“Belliboni detectado, sindicalista detectado, gobernador detectado, diputado detectado. Casta a la vista, baby”. La frase pertenece a un montaje del dibujante Nik, donde puede verse al presidente Javier Milei personificado como el androide de la película Terminator, en clara alusión a los enemigos que autopercibe el mandatario que tiene.
Lo grave es que el supuesto chiste fue publicado por el propio Milei en su cuenta de Instagram, lo que fue tomado como una amenaza. No es la primera vez que desde la gestión libertaria apuntan a estos sectores con discursos violentos, el diputado nacional José Luis Espert suele pedir “cárcel o bala” para muchos de ellos.
Pero que la intimidación hacia salido del jefe de Estado es un paso más allá, y agrega más tensión a un contexto complejo, donde el gobierno está en medio de una brutal pelea con las provincias, y sus medidas económicas no para de generar malestar.
Entre la dirigencia sindical, vienen alertando que la “salida represiva” es una alternativa si esta situación sigue creciendo, y recuerdan que entre las medidas para intentar frenar las protestas están el DNU presidencia, que criminaliza las manifestaciones, y el protocolo “anti piquete” de patricia Bullrich, otra cara de este plan represivo. Además, los intentos de multar a las organizaciones que realizan actividades de lucha, a través de sanciones o cobrándoles los operativos de seguridad, completan el coctel explosivo. “El ajuste no pasa sin represión”, repiten en el movimiento obrero como un mantra.
La publicación del presidente Milei fue recibida por los gremios y otros apuntados como “la casta a eliminar” con alarma. El mandatario suele dar “me gusta” a publicaciones violentas de sus seguidores, pero esta vez tomó el montaje y lo subió a sus redes personales, aumentando la gravedad. Ante esto, se multiplicaron los repudios, y se alertó de la escalada de intimidaciones contra el movimiento obrero en particular y los espacios que se oponen al plan de ajuste en general.
El gremio estatal ATE, por ejemplo, envió una carta documento al presidente solicitando que “se retracte y cese el hostigamiento a dirigentes opositores en sus publicaciones en redes sociales”. Sobre la publicación dijo que “fue una clara alusión a la exterminación de sindicalistas, dirigentes y políticos y promueve discursos de odio, violencia y discriminación”. “Debe retractarse y que cese el hostigamiento contra todas y todos aquellos quienes no comparten su visión de libre mercado, un pueblo empobrecido y una dirigencia sindico-política sometida a su voluntad”, indicó el gremio en un comunicado de prensa.
Por su parte, el líder del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, presentará en las próximas horas una denuncia penal contra el mandatario por “intimidación pública, incitación a la violencia y amenazas”.
Más allá de este grave caso, en general los gremios creen que hay un plan para intentar intimidar a quienes resistan a las políticas implementadas desde la Casa Rosada.
Para Pablo Spataro, secretario general de la CTA Autónoma de Capital, este plan queda claro cuando “el propio presidente de la Nación sale en redes sociales haciendo una metáfora con la película Terminator, diciendo que va a terminar con la casta y entre ellos estamos los sindicalistas”.
“Lo que esconde este tipo de mensajes es el ataque hacia los trabajadores con su modelo de ajuste, que empezó con una brutal devaluación, siguió con una inflación del 25,5 por ciento, lo que hace que los salarios se licuen”, le dijo Spataro a Data Gremial. El dirigente marcó que las medidas anunciadas, “junto al paquete que intentó llevar al Congreso van en contra de los trabajadores”, y por la resistencia aparecen estos mensajes intimidatorios. “Por ahora no hay ninguna medida que haya tomado el presidente o sus ministros dirigidos a mejorar la vida de la familia trabajadores”, alertó el referente gremial.
Multas
El ataque a los sindicales no se queda en cuestiones verbales, desde que Milei asumió se intenta criminalizar la protesta a través del cobro de multas a las organizaciones que salen a la calle. Lo intentó el Ministerio de Seguridad con las famosas facturas enviadas a las entidades que se movilizaron el 20 de diciembre, para que paguen el operativo de las fuerzas de seguridad desplegado. Algo que las entidades se niegan. Además, se busca atacar a los sindicatos por sus acciones. Esta semana, se conoció que la secretaría de Trabajo estaría por sancionar a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) por haber convocado al paro general del pasado 24 de enero. Según se informó, la idea de la cartera laboral es aplicarle una sanción de 160 millones de pesos a la entidad, lo que fue tomado como una medida “intimidatoria, antisindical, ilegal y violatoria de derechos consagrados por la Constitución Nacional y Convenios Internacionales de la OIT”.
“El paro nacional fue contundente y la paralización de la actividad aerocomercial fue casi total, salvo las excepciones de los gremios patronales-carneros de Flybondi y Jetsmart”, se quejó la entidad que lidera Edgardo Llano. Según se explicó, “el gobierno nacional, en complicidad con algunas gerencias de Aerolíneas Argentinas y otras empresas, montó un show judicial a través de un juzgado de la localidad de San Isidro, por el cual la secretaría pretende ilegalizar la medida de fuerza y sancionar a nuestro sindicato”. Es que el día del paro general, se tuvieron que reprogramar vuelos, lo que derivó en la denuncia que es base de esta sanción.
“Estamos atentos a este tipo de sanciones, y de cualquier medida abusiva para el ejercicio de la actividad sindical”, le dijo a Data Gremial una fuente del sector aerocomercial, que confirmó que el intento de sanción “cayó muy mal”, por lo que fue repudiado por todo el acto sindical. En este sentido, la misma fuente recordó que el día del paro la empresa Flybondi intentó volar “sin las condiciones de seguridad necesarias”, ya que además de los gremios estaba de paro el personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), pese a lo cual la “low cost” quería operar igual. “Eso debe sancionarse, no el derecho legal a la protesta”, se quejaron las fuentes.
Actitud intimidante
Si las amenazas por redes sociales o las sanciones no logran amedrentar a los gremios, y deciden movilizarse, el plan del oficialismo se completa con el protocolo que intenta imponer la ministra Bullrich, a través del despliegue desmedido e innecesario de fuerzas de seguridad, como ocurrió en las inmediaciones del Congreso cuando se discutía la Ley Ómnibus. Pese a que las marchas fueron pacíficas, en varios días hubo una violenta represión, que generó detenciones arbitrarias y ataques a periodistas, según denunciaron organismos de Derechos Humanos. Además, el plan represivo contó con el uso de un tipo de gas pimienta que además de afectar los ojos, genera quemaduras en la piel, por su componente químico. Este producto, llamado “gas amarillo”, que fue denunciado por la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia como “elemento de tortura”.
En la denuncia, a la que tuvo acceso Data Gremial, los integrantes de la red explican que el uso por parte de las fuerzas de seguridad de “un compuesto químico, altamente tóxico e irritante, que por sus consecuencias y efectos califica como instrumento de tortura, que viene siendo usado de manera indiscriminada contra quienes ejercen pacíficamente su derecho a peticionar ante las autoridades o se solidarizan con esas personas”.
“Nos encontramos ante una grave situación de violencia institucional que amerita que lo aquí denunciado sea investigado, ya que arrojar sustancias químicas de alta potencialidad lesiva a las personas es altamente peligroso y dañino para la salud, y ello se potencia cuando quienes lo hacen son los integrantes de las fuerzas de seguridad estatales”, agregó la presentación judicial, que apunta a la responsabilidad de Bullrich, y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, hoy a cargo de Waldo Wolff”.