Gremial, detectó que “los salarios en ciencia y tecnología prosiguieron con su caída en marzo de 26, al perder un 1,3 por ciento de su poder adquisitivo en términos reales continuando con su ininterrumpido deterioro de los últimos meses”. Esto abarca “las remuneraciones de los trabajadores de todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que tuvieron incrementos nominales del 2 por ciento en el mes, contra una cada vez más acelerada variación del índice de Precios al Consumidor del INDEC, la cual alcanzó el 3,4 por ciento en marzo de 2026”. De esta manera los salarios perdieron un 9,3 por ciento en los últimos 12 meses y caen entre un 31,5 y un 39,9 por ciento desde noviembre de 2023, explicaron desde el Grupo EPC-CIICTI.
A su vez, en marzo de 2026 los docentes investigadores en universidades nacionales continúan acercándose, para el cargo testigo, a la línea de pobreza, habiendo pasado de 1,45 canastas básicas totales del INDEC en nov-23 a 1,03 en marzo de 2026. Los trabajadores SINEP se encuentran por debajo de la línea de pobreza desde agosto de 2024 (0,86 canastas). En el mismo período el cargo testigo en CONICET pasó de 1,72 canastas a 1,10. La totalidad del sistema se aproxima al umbral de pobreza por ingresos salariales. “El ataque es certero, y se traduce en caída de programas de investigación, becas, despidos, cierre del ingreso a la Carrera de Investigador y de Personal de Apoyo del CONICET, depresión de los salarios, incumplimiento de la Ley de Financiamiento del Sistema científico, migración de investigadores e investigadoras a otros países que si valoran su capacidad, y desacreditaciones constantes de parte del presidente”, concluyó el reporte.