La Justicia Federal recibió una denuncia que pide investigar a Lácteos Vidal S.A. por presuntos vínculos con el narcotráfico internacional, lavado de dinero y financiamiento político ilegal. El escrito, basado en documentación judicial proveniente de los Estados Unidos y – tal como reflejó días atrás Data Gremial-, señala que hubo transferencias millonarias desde cuentas ligadas al narcotraficante Federico “Fred” Machado hacia Alejandra Bada Vázquez, titular de la empresa, quien habría aportado $215 millones a la campaña presidencial de Patricia Bullrich a la empresa por operaciones de lavado, triangulación de fondos y violaciones laborales. en 2023.
El caso forma parte de la causa Nº 31095/2025 – “Anidos, Claudio Andrés y otros c/ Lácteos Vidal S.A. s/ Medida Cautelar”, en la cual los trabajadores representados por el Dr. Julián Martín Coronel presentaron un escrito que exige a la Cámara Federal investigar de manera inmediata los vínculos financieros y políticos del grupo empresario, así como las violaciones graves a los derechos laborales cometidas en la planta de Moctezuma, en el partido bonaerense de Carlos Casares.
Transferencias bajo la lupa de la Justicia de EE.UU.
La presentación judicial se apoya en documentación oficial remitida desde la Justicia de los Estados Unidos, que confirma movimientos de dinero desde cuentas asociadas a Machado —detenido por tráfico internacional de cocaína— hacia Bada Vázquez.
Según las pruebas incorporadas a la causa, las operaciones figuran en planillas del Bank of America que también forman parte del expediente que se instruye en Texas contra Machado y Debra Mercer-Erwin, ambos procesados por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
De acuerdo con el escrito, esas mismas transferencias habrían derivado luego en aportes por más de $215 millones a la campaña presidencial de Patricia Bullrich en 2023, lo que alimenta la sospecha de una triangulación de fondos de origen ilícito hacia la política argentina.
Persecución sindical y violencia laboral
El documento judicial también recuerda el historial de conflictos laborales que atraviesa Lácteos Vidal.
Lejos de la imagen de “víctima de bloqueos sindicales” que el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) —referenciado en Florencia Arietto y vinculado al espacio de Bullrich— intentó instalar, la empresa acumula denuncias por despidos persecutorios, fraude laboral, incumplimiento de fallos judiciales y amenazas con armas de fuego contra sus trabajadores.
Durante la pandemia de 2020, trabajadores denunciaron que fueron obligados a cumplir tareas sin medidas mínimas de seguridad sanitaria, lo que provocó la muerte de un obrero por COVID-19. En ese contexto, se difundieron imágenes de Vidal Bada Vázquez increpando a empleados con un arma de fuego, que se viralizaron en redes y medios nacionales como símbolo de violencia y antisindicalismo empresarial.
Un pedido urgente ante la Cámara Federal
En su presentación, el abogado Julián Martín Coronel advirtió: “Librar oficios de levantamiento en este contexto implica facilitar maniobras ilícitas vinculadas al narcotráfico. Resulta absolutamente urgente impedir dicho acto procesal”.
El escrito solicita a la Cámara Federal que:
- Detenga de inmediato las escisiones societarias dispuestas por Lácteos Vidal.
- Revoque el levantamiento de medidas cautelares, restituyendo el efecto suspensivo.
- Investigue a fondo los vínculos con el narcotráfico y el financiamiento político.
- Garantice la protección del crédito laboral de los trabajadores, evitando el vaciamiento patrimonial de la empresa.
Más allá del conflicto gremial
Para los denunciantes, el caso trasciende ampliamente el plano laboral. “Todo indica que el conflicto con Lácteos Vidal ya no puede ser reducido a una disputa gremial”, señalan en el texto. “Debe investigarse el cruce entre poder económico, narcotráfico y política, un entramado que amenaza el orden público y la seguridad jurídica en la Argentina”.
La presentación concluye con un fuerte mensaje a los magistrados: “La Cámara tiene la obligación institucional y moral de frenar estas maniobras. Avalarlas significaría dejar la puerta abierta a un sistema donde el narcotráfico financia empresas y campañas políticas con total impunidad, mientras se vulneran los derechos más elementales de los trabajadores”.