Desde que comenzaron a escribir su historia, los llamados metrodelegados saben de presiones y ataques. El gremio que ahora lidera Néstor Segovia viene peleando desde su nacimiento por el reconocimiento que tiene en las bases de los trabajadores del subte, y fue objeto de varios ataques por parte de la empresa encargada del subte de la Ciudad de Buenos Aires. Pero nunca antes la criminalización fue tan evidente. Esta semana, se conoció que unos 170 empleados del sector serán denunciados por asociación ilícita por la justicia porteña, en el marco de una causa iniciada en complicidad con la empresa SBASE y Emova. Se trata de una maniobra que la fiscal Celsa Ramírez impulsa desde hace un tiempo, y que hizo que en abril pasado la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) se declaró en “estado de alerta y movilización”, y alertó que se trata de un claro caso de “criminalización de la protesta sindical”. Esta semana, los trabajadores y referentes sindicales realizarán una conferencia de prensa para denunciar el accionar judicial, y no descartan medidas de fuera. No es la primera vez que la justicia porteña arremete contra los metrodelegados, ya que en 2019 se abrió una causa similar, contra al menos siete representantes de la entidad.
Según informaron desde la AGTSyP, esta semana habrá novedades en la causa abierta contra nada menos que 170 trabajadores del subte por asociación ilícita, un hecho inédito en el país. “Frente a este intento de criminalizar la participación en medidas gremiales, limitando derechos constitucionales, judicializando acciones gremiales impulsadas por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), convocamos a los medios de comunicación a participar de la conferencia de prensa que realizaremos el miércoles 6 de mayo a las 10 en Carlos Calvo 2365”, informaron desde el gremio.
Como adelanto de la medida, el secretario de Salud Laboral de los metrodelegados Francisco Ledesma le dijo a Data Gremial que “en un plenario general de delegados decidimos encarar un plan de lucha en contra de la persecución política del gobierno de CABA y las empresas SBASE y EMOVA”, por lo cual no se descartan medidas de acción directa, contra la causa que tramita en la Fiscalía PCyF N°35 de la Ciudad de Buenos Aires y apunta contra trabajadores.
Desde AGTSyP defendieron la legitimidad de las medidas adoptadas y sostuvieron que “el derecho de asociación y la libertad sindical, que deben ser garantizados y no reprimidos, legitiman nuestra acción y ponen en evidencia la persecución de la que somos víctimas”.
El tema volvió a general malestar en la AGTSyP, que recibió el respaldo de la propia CATT, entidad que llamó a la protesta que terminó judicializada. En ese contexto, cuestionó el avance judicial y lo consideró un “grave precedente” en relación con la criminalización de la protesta social. La central sindical afirmó que las medidas gremiales forman parte del ejercicio de derechos constitucionales, como la libertad sindical y el derecho de huelga. Asimismo, advirtieron que este tipo de acciones buscan “disciplinar al movimiento obrero” y debilitar la representación sindical, en un escenario que calificaron como un ataque contra los trabajadores organizados. Por último, la CATT reafirmó su respaldo a los metrodelegados y acompañó el estado de alerta y movilización declarado por el gremio, al tiempo que llamó a la unidad del movimiento obrero para la defensa de los derechos laborales.
Política de criminalización
Lo inédito de esta causa es que incluye a 170 empleados, por el presunto delito de asociación ilícita. Al respecto, la secretaria de Prensa de la AGTSyP Andrea Salmini sostuvo que la denuncia “es un disparate”, por el número de trabajadores involucrados y el delito penal que se les imputa. “Son en total 171 los denunciados por participar en medidas gremiales, entre 2024 y 2025, medidas amparadas por el derecho a huelga y la Constitución Nacional. Es un montó lo que se está haciendo”, le dijo a Data Gremial Salmini.
En este sentido, la referente recordó que este tipo de avanzada sobre el accionar gremial en el subte “ya lo hicieron en2018, con la complicidad de la misma fiscal, lo que muestra que hay una política de criminalización importante”. En ese caso, a diferencia de esta nueva causa, los denunciados eran únicamente los dirigentes, mientras que ahora se incluyó a gran parte del personal.
De acuerdo a la presentación, la acusación se vincula con medidas gremiales desarrolladas entre 2024 y 2025, incluyendo paros y acciones sindicales promovidas por AGTSyP. El conflicto de fondo se inscribe en una relación tensa entre la empresa concesionaria y el personal del subte, atravesada por reclamos laborales, condiciones de trabajo y antecedentes recientes de medidas de fuerza. “La judicialización del caso suma un elemento de mayor complejidad, al exponer a los trabajadores a posibles consecuencias penales”, alertaron desde los metrodelegados.
Ese episodio de 2018 es señalado por el sindicato como “un indicio de reiteración en el intento de judicializar la actividad gremial”. Por eso, se espera que en la conferencia de prensa de esta semana se amplíe su postura sobre la causa y detalle el escenario actual del conflicto. Aunque no fueron confirmadas, no se descarta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza que podrían impactar en la prestación del servicio.
Otra denuncia
En tanto, los metrodelegados recordaron que vienen realizando otras acciones, como sucedió a fines de abril con una medida de fuerza en la estación Federico Lacroze de la Línea B del Subte: desde las 7, mantuvieron liberados los molinetes en señal de protesta por el despido de una trabajadora. Este tipo de acción podría ser sumada a la lista de supuestos delitos por la cuestionada fiscal. El reclamo tuvo como eje la reincorporación de Araceli Pintos, una empleada de la empresa concesionaria Emova, que denunció un caso de acoso sexual en su puesto de trabajo.
“La empresa cumplió todas las instancias posibles para evitar dicha situación”, explicaron desde Emova a través de un comunicado. Sin embargo, los metrodelegados denunciaron ilegalidad en el despido y pidieron por su inmediata reincorporación. Además, lo calificaron como persecutorio. A su vez, los trabajadores aseguraron que esta forma de protesta no afecta el servicio ni la calidad del viaje para los pasajeros.