El Gobierno no sólo no oculta su poco respeto por las instituciones de la democracia, sino que tampoco lo hace por los trabajadores: a pesar de que el Congreso de la Nación le puso un freno al decreto que pretendía fusionar o eliminar organismos de control, el Poder Ejecutivo dispuso el pase a disponibilidad a casi 500 estatales, una instancia previa al despido efectivo.
Precisamente, las autoridades, con el presidente de la Nación a la cabeza, Javier Milei, ordenó la mencionada medida que afecta a alrededor de 460 empleados que pertenecen a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Quien puso la cara o la firma para iniciar un fuerte recorte de personal fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien ordenó esta acción mediante la Resolución 1240/2025, publicada en el Boletín Oficial. La mayoría de los afectados, 287 agentes pertenecen al INTA, donde el viernes decidieron permanecer en estado de asamblea, mientras que el resto se distribuye entre el INASE y el INV.
El repudio de ATE
Desde el gremio ATE, el delegado del INTA, Sebastián Fajardo, calificó la maniobra del Ejecutivo como un “manotazo de ahogado”, destinado a desactivar el impacto político del freno judicial y legislativo. Advirtió que la medida busca diluir el triunfo de los trabajadores y advirtió que la situación ya está en alerta roja institucional.
En tanto, su par Julieta Boedo consideró a la maniobra del Gobierno como una “embestida, entonces, tiene que ver con que el Congreso se expresó, con que la Justicia se expresó, con que la calle se expresó”.
“Este era un escenario posible: nosotros y nosotras sabemos que es este el mecanismo que vienen teniendo. Por cada logro que tenemos, viene una avanzada también, ese es el escenario en el que estamos, esa es la resistencia que estamos llevando adelante. También entendemos que el escenario se encrudeció, pero tenemos con qué resistir, tenemos las herramientas, estamos a la altura de hacerle frente a esta nueva embestida. Así que seguimos resistiendo como lo venimos haciendo”, agregó.
Además, la dirigente gremial remarcó: “Nos vieron fuertes, nos vieron en la calle, nos vieron en unidad, nos vieron abrazados y abrazadas de manera federal en una misma plaza, en una misma situación, esperando con mucha expectativa la votación del Senado. Ese es el escenario en el que entendemos que se da esta avanzada brutal sobre nosotros y nosotras”.
Qué es el pase a disponibilidad
La decisión fue tomada pese a que tanto el Congreso, en sus dos cámaras, como la Justicia habían intervenido para frenar los intentos de vaciamiento institucional mediante decretos ejecutivos. Los vetos y bloqueos a las medidas originales habían dejado al Ejecutivo sin respaldo político formal para avanzar en su plan.
De acuerdo a la legislación vigente, Ley 25.164 y su decreto reglamentario 1421/2002, la figura de disponibilidad permite retener a los agentes en una suerte de limbo laboral hasta por doce meses. Durante este período, se les abona un haber especial, quedan eximidos de concurrir, pero deben estar disponibles para convocatorias estatales y pueden ser reubicados o reasignados.