Luego de la dura derrota legislativa de la semana pasada, cuando la cámara de Diputados aprobó una docena de proyectos que golpean la estrategia de equilibrio fiscal del gobierno, todas las miradas apuntan a la cámara alta, que deberá ratifica esta situación. Las propuestas van desde el rechazo a varios DNU, como el que desregula la marina mercante o los que disuelve varios organismos estatales, hasta los proyectos de Ley que declaran la emergencia pediátrica o crea un nuevo sistema de financiamiento de las universidades. En todos los casos, hay buenas perspectivas que los senadores mantengan la decisión tomada, aunque el oficialismo está negociando con gobernadores y otros espacios de manera continua. Ante esto, trabajadores y gremios plantean distintas acciones incluyendo movilizarse al Congreso, para presionar al Senado y ratificar las medidas tomadas.
Uno de los casos son los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) , que adelantaron que realizarán el próximo martes una conferencia de prensa para pedirle a los senadores nacionales que lleven adelante la sesión donde deben debatir la derogación del decreto que modifica el organismo.
Bajo la consigna “¡senadores, voten por nosotros ya!”, se concentrarán el 19 de agosto a las 10hs., en la sede central del INTI (Av. General Paz 5445) junto a otros organismos “afectados” por los decretos delegados como las Universidades y el Hospital Garrahan, que aguardan la media sanción del Senado de las leyes de financiamiento.
“Hay un enorme arco político que entendió, igual que nosotros, la importancia estratégica del INTI en pos del desarrollo de la industria nacional y de la seguridad de la población al momento de consumir productos de origen industrial. Con el triunfo en Diputados, vamos por el rechazo definitivo en el Senado”, expresó Giselle Santana, delegada de ATE en INTI, en declaraciones periodísticas.
En la misma línea, invitaron “a todos los sectores comprometidos con la defensa de estas políticas públicas” a participar de esta jornada de lucha, y a sumarse al reclamo de la “urgente derogación de los decretos delegados y la sanción de las leyes que protegen derechos elementales de toda la población”. “Queremos alzar la voz y reclamar el urgente tratamiento de estos temas en el Senado, tras el contundente triunfo en la Cámara Baja. Junto con los trabajadores del INTA, CONICET, Vialidad Nacional, CNRT, cultura, marina mercante, Garrahan y universidades nos unimos frente al ataque del gobierno nacional a la ciencia, la producción, la cultura, la soberanía, la salud y la educación públicas”, concluyeron.
Plan de lucha en salud
En tanto, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan decidió que los dos próximos jueves (21 y 28 de agosto) llevará adelante dos paros. En declaraciones periodísticas, el gremio sostuvo que "la salud de las infancias no se negocia” y que, luego de tantos meses de lucha y visibilización de los recortes que propina el gobierno nacional, el Garrahan se convirtió en “una causa nacional”.
El primer paro será el 21 de agosto, día en que el Senado nacional trate la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, que impacta directamente con el Garrahan, y que ya cuenta con media sanción obtenida en la cámara de Diputados con más de dos tercios de los votos. "De acuerdo con contactos mantenidos con varios senadores, se estima que la votación podría realizarse el próximo jueves. Mientras tanto, la situación en el hospital sigue siendo crítica ante la falta de respuesta al reclamo salarial, lo que provoca la renuncia de profesionales y el vaciamiento de áreas clave", explicó, Norma Lezana, secretaria general de APyT.
Por otra parte, la jornada que tienen pensada para el 28 de agosto tendrá una articulación con otras entidades públicas “afectadas por la política estatal de vaciamiento y desguace", como la comunidad universitaria, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA), entre otras.
"El apoyo social crece día a día, con adhesiones de organizaciones sindicales, políticas y sociales de todo el país. En ese marco, se realizó un encuentro federal de familias, cuyos testimonios ratifican el respaldo a la defensa del hospital y exigen al Gobierno que garantice su funcionamiento, ya que para la mayoría de los niños y niñas atendidos en el Garrahan no existe otra opción", concluyó Lezana.
Vialidad Nacional
Por último, los trabajadores viales marcharán el próximo jueves al Congreso Nacional para reclamar que el Senado dé sanción definitiva al rechazo del DNU 461/2025 del Poder Ejecutivo, que dispuso el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, y que ya tiene aprobación de la cámara de Diputados. El trabajo entregado al Senado advierte que “el deterioro del estado de servicio de las rutas nacionales representa un serio riesgo para la seguridad vial ya que es causa de accidentes y muertes de personas”.
De esta forma, advierten que la disolución del organismo “pone en riesgo vidas, el desarrollo de las economías regionales y la conectividad, tanto entre las provincias como con el resto de los países integrantes del MERCOSUR”. “El 21 de agosto puede ser el día en que se termine la locura del decreto 461/25 y se salve Vialidad Nacional de su disolución”, dijeron desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que se movilizará al Senado. Entre otras funciones que el Poder ejecutivo no toma en cuenta, se incluyen “el control de peso y dimensiones, el trabajo de cuadrillas y la evaluación de pavimentos que realiza la DNV con correlación directa con la salud de quienes transitan las rutas y caminos del país”.
El decreto 461/2025 se encuentra frenado por una medida cautelar emanada del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 de San Martín, debido a que Vialidad fue creada a partir de un decreto ley, que indica que no se podría disolver porque es un ente autárquico que funciona de manera autónoma. La suspensión judicial paraliza el cierre por seis meses a la espera de que la Justicia se expida de manera definitiva, por lo que los trabajadores de Vialidad Nacional intentan que el DNU quede sin efecto de manera definitiva al ser rechazado por el las dos cámaras del Congreso.