En el marco de una visita a la localidad bonaerense de Junín, el Ministro de Hacienda Luis “Toto” Caputo se refirió a la jornada de la semana pasada, cuando el gobierno recibió una dura derrota legislativa, al rechazarse cinco decretos y se aprobaron dos leyes claves parta el sector salud y educación. “Está claro que tenemos un Congreso que es esencialmente populista y opositor, que gobernó dieciséis de los últimos veinte años, lo que busca hoy es volver al pasado”, dijo el funcionario ante la prensa, dejando ver el malestar en el oficialismo por las normas que según su óptica rompen el equilibrio fiscal. Lo cierto es que la estrategia de la Casa Rosada parece por un lado ignorar la orden de mantener como están organismos como el INTA o el INTI; y por otro vetar las normas, esperando poder sostenerlos. Ese parece ser el destino inmediato de la Ley de Emergencia en Pediatría y la Ley de Financiamiento Universitario, que están en la mira del presidente Javier Milei, y que en los próximos días podría ser vetada. Ante esto, los gremios de ambos sectores ya trabajan en una estrategia conjunta para resistir embate presidencial. En este contexto, habrá una jornada de lucha de los trabajadores de la salud, y una serie de paros y actividades de docentes y nodocentes universitarios, todos con la idea de sostener las normas que mejoran el financiamiento y los salarios se sector.
En el caso de la ley que financia el sector de pediatría, quedó asociada a la lucha del Hospital Garrahan, pero en realidad abarca a todo el sistema, es decir, e incluye una recomposición que lleva su salario a los niveles de noviembre de 2023, lo cual en promedio implica un aumento de entre el 20 y el 35 por ciento. En segundo lugar, la ley incluye como beneficiarios a todos los residentes del equipo de salud. Según la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), la Argentina tiene 12 mil residentes y “frente a la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de deshacerse de su responsabilidad en la financiación de las residencias provinciales, la ley de emergencia se constituye en un límite a la motosierra en el área sanitaria nacional”. Por la necesidad de recursos “frescos” para financiar estos dos temas, es que se espera que haya veto presidencial. Para intentar frenarlo, es que los gremios de la entidad con otros sectores realizarán mañana jueves una serie de acciones en todo el país, para mostrar el rechazo de trabajadores y profesionales respecto al veto. Además, habrá reclamos a los gobernadores, en zonas donde hay conflictos locales.
“La decisión política de vetar la Ley de Emergencia en Pediatría está confirmada, porque ya la hizo pública el gobierno”, sostuvo Jorge Yakowsky, vicepresidente de FESPROSA. En diálogo con Data Gremial, el dirigente advirtió que por ahora “la presidenta de la cámara de senadores debe enviar el proyecto al Ejecutivo, y eso se demora varias días”, a partir de esto se abre el plazo para que el gobierno oficialice el veto. “Nosotros obviamente estamos muy en contra del veto, que ya fue anunciado, porque esta es una ley importante y la queremos defender”, dijo Yakowsky. En este sentido, la FESPROSA exige “la promulgación inmediata de la norma” y sostiene que el veto “desconoce la voluntad de más del 85 por ciento de la ciudadanía, según indican todas las encuestas”. La entidad, que representa a profesionales de todo el país, viene reclamando la renuncia del ministro Mario Lugones, por varias situaciones irregulares en el sistema sanitario, desde la muerte de unos 100 países por el uso de un analgésico contaminado hasta el ajuste que incluyó el corte en la entrega de medicamentos oncológicos.
Ley de Financiamiento Universitario
En tanto, junto con la ley de protección de la pediatría, el Senado aprobó la muy mentada Ley de Financiamiento Universitario, que ya se había elaborado el año pasado, puesta en vigencia y vetada por el presidente. Esta vez, el apoyo a la normativa fue mucho más amplio, incluyendo en la cámara alta, donde consiguió más de dos tercios de los votos. Esto –vinculado al cambio de actitud de los gobernadores respecto al oficialismo –sería decisión para evitar el veto, que al parecer también tendrá lugar. “Ya el presidente Milei anunció el veto a ley, como a cualquier ley que atente el déficit cero y el equilibrio fiscal”, confirmó Francisca Staiti, titular de la CONADU Histórica. La entidad realizó un paro este martes y miércoles, rechazando el veto y pidiendo mayor financiamiento y una “inmediata recomposición salarial”. Los paros rotativos de 48 horas seguirán los días 1 y 2 de septiembre.
Según le explicó Staiti a Data Gremial, “las medidas que hemos planteado están relacionadas con decirle no al veto pero también por la grave situación salarial que estamos atravesando”. “Si hay veto, hay marcha. Es lo que estamos articulando con todos los sectores de la universidad”, agregó. La dirigente se hace referencia a los pedidos de la semana pasada de otros de los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, la CONADU, que fomenta para la tercera semana de septiembre una tercera marcha universitaria, donde toda la comunidad educativa exprese el rechazo a la política libertaria para el sector. Por eso, desde CONADU Histórica denuncian “la degradación del trabajo docente”, que está provocando un “éxodo inédito y un vaciamiento de los equipos de cátedras en todo el país, y que la situación es crítica: La universidad pública está en peligro”.
Centrales obreras
A los rechazos expresados por los gremios del sector salud y educación, se sumaron importantes respaldos de las centrales obreras, que también podrían movilizarse en caso de veto presidencial. La CGT se expresó contra esa posibilidad a través de su secretario de Políticas Educativas, Sergio Romero. “Es una ley extremadamente necesaria y, como representante de los trabajadores docentes universitarios, reclamamos que se promulgue y no se derogue”, dijo el titular de la UDA, gremio nacional del sector. Lo mismo hicieron las dos fracciones de la CTA, que repudiaron la posibilidad de vetar la norma universitaria. Las dos centrales obreras tienen entre sus filas a gremios del sector, a los que respaldan en su lucha.
En tanto, en el sector salud además de FESPROSA este jueves 28 habrá un paro de los trabajadores del Hospital Garrahan, como parte de los reclamos contra el veto presidencial. Según anunció la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, “la salud de las infancias no se negocia” y que, luego de tantos meses de lucha y visibilización de los recortes que propina el Gobierno Nacional, el Garrahan se convirtió en “una causa nacional”. Luego de la protesta del jueves pasado, día que se trató la norma en el Senado, se volverá a protestar este jueves, para sostener el reclamo. La jornada que tienen pensada para el 28 de agosto tendrá una articulación con otras entidades públicas “afectadas por la política estatal de vaciamiento y desguace", como la comunidad universitaria, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA), entre otras.