Reforma laboral, avance sobre las obras sociales y achicamiento del estado. Estos parecen ser los tres ejes que el presidente electo Javier Milei quiere para el sector laboral, junto con otras medidas que afectarán a los trabajadores, como privatizaciones masivas. Tanto por declaraciones realizadas en las primeras horas luego del balotaje como por lo adelantado en la plataforma de La Libertad Avanza, el gobierno libertario que comienza el 10 de diciembre avanzará por viejas conquistas del sindicalismo, e intentará cambiar el modelo imperante. Por eso entre la dirigencia las primeras reacciones fueron de alarma. Pese al tono conciliador que tuvieron los pocos dirigentes de la CGT que hablaron al respecto, se espera una convivencia compleja con la futura gestión, que como primera medida decidió eliminar el Ministerio de Trabajo, degradado a secretaria, cuyo titular no está definido.
“El tema laboral en Argentina involucra cambiar una legislación obsoleta para tiempos en los que los procesos productivos se alteran rápidamente frente al avance vertiginoso de la tecnología”, dice la plataforma electoral respecto de los planes laborales. “No se debería eliminar lo que funciona”, afirman entre la dirigencia sindical, que ya se reúne para analizar los pasos a seguir.
Apenas se confirmó el triunfo de Milei, en diversos medios circularon las principales propuestas del libertario, que fueron explicitadas por el presidente electo o sus colaboradores, o que fue plasmado en la plataforma electoral. Según el resumen que hizo Data Gremial, en una primera etapa se buscaría reformar cuatro leyes clave: la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, la Ley de Obras Sociales, la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Asociaciones Sindicales.
Destaca que la estandarización de los contratos laborales debe ser flexibilizada y prevé la eliminación del régimen de indemnizaciones, reemplazándolo por un seguro de desempleo. Estos temas fueron abordados en contactos informales con diversos sindicalistas, que fueron muy reservados, y que no arrojaron demasiadas definiciones, ya que la gran mayoría de los gremios jugó abiertamente por la candidatura de Sergio Massa.
Otra de las definiciones que alarma es la cuestión del derecho huelga. En sus 12 puntos para el mundo del trabajo, Milei argumenta que en el país existe “un comportamiento del movimiento sindical que, amparado por las leyes vigentes y por costumbres antirrepublicanas asumidas como normales, abusa de una participación pública con fines políticos extorsivos, procurando resolver en las calles lo que se debería dirimir en el Congreso a través de los representantes del electorado”.
Por eso, propone algunas limitaciones a las protestas, como “limitar el derecho de huelga en cualquier actividad, previendo etapas previas de conciliación entre las partes y la inhabilitación y multa para los dirigentes sindicales que violen las instancias legales con huelgas salvajes”. Además aclara que “en cualquier caso, los días de huelgas no serán pagos”. “Los empleados estatales y de servicios esenciales privatizados, no tendrán derecho a la huelga y la ley preverá la inhabilitación y multa para los dirigentes sindicales estatales que violen las instancias legales con huelgas salvajes”, agregó el texto libertario, que buscará además declarar esenciales muchos sectores, como educación y transporte, para que los impactos de los paros sean limitados.
Obras sociales
Cuando tuvo ese acercamiento con Luis Barrionuevo, a Milei se le preguntó que pasaría con los fondos de las obras sociales que el Estado adeuda a las entidades sindicales, y el ahora presidente electo fue claro: “no se los voy a dar”. Su propuesta para la seguridad social es pasar a un sistema de seguros al medicare de Estados Unidos. “La injerencia del sindicalismo en la gestión de la Salud de los afiliados gremiales es una anomalía sin precedentes en el mundo que debe ser terminada”, afirma la plataforma.
La idea es que los trabajadores puedan “contratar libremente un seguro de salud, individual o colectivo, ofrecido por el Estado o por prestadores privados”. Para eso, propusieron “eliminar las contribuciones compulsivas sobre el salario (13,5 por ciento total) destinadas al financiamiento de la salud de empleados y jubilados”. “Una vez que empleados privados y empleados públicos queden liberados de los impuestos sobre el salario, tendrán una libertad amplia para elegir su proveedor de salud, sea una prepaga privada o una prepaga estatal”, explicaron, pero con la decisión de “contratar obligatoriamente una póliza mínima de seguro de salud catastrófico, siendo optativo contratar seguros de cobertura más amplia de su preferencia”.
“No hay que romper las cosas que funcionan”, le dijo a Data Gremial un dirigente sindical que trabaja en el sector de obras sociales. Ante la consulta de cómo piensa que avanzarán estas iniciativas, fue cauto. Primero aclaró que “los fondos que dicen que da el Estado son de las obras sociales, que se retienen y manejan arbitrariamente. Pero son de los trabajadores”. Además, destacó que “más allá de los problemas, el sistema solidario que en que está basado la seguridad social funciona, se debería mejorar, pero no terminar”.
Como ejemplo, recordó que las entidades vienen pidiendo que se resuelva el problema con los monotributistas, que por ley deben ser atendidos por las obras sociales, pero que los recursos que aportan al Estado son mucho menores que los trabajadores activos. Se estima que OSECAC, de empleados de comercio, atiende 400 mil monotributistas. “Deberían tener su propia obra social o que el Estado cubra los recursos que faltan”, cerró el dirigente consultado.
Achicamiento del Estado
Otra de las medidas inmediatas que adelantaron desde el entorno de Milei que intentarán que se apruebe es el de achicamiento de la administración pública nacional. La idea es achicar los ministerios, dejando sólo ocho, además de privatizar varias dependencias estatales, como YPF, los medios públicos e incluso Aerolíneas Argentinas. Incluso Milei habla de “sobre empleo estatal”, y las proyecciones que circularon en estas horas incluyen la eliminación de 1.500.000 puestos de trabajo, solo en la administración nacional. Como ya había propuesto José Luis Espert, para esto se plantea un plan de transición para capacitar a esos trabajadores y que consigan empleo en el sector privado.
Ante esto, la conducción nacional de ATE llamó a un encuentro ampliado para analizar el escenario que se abre luego del triunfo libertario, teniendo en cuenta esta situación. En la previa de la reunión, que hasta el cierre de esta nota se seguía desarrollando, la dirigencia alertaba sobre el impacto de esa ley. “Va a traer despidos masivos, sin duda”, le vaticinó a Data Gremial un dirigente de ATE. En este sentido, recordó que “hay muchos trabajadores estatales en situación precaria de contratación, facturan o son contratados, esos van a ser los primeros en sufrir esta política”. En este sentido, se recordó que en la campaña de 2019 el entonces candidato Alberto Fernández se comprometió con el gremio a recuperar unos 35 mil puestos laborales perdidos por el macrismo. Más allá de algunos avances, como pasó en el INTI o en Fabricaciones Militares, el número no se completó. “Es una bandera que no vamos a bajar”, concluyó el mismo dirigente.