En una entrevista reciente, el secretario de Acción Social de la CGT José Luis Lingeri alertó sobre la situación terminal de las obras sociales sindicales. “Muchas entidades no puede directamente prestar sus servicios, y otras fueron dadas de baja”, recalcó el dirigente, una situación que se extiende a toda la seguridad social, en especial en momentos donde se destruye empleo formal, que es el que sostiene con sus aportes las entidades de salud. Además, la suba generalizada de los insumos y las prestaciones, y el desfinanciamiento general del sistema, generan un “combo explosivo” que amenaza con dejar sin atención a millones de personas.
La mirada de Lingeri es compartida por supuesto por la CGT y por el resto de los actores del sector, que sufre la desregulación libertaria, que profundizó la tendencia de crisis que se viene dando en los últimos años, potenciada por la pandemia. La clave de este proceso es el aumento del programa Médico Obligatorio (PMO), que hoy la mayoría de los aportantes no logra cubrir. Así lo destaca un reciente informe, que alerta que la¨s dimensiones del desfinanciamiento se agigantan “cuando se computan unos 2 millones de monotributistas”. El tema discapacidad y la decisión del gobierno de no aplicar la ley de emergencia empeora el panorama.
En un reciente análisis, el Instituto de Investigación IDESA resaltó la crisis que viven las obras sociales en el país, en especial aquellas de origen sindical. En el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial, se puso el foco en los problemas que existen para cubrir el PMO por afiliado. “El nivel promedio de los recursos per cápita del sistema de obras sociales y prepagas es de 67.525 pesos por mes, dato verificado con los de recaudación de ARCA”, resaltó el informe. En este contexto, el 67por ciento de los afiliados “cuenta con recursos per cápita inferiores a este promedio”, que se ubica en 85 mil pesos mensuales.
Estos datos muestran que “en el sistema de obras sociales y prepagas los recursos disponibles están lejos de cubrir los costos de las obligaciones estipuladas en el PMO”. “Las dimensiones del desfinanciamiento se agigantan cuando se computan unos 2 millones de monotributistas que también fueron integrados al sistema pero que en su mayoría aportan apenas 22 mil pesos por mes. Es decir, la mayoría de los afiliados aportan por debajo del costo del PMO”, alertó IDESA.
Cabe recordar que el PMO fue creado por una resolución ministerial en 1996 como un listado de prestaciones médicas básicas. Pero sucesivas leyes “lo fueron ampliando e incorporando prestaciones no médicas, como los servicios sociales a la discapacidad, a las adicciones y a la salud mental”. Asimismo, “como el listado no es taxativo sino abierto se entiende que toda nueva innovación en medicina (como los medicamentos biológicos) están implícitamente incluidos en el PMO”. “Un hecho notable es la ampliación del PMO vía amparos judiciales. Se estima que actualmente hay un amparo por cada mil afiliados y la tendencia es creciente”, resaltó el trabajo de IDESA. Además, para complicar las cosas, en el 2025 se puso fin a la “derivación de aportes”, incorporando a las empresas de medicina prepaga al sistema a competir en forma directa con las obras sociales.
“Se eliminó la intermediación de las obras sociales derivadoras y las personas ahora pasan a ser afiliadas directas de las prepagas”, resaltó IDESA, lo cual trajo como consecuencia que el sistema “quedó conformado con 290 obras sociales que aglutinan el 64 por ciento de la recaudación y 50 empresas de medicina prepaga con el 36 por ciento restante”. Se trata de un “cambio importante pero puntual que no resuelve los problemas financieros más serios que viene acumulando el sistema”.
Discapacidad
Un tema central de la crisis de la seguridad social está vinculada con la atención de afiliados con alguna discapacidad. En este tiempo, aumentó notablemente el porcentaje de prestaciones vinculadas con este rubro que deben hacer las obras sociales, lo que generó un desequilibrio en sus cuentas. Según fuentes del sector consultadas por Data Gremial, en la actualidad se utilizan “el 90 por ciento de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución, para esos gastos”. Este fondo se nutre del 15 por ciento de los aportes de trabajadores y empleadores.
Antes, ese valor no llegaba al 50 por ciento. La mayoría de los recursos se utilizan en transporte y educación, que las entidades consideran ajenas a la salud, por lo cual un pedido histórico de los gremios es que eso sea absorbido por el Estado. La declaración de la emergencia en discapacidad puede ayudar a solucionar este problema, pero el gobierno está decidido a no cumplir la ley, lo que generó en este tiempo múltiples protestas, además de denuncias del ajuste libertario en los programas del sector.
Para salir de esta encerrona, el oficialismo presentó un proyecto de modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El mismo es muy criticado por los especialistas y los referentes de las obras sociales, ya que entre otras cuestiones elimina el nomenclador, que fija el valor de las prestaciones. A su vez, el proyecto pone en riesgo el Sistema de Prestaciones Básicas de la Ley 24.901, abandonando el criterio de valores universales, y se trasladan responsabilidades sin garantizar el financiamiento. Para sumar angustia, el Plan Incluir Salud, el programa del gobierno que funciona como “obra social de los vulnerables”, tiene atrasos que hacen inviables mantener la atención. Según las fuentes consultadas, muchos prestadores están cobrando facturas de diciembre o enero de este año, lo que hace “imposible sostener la atención”.
Propuestas
Ante este estado de situación, IDESA plantea una serie de medidas para intentar buscar una salida a la crisis de la seguridad social. “La base para comenzar a recomponer el sistema es restablecer la consistencia entre las prestaciones que se obliga al sistema a proveer y el financiamiento que se dispone”, remarcó el informe. Para ello “es imprescindible, por un lado, ordenar el PMO”. Los servicios sociales para la discapacidad, adicciones, salud mental, geriatría “deben ser financiados y gestionados por el Estado a través de sus órganos competentes como la Secretaría Nacional de Discapacidad (ex-ANDIS), SEDRONAR y la Dirección Nacional de Salud Mental. Las innovaciones en medicina deben ser incorporadas, en la medida que sean costo-efectivas, por la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías (CONETEC)”. En otras palabras, “volver a la idea original del PMO como un conjunto de prestaciones médicas básicas y convencionales”.
En paralelo, es fundamental mejorar el financiamiento del 67 por ciento de los afiliados que están por debajo de la cápita promedio. Esto es posible utilizando el 100 por ciento del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) para elevar los aportes per cápita de las familias de menores ingresos, en lugar de destinarlo a subsidios que la propia CGT reconoce que se asignan con criterios arbitrarios. El sistema de obras sociales y prepagas “sufre las consecuencias de una doble demagogia”. La primera es la de incorporar, vía leyes y sentencias judiciales, prestaciones al PMO sin contemplar su financiamiento. La otra es “incorporar a la cobertura a gente con aportes muy limitados, como es el caso de los monotributistas”. “Para salir de esta profunda crisis es imprescindible que las promesas se alineen con el financiamiento disponible”, concluyó IDESA.