Apenas comenzó la gestión libertaria, se decidió extender los contratos por tres meses de muchos de los estatales nacionales que no tenía estabilidad laboral. A medida que avanzó el plan de ajuste, los despidos en las dependencias públicas se multiplicaron, y estos trabajadores quedaron en una especie de “limbo”, con un vínculo que en teoría finaliza esta semana. En este tiempo, la puesta en marcha del “plan motosierra” dejó en evidencia que el gobierno de Javier Milei buscará achicar la planta de empleados, algo que comenzó a darle forma con el cierre de varias dependencias y el achicamiento de otras, como pasa en el INCAA o el CONICET. Las versiones no dejan dudas: en breve habrá novedades en materia de empleo público. Por eso, esta semana, en el marco de una nueva jornada del Frente de Gremios Estatales, hubo asambleas y pedidos de información a las flamantes autoridades, para conocer el impacto de estas posibles cesantías, que no sólo pueden darse en el Estado nacional, sino además en empresas públicas. Las versiones fueron parte de la frustrada jornada de lucha de este martes, que las lluvias no permitieron desarrollar en la zona del AMBA, pero que tuvo impacto y visibilidad en el resto del país.
El decreto 84/2023 del 23 de diciembre había fijado la caída de todos los contratos de los empleados estatales que habían iniciado sus funciones durante el año pasado, una medida que impactó en unos 7 mil trabajadores públicos. La segunda parte de ese decreto fijó que el resto de los empleados con modalidad de contrato (los que no integran la planta permanente) renovaría su situación “por tres meses” y sería sometido a un “relevamiento exhaustivo” para que las autoridades evalúen, caso por caso, la continuidad de sus contrataciones. Esto hace que esta semana, cuando se cumplen los 90 días de la gestión libertaria, se esperen definiciones. Las versiones periodísticas afirman que el plan de achicamiento del gasto público, que comenzó con medidas simbólicas como el cierre del INADI y de Télam, podría seguir por otros organismos, para bajar los 12 millones de salarios que paga el Estado nacional, que representa dos puntos y medios del PBI. Uno de los lugares apuntados es el INDEC, que tiene una gran cantidad de monotributistas, además de personal cercano a la jubilación.
“Está corriendo versiones fuertes que van por los empleados ‘jubilables’ y los contratados o monotributistas”, le confirmó a Data Gremial un integrante de la Junta Interna de ATE en el INDEC. En este sentido, esta semana los rumores “crecieron notablemente”, y ya se habla de “inminentes bajas en el INDEC”. Ante estos, los trabajadores anunciaron una actividad para teste miércoles 13, en la puerta del organismo, que incluye un ruidazo, una asamblea y una radio abierta, para rechazar cualquier despido y para pedir estabilidad laboral para todos los trabajadores. “Nosotros decimos que en el INDEC no sobra nadie, y de hecho estamos por debajo de la planta óptima que se necesita para funcionar”, agregaron desde la Junta Interna, que calculó que se necesitan cerca de 200 nuevos puestos laborales para llegar al plantel ideal para realizar todas las tareas. Además de realizar esta actividad, los trabajadores del INDEC pidieron una audiencia con Marco Lavagna, titular de la entidad, para tratar esta cuestión, y muchas otras, como la recategorizaciones y la recomposición salarial.
Empresas en la mira
Como sucede en el Estado, las empresas públicas también están en la mira de la motosierra del gobierno. En este universo, la primera amenaza estuvo dada por las privatizaciones, pero al trabarse por la falta de acuerdo respecto al DNU y la Ley Ómnibus, ahora en la Casa Rosada piensan en cierres y liquidaciones, como pasa con Télam. En este sentido, los recortes comenzaron con 300 cesantías en AySA, que generó un paro de actividades este lunes del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitaristas (SGBATOS), y otras dependencias similares. Ahora, en el corto plazo, las versiones apuntan a Aerolíneas Argentinas y a Trenes Argentinos, de las entidades que más empleados tienen.
“Por el momento no hay registro de ningún despido ni recorte de personal en Trenes Argentinos”, le dijo a Data Gremial una fuente sindical del sector. Pese a esto, confirmó que hay “muchos rumores que se han dispersado”. “Entendemos que hoy el país está en una situación complicada y que estos rumores no suman, sólo buscan generar miedo”, agregó la misma fuente, que recalcó que los gremios “seguimos apostando al desarrollo del sistema ferroviario, por ende, el crecimiento de la familia ferroviaria, desde nuestro lado apostamos a la mejora y al crecimiento”. Trenes Argentinos es la empresa pública con más empleados, más de 30 mil, si se cuenta el holding de firmas que componen los distintos ramales, tanto de transporte urbano de pasajeros, de larga distancia y de carga.
Jornada de lucha
Más allá de los recaudos que se toman, las versiones son claras: cuando termine marzo se espera una salida mucho más importante de trabajadores públicos alcanzados por la extensión de contratos, en toda la administración nacional. Sabiendo esto, los estatales vienen trabajando en unidad por un plan de lucha, en el marco del Frente de Gremios Estatales, un espacio que reúne a unas 30 organizaciones de las distintas instancias del empleo público. Ayer martes iban a realizar un nuevo paro nacional, con acciones en la calle, pero las condiciones climáticas obligaron a posponerlas hasta el lunes 18.
“En un plenario multitudinario y por unanimidad, las y los estatales hemos decidido profundizar nuestro plan de lucha. Nos vamos a movilizar para ponerle freno a este intento de reducir el Estado a su mínima expresión. El 31 de marzo vencen más de 70 mil vínculos laborales. Exigimos su continuidad y regularización”, explicó el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, en el marco de un plenario nacional de la entidad. Ese día, se decidió movilizar al Ministerio de Capital Humano, contra los distintos anuncios de esta cartera que “atentan contra la funcionalidad plena del Estado”, como los recortes en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la amenaza de cierre del INADI, de Télam, de los 57 Centros de Referencia del ex ministerio de Desarrollo Social, y de otras empresas del Estado”.